Registros digitales

El mundo digital es lapidario, sobre todo para los políticos y los gobernantes. Resulta sumamente sencillo pensar la cuestión que se plantea hoy, en agosto de 2023 y hurgar en las frases que expresaron los mismos actores en otros momentos. Así podemos encontrar, además de lo que dijeron, la cronología detallada de fechas, hechos y dichos relacionados con su actuación. Eso sí, hay que saber buscar y como dice el dicho popular: "el que busca, encuentra" y ya que estamos con dichos y refranes, otro que viene al caso es aquel que reza "el hombre es dueño de lo que que calla y esclavo de lo que dice". Raúl Jalil habló y calló, cuando expresó: "Nosotros fuimos los únicos que denunciamos en su momento esta situación y pedimos la intervención de organismos nacionales como la AFIP. El Gobierno fue muy claro en el tema financieras y es por eso que no hablaré más del tema”. Donde no fue nada claro ni dijo nada al respecto, cuando se supo que la Fundación Jalil destinó una millonaria remesa al sistema piramidal.

El daño de las estafas piramidales es inconmensurable y la responsabilidad civil debe ubicarse bien lejos del Estado, sea Nacional, Provincial o Municipal, jurisdiccional o administrativo. Es una forma solapada de pretender hacer pagar al erario público por la mala praxis de sus funcionarios, sin que estos sean juzgados y removidos con los resortes que ofrece el sistema republicano. Es decir, desde una defensoría pública (Estado) se intenta buscar una respuesta genérica, antes que una específica.

Estafas y responsables

De tal modo que la presentación que hizo la Defensora Pública de Víctimas debe ser rechazada por varias razones, siendo la principal, según nuestra opinión, que el Estado, abarcativo de los tres estamentos, no debe responder, reiteramos, por la mala praxis de sus funcionarios, abarcando los tres poderes e incluyendo aquellos profesionales cuya matrícula es administrada por la colegiación obligatoria creada por leyes especiales. Hacer reclamos sobre actividades ilegales (abogados) o firmar o auditar Estados Contables de sociedades comerciales de objeto ilícito, genera responsabilidad civil profesional.

De algún modo la doctora Mariana Vera está ensayando una especie de “per saltum” al intentar buscar un responsable genérico, cuando el caso tiene responsables nominales en los tres poderes y más aún en la sociedad civil, como es el caso de los abogados y contadores, que indicamos en el párrafo precedente.

La responsabilidad de Raúl Jalil

En nuestra provincia concretamente, el máximo responsable político de haber fomentado una actividad ilegal, como fueron las estafas piramidales, es sin lugar a dudas, el gobernador Raúl Jalil. Hizo una denuncia tardía (septiembre de 2021), junto con su aliado riojano, Ricardo Quintela, cuando la actividad de los “banqueros y poceros”, entre los que estaba su hermano Andrés Emilio Jalil (foto principal) y la fundación familiar, ya eran hechos consumados (febrero de 2021) y el él como integrante y accionista del holding, lo sabía.

La actividad formal de inicio de la cripto estafa se debe ubicar se agosto de 2020, en plena pandemia y más grave aún, en plena cuarentena, cuando existían serias restricciones a las garantías constitucionales y a los derechos individuales.

El dolo en las estafas se prueba por la intención que tuvieron los sujetos activos (delincuentes) y el daño patrimonial causado. Desde el seno de su familia siempre se supo que estaban invirtiendo en una actividad ilegal. En el dolo, el legislador utiliza la frase “a sabiendas”, en tanto que quienes “invirtieron grandes sumas” al inicio, lo hicieron “a sabiendas” que al recuperar la inversión se provocaría un efecto cascada en sentido positivo. Se correría la voz del “gran negocio” que era invertir en activos de criptomonedas.

Otros responsables y Estado indemne

Por último, sería oportuno que la Defensora Pública de víctimas, doctora Mariana Vera, en vez de solicitarle al juez Federal Miguel Ángel Contreras que el Estado responda civilmente, lo denunciara por mal desempeño, lo mismo que a los integrantes del ministerio público, a los miembros del poder Ejecutivo provincial, legisladores y ex legisladores, abogados y contadores, todos civilmente responsables juntos a Raúl Jalil, por ser materialmente responsables de los daños y perjuicios provocados a cientos de miles de ahorristas estafados por su manifiesta mala praxis.

Lo correcto sería que se hicieran cargo de su manifiesta incapacidad para gobernar, administrar justicia, representar al estado y ejercer las profesiones liberales. Lo correcto es que quienes resulten ser los responsables, los delincuentes, sean despojados de la totalidad de su patrimonio, o quienes adquirieron bienes en periodos de sospecha lo mismo, que todos paguen los daños y perjuicios ocasionados con su patrimonio y dejen en paz las maltrechas finanzas públicas o el Estado, como sí el mismo fuese un barril sin fondos, cuando el Estado debe permanecer indemne, ya que es un conjunto de bienes abstractos que se forma con el dinero de los impuestos a la ciudadanía, por lo que sería una injusticia que ésta, además de padecer a los funcionarios y profesionales ineptos se tuviera que hacer cargo de sus daños civiles.