Ya no quedan dudas acerca de que el gobierno argentino no tiene idea de cómo salir del aislamiento. Muy probablemente esto es consecuencia de que tampoco sabía a ciencia cierta por qué o cómo entraba en él. Incluso queda claro que a algunos dirigentes les cae simpático el control -supuestamente excepcional- de la conducta de los ciudadanos: un permiso para esto, una hora para aquello, coloque sus datos aquí, un código para pasar por acá. Menos y cada vez menos libertad.

Digamos que, en marzo, Fernández, Kicillof y Larreta (para nombrar a los exponentes de mayor peso) se encontraron en un escenario que mezcló el desconcierto y el pánico mundial, la estruendosa caída en descrédito de la OMS -o sea, ausencia de autoridad sanitaria mundial- y una clase política local cuya oposición mayoritaria no tenía nada que proponer.

En ese escenario, los representantes citados quizá creyeron que la incompetencia de buena parte de los miembros de sus equipos, y la mala fe ya folclórica de muchos de ellos, quedarían o bien soslayadas, o bien permitidas. De hecho, en abril un funcionario vinculado con el desarrollo de la app CuidAR, me confió “imagínate que si en Inglaterra y en Francia no saben qué hacer ¡qué nos queda a nosotros!”.

Así, sin Congreso ni Justicia, el Ejecutivo de cada distrito avanzó a paso firme sobre la libertad individual y un centenar de derechos, y pudieron hacerlo, en buena medida, gracias a que contaron con un aliado de oro: el grueso de la prensa vernácula, que convenció a la opinión pública vendiendo miedo y cifras sin rigor, a cambio de un promedio de rating que habían perdido y ya ni siquiera recordaban.

Sin embargo, en un libro de inminente publicación –Entre barbijos. Reflexiones acerca de la libertad en la pandemia– se recopilan algunos ensayos escritos durante los primeros 60 días de confinamiento en Argentina. Dante Avaro, Pablo Stropparo y quien suscribe, analizamos con la mayor profundidad y celeridad posible las decisiones políticas aplicadas en Asia, Europa, Estados Unidos y Argentina.

Lo que sigue son las reflexiones finales del último capítulo, La vigilancia masiva.

Al analizar la lógica con la que actúan las tecnologías implementadas para combatir al COVID-19, se observa que se ha invertido la relación entre la libertad individual y el funcionamiento del Estado. En vez de partir de la existencia de un sistema sanitario de calidad e invitar a las personas a vivir libremente sosteniendo ello como premisa inclaudicable y garantizándoles que, si se enferman, se los podrá atender, con las tecnologías móviles y la vigilancia masiva y focalizada se accede a la intimidad de cada persona y se actúa por anticipación.

Gracias a ello, el Estado puede limitar la libertad individual de la población al punto de ordenar un confinamiento domiciliario vía remota, con preciso control del cumplimiento de la medida. Así, se da por sentado que las instituciones sanitarias no pueden brindar adecuada atención frente a la pandemia, y se prefiere actuar sobre la conducta de las personas -que, desde luego, ya sea por su condición humana o, más aún, porque como ciudadanos cumplen con sus obligaciones contributivas merecen vivir en libertad y, en caso de enfermarse, ser atendidas en instituciones dignas.

La cibervigilancia legitimada por el Coronavirus desnuda la masiva recolección, producción y extracción de datos, tanto bajo un gobierno autoritario gamificado (China) como en una sociedad democrática y pluralista (EE.UU).

Cuando finalice la crisis sanitaria, quizá, las sociedades democráticas con sus principales actores y los demócratas redomados que la defienden tengan nuevas evidencias para debatir sobre la cuestión acerca de la propiedad de los datos personales y la capacidad de las diversas entidades de acceder a ellos y administrarlos. Pero también, puede haber, concomitantemente, otros derroteros: un efecto contagio en lo que respecta a la profundización de tecnologías de vigilancia sobre los comportamientos poblacionales en países que no estaban en el radar de la opinión pública, pero sí en el de los expertos.

A esta altura, y con un nuevo plazo de aislamiento dispuesto por el gobierno nacional, los impulsos reñidos con la libertad se acentúan en forma preocupante. Primero Fernández y luego Kicillof, ambos amagaron con imponer como obligación de los ciudadanos el uso de la aplicación móvil CuidAR, diseñada como declaración jurada de autodiagnóstico, con capacidad para geolocalizar nuestros movimientos y vincular una enorme cantidad de datos personales y patrimoniales, con un permiso de circulación.

La verdad es que en ningún país democrático se obligó a nadie a utilizar una herramienta de control digital, y Argentina hubiera sido un pésimo ejemplo si aquí lo lograban. Lo que sí es obligatorio es el uso del Certificado Único Habilitante para Circulación, que impone informar digitalmente datos que exceden lo que el sentido común podría imaginar: el dominio o patente del vehículo con el DNI, el número de teléfono, el domicilio y el CUIL -entre otros detalles- es un cóctel que desafía todo debate acerca de data privacy en el mundo.

En la obra próxima a publicarse, destacamos:

La pregunta política par excellence que abre este ciclo largo de pandemia no es si la democracia saldrá debilitada. A lo largo del texto trataremos de mostrar (…) que hay bastante evidencia para acordar, al menos preliminarmente, que la libertad individual saldrá diezmada en este largo proceso, por lo que inferimos que la democracia, como mínimo, cambiará de rostro.

Así, pues, por ahora, estimamos que la cuestión principal consiste en enfocarse en la libertad. Específicamente, ¿quién defiende qué libertad? ¿En qué condiciones? ¿Frente a quiénes? ¿En nombre de quién?

Ojalá estas y otras preguntas encuentren respuesta lo antes posible. Es tiempo de que las voces de la democracia y el pluralismo puedan escucharse, y defiendan con coraje los valores que nos hacen seres libres. Habrá que sacarle, pues, el tapabocas a la libertad.

(*) Fundación Apolo