Torturas, detenciones arbitrarias, exclusión de las voces disidentes, crisis del combustible y ejecuciones extrajudiciales son solo algunas de las problemáticas plasmadas en el nuevo informe. María Valiñas, presidente de la misión tomó la palabra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar a conocer los hallazgos.

«Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos», dijo ante el organismo. Esta explicación es una de muchas entre todas las arbitrariedades del régimen.

El balance menciona casos conocidos de políticos y voceros que han sido encarcelados y abusados. Algunos han corrido con la suerte de salir de prisión aunque siguen presentándose en tribunales. Otros permanecen en centros de inteligencia militar que no serían más que lugares de tortura donde son víctimas de técnicas espeluznantes y degradantes.

Por ejemplo, el balance cita al excapitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. La ONU concluye «con motivos razonables para creer» que su muerte en 2019 fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar. En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia chavista anuló la sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso.

Persecución a voces disidentes

Tampoco hay respuesta de parte del régimen de Maduro, según la misión de la ONU. Aclaran que han intentado iniciar un diálogo en el último año que no ha rendido frutos.

Un primer informe había sido presentado en septiembre de 2020. Ahora se suman más observaciones, como las elecciones del pasado 6 de diciembre donde el chavismo se apoderó de la Asamblea Nacional. A juicio del organismo, se trató de comicios injustos y carentes de libertad.

Tal concentración de poder está también contribuyendo a la persecución de voces disidentes. Para retratarlo el organismo menciona un recurso aprobado para la nueva Asamblea para «investigar» supuestas acciones perpetradas contra el país en el período 2016-2021.

En este caso salta el nombre de Juan Requesens, dirigente opositor que a pesar de haber recibido arresto domiciliario en septiembre, sigue enfrentando un juicio penal, acusado de delitos como homicidio calificado frustrado contra Maduro. «Nos preocupa que el juicio del Sr. Requesens se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente».

Un total de 36 detenciones presuntamente arbitrarias se sumaron desde la publicación de ese primer informe. Nueve de ellos afectaron a periodistas y a la prensa independiente, lo que sugiere que no solo las figuras políticas están sometidas a los abusos de Maduro.

Ejecuciones extrajudiciales

Un caso muy sonado en Venezuela ocurrió en enero de este año, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entraron en el barrio La Vega, en Caracas, por un supuesto operativo que dejó 23 muertos según Provea, una ONG de defensa de los Derechos Humanos.

En ese momento Marino Alvarado, coordinador de Provea, aseguró a BBC Mundo que se trataba de la cifra más alta de víctimas desde que el Estado venezolano comenzó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una polémica política de mano dura contra la delincuencia.

El hecho resonó en medios venezolanos y de otros países por la magnitud de las consecuencias. De hecho, residentes de la zona lo tildaron como «ejecuciones». Esto no pasó por debajo de la mesa en el nuevo informe de la ONU que apunta a que al menos algunos de los asesinados en el operativo —donde participaron 650 agentes— fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

«Hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos. Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra».

Organizaciones independientes en la mira

No menos relevante fue la mención que María Valiñas, presidente de la misión de la ONU, hizo sobre el endurecimiento de los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONGs.

Trabajadores de esas organizaciones también han sido apresados por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

«Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias».

Las investigaciones del organismo seguirán en curso. Sin embargo, este nuevo informe se suma a la larga lista de atropellos del régimen venezolano.