Hace unas semanas, el ex ministro de economía, Roberto Lavagna compartió un breve documento en el que establecía una suerte de pilares para el crecimiento post pandemia, basados en crear trabajo e inversión privados, y en particular para el empleo, más allá de la propuesta puntual, la idea que subyace, es la convivencia del esquema actual con un nuevo sistema.

Desde este lugar compartimos esta última idea, no solo para la recuperación post pandemia, sino que, desde hace unos años, y como ya lo hemos expresado públicamente, sea tal vez, la única forma de generar el cambio estructural que Argentina necesita, agotada la posibilidad de endeudarse para cubrir el agujero fiscal que generaría una reforma integral laboral, previsional e impositiva.

Argentina se encuentra ante la disyuntiva de, por un lado, continuar aplicando tímidos cambios que no convencen a nadie, que de manera gradual nos mantienen eternamente como una economía en vías de desarrollo, cuando no, de frontera, que junto con la debilidad institucional claramente no atraen la inversión, o por el otro lado, generar cambios estructurales, que, por la radicalidad necesaria, son prácticamente imposibles de instalar. Son demasiados los “derechos adquiridos”, así como, los grupos de interés y sus intereses afectados.

Es en este sentido, ante dos puntos muertos, que compartimos la idea de que convivan dos esquemas, dos realidades, que no debieran por que circunscribirse solo a materia laboral.

Según ultimas cifras de Organización Mundial del Trabajo en 2017, el 47,2% del empleo era informal, y seguramente, casi tres años después sea, con la caída económica que atravesamos desde ese año, un porcentaje bastante mayor. Recordemos que esos trabajadores en la informalidad no solo no aportan al sistema previsional o ayudan a soportar la carga de este pesado Estado, sino que tampoco gozan de ninguno de los beneficios que supone tener un trabajo registrado.

Lamentablemente, esto no se soluciona solo con planes de blanqueo de empleo o con libretas de aportes a un fondo de desempleo, como sugiere Lavagna. Se requiere establecer a priori cual es el esquema laboral, previsional y sindical que queremos, y necesitamos, a largo plazo, y bajo el cual todo nuevo trabajador que se incorpore al mercado de trabajo se encuentre comprendido, conviviendo con los trabajadores del régimen vigente, hasta que algún día, a medida que, vía jubilaciones, cambios de empleo, etc., este régimen se agote.

Imaginemos por un momento que replicamos, en materia de aportes a la seguridad social, seguro de desempleo, y seguro médico, el promedio, ponderado por PBI, de lo que establecen los países nórdicos, solo como ejemplo de un modelo de éxito indiscutido, desde la izquierda a la derecha del espectro político. La tasa total máxima, promedio ponderada, de aportes, entre lo que aportan empleados y empleadores es de 28%, contra un aporte máximo del 43% que se hace en Argentina. Ahora, imaginemos que a lo largo de los años alcanzamos, a través de las reformas planteadas, una tasa de informalidad laboral, igual también, a la media ponderada de estos países, de tan solo 8,2%. Bajo estas hipótesis, aun con 15 puntos menos de aportes de masa salarial, estaríamos hablando de un punto adicional sobre el PBI de recaudación para la seguridad social, pasando del 6,9% al 7,9%, solo considerando la masa laboral actual.

Pero, como decíamos, esta suerte de Argentina que correría en paralelo no debiera limitarse solo al mercado laboral. La economía informal ronda entre el 35% y el 40%. Es el propio peso del Estado sobre las empresas el que genera este nivel de informalidad. Ya casi como un mantra, repetimos la cifra de 106%, que año a año el Banco Mundial calcula, es la presión impositiva para las empresas argentinas. El promedio ponderado nórdico es de 38%.

Es así, que la misma idea, la de convivencia de regímenes, y seguramente entrañe una complejidad aun mayor, debe plantearse en el ámbito tributario. Sin embargo, tampoco es una idea nueva, muchas veces hemos visto exenciones impositivas para nuevas inversiones, pero en todos esos casos les ofrecemos a los inversores, el “infierno tributario” después de una breve estadía en el purgatorio. No es de extrañar que estos planes, por supuesto, no hayan cosechado grandes resultados.

El camino a seguir, entonces, debiera establecer un nuevo esquema impositivo nacional y federal, a largo plazo, para toda nueva empresa que se establezca, y por que no, para toda nueva inversión de una empresa existente, donde claramente, la complejidad y presión fiscal se encuentren alineadas con las de los países desarrollados.

Vale la pena recordar que más allá de la situación excepcional que vivimos, el nivel de inversiones en el país se encuentra en mínimos históricos, que la inversiones que no se hacen y las empresas que actúan en la informalidad no generan recursos tributarios, por lo que bajo un nuevo régimen fiscal no solo nos volveríamos competitivos para atraer inversiones, sino que también se generarían los incentivos necesarios para reducir la economía informal, y que por otro lado, por lo menos durante un tiempo incluso sería esperable ver aumentada la recaudación real.

Decimos durante un tiempo, porque en el caso de las empresas, debiera establecerse un periodo de años en el que, de manera gradual, vaya convergiendo el régimen impositivo vigente hacia el nuevo, la fortaleza  institucional que sepamos forjar resulta esencial para establecer este período, siendo más corto cuanto más endebles sean nuestras instituciones.

Nuevamente hagamos un ejercicio de imaginación, y supongamos que en el país las empresas alcanzan la presión impositiva nórdica, que estimamos en 38%, y por lo tanto el nivel de informalidad también cae al promedio de esa región, que es de 13,6%. Con el parque empresarial actual, tendríamos 12 puntos del PBI menos de recaudación. Pero, dado que el nuevo esquema resultaría atractivo para los inversores, sería esperable bajo ese escenario que la densidad de nuevas empresas cada 1000 habitantes (de 15 a 64 años), pase de nuestro pobrísimo 0,199 anuales, según datos del Banco Mundial en 2018, al promedio ponderado escandinavo de 7,72. O sea, si pasamos de crear 1 empresa cada 5000 personas, a más de 38, estaríamos hablando de más de 220.000 empresas creadas por año. En 2 años casi se duplicarían la cantidad de empresas en el país bajo esta hipótesis, y se hubiesen recuperado a la nueva presión impositiva 9 puntos del PBI.

Es claro que ambos esquemas, laboral, con los cambios que implicaría también en materia previsional y sindical, e impositivo, generarían de manera conjunta y potenciada mayor inversión y mayor empleo genuino de calidad, lo que no solo a lo largo del tiempo reduciría el nivel de empleo informal, sino también el nivel de desempleo, a la vez que propiciaría la migración del empleo estatal hacia el privado, haciendo más liviano el peso del Estado, compatible con el nuevo esquema fiscal de largo plazo.

Sin embargo, ninguno de estos esquemas será viable sin el blindaje legal e institucional suficiente y necesario que los proteja, del quizás, mayor problema que tiene nuestro país, que es el de la inseguridad jurídica. No habrá aumento de la inversión real y del empleo bajo nuevas reglas, en la medida en que esas reglas no estén protegidas de los cambios de humor y parecer de los gobernantes, y posiblemente este sea también, la mayor barrera a sortear.