El crimen contra el Orden Público

Sin lugar a dudas, la respuesta inmediata es afirmativa. La estafa piramidal cometida tanto por Edgar Adhemar Bacchiani como por Edgardo Bulacio se introduce en los anales de la sociología catamarqueña, no de un año en particular sino de casi podríamos decir sin temor a equivocarnos, de un lustro. Es que, desde hace unos cuatro años o más, incluso antes de la pandemia, uno de nuestros principales observadores nos venía advirtiendo sobre ciertas conductas en las que estaban incurriendo algunas personas de la comunidad con respecto a sus bienes, muebles e inmuebles y una actividad financiera extraña. Dicha conducta consistía en vender algún bien valioso, incluso de esos que habían costado años conseguirlos, y colocar el dinero a producir tasas exorbitantes.

El año 2021 fue el año clave, tanto porque allí estuvo el apogeo y el “principio del fin” donde se produjo el gran  desorden patrimonial de muchas familias angustiadas por el encierro e incertidumbre de la cuarentena eterna, períodos en los que se produjeron las mayores transferencias hacia los sistemas piramidales implementados en la base de operaciones de la ciudad capital y en las sucursales en otras provincias.

Antes de seguir, es oportuno refrescar el concepto de “Orden Público”, para luego adentrarnos en otro concepto, más concreto y tipifica en la Ley penal como es el caso de la apología del delito. Todas las sociedades civilmente organizadas responden al normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Rápidamente, el lector podrá apreciar que en el punto, aparece de inmediato en la mente de todos, la cuestión de la responsabilidad política de quienes en suerte o no, gobiernan la provincia.

El Orden Público se vincula con el ejercicio pleno de las libertades y derechos individuales y por supuesto con los derechos civiles que en forma mayoritaria sostiene la definición que indica que es el “conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una época determinada”. Las estafas piramidales alteraron el orden público en cuanto a la tranquilidad social.

¿Sólo la comisión de delitos de estafa o defraudación o la realización de actividades financieras sin autorización, alteraron el orden público? Creemos que no y por eso es que agregamos la acción criminal contra el orden público y la apología del crimen como un elemento coadyuvante que ayudo a materializar el sistema piramidal. Y también es necesario recalcar en la responsabilidad política, en la actuación de la justicia y en la sociedad en general y en especial en aquellos profesionales que ejercen habitualmente lo que se denomina “ejercicio libre de la profesión”, donde abogados y contadores han tenido una participación determinante para que se concretara la descomunal estafa piramidal, que dejó en la ruina a un importante segmento de la población, que día a día ve como más difusa, la posibilidad de recuperar algo de lo invertido.

¿Qué quiere decir la palabra apología?

(Del griego: ἀπολογία apología): Discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. Ahora bien, es necesario desentrañar quienes, por acción u omisión, se convirtieron en sujetos activos del delito de apología del crimen. A esta altura de la perezosa investigación judicial federal, no quedan dudas que ni Bacchiani ni Bulacio podrían haber concretado sus cuantiosas estafas sin la necesaria participación de otros actores que apoyaron todo el proceso de muy diversas maneras. En el punto de la apología del crimen, es necesario ubicar que el proyecto de los diputados del PRO en defensa de las actividades desplegadas por el entonces "trader god" Edgard Adhemar Bacchiani, Diego Figueroa (MC) y Natalia Saseta (pedido de desafuero firme), debería ubicarse en una causa criminal, ya que las conductas podrían encuadrar en la comisión de hechos dolosos, agravados por su condición de legisladores, en la figura de la apología del delito o crimen, como delito contra el Orden Público, que en el caso del abogado Figueroa y la estudiante de derecho Saseta podria redimirse con una "probation" en la Facultad de Derecho, por burros.

Volviendo a los autores materiales, los estafadores piramidales, no eran banqueros antes de iniciar estas actividades ilegales. Para comenzar, utilizaron recursos financieros que hicieron del sistema, “la banca inicial” o “capital inicial”, como si se tratara del casino o el Estado si fuera la quiniela u otros juegos de azar. En Catamarca se los denominó “poceros”, aunque antes de ellos hubo banqueros, gente con alto poder adquisitivo y propietarios de grandes conglomerados de empresas.

Esos banqueros no están comprendidos en el delito de apología del crimen sino en la misma defraudación, porque una cosa son los delitos de acción pública y otra bien distinta, los delitos de alabanza, quienes defienden esas conductas desviadas, como lo expresamos en el párrafo anterior. Primero fueron esos “banqueros”, que todos sabemos sus nombres y apellidos, incluso el Juez y el Fiscal los saben desde el primer día. Tanto los “banqueros” como los “poceros” a quienes nos referimos a continuación, deberían estar presos como participes necesarios, en tanto los defensores de la estafa piramidal, debería regresar a la facultad como condena penal, por burros.

Tambien mencionamos la importancia de los poceros en entramado delictivo. Justamente, la modalidad delictual se denomina “piramidal” porque arriba hay una cabeza que se concentra en una o dos personas, “los cerebros” de la organización. Luego, cinco o seis banqueros y a continuación en forma descendente, “los poceros”. Estos últimos eran una especie de nexo con los sectores medios de la población, muchos de los cuales tardaron más tiempo en darse cuenta cuál era la maniobra que terminaría despojándolos de sus bienes. Así es como “los poceros” a medida que se expandían en todas las direcciones posibles, reproduciéndose como conejos, encontraron un límite en la pequeñez de los ahorristas e inversores, hasta que se agotaron los posibles incautos, y ahí comenzaron los problemas. Todos los segmentos de la pirámide tienen un límite de crecimiento, que se agrava cuando “las cabezas” de la estafa distraen los fondos captados en otras actividades, en apariencia licitas, como la construcción de un holding de empresas, un “polirubro” de origen ilegal o lisa y llanamente en la adquisición de bienes suntuarios para provecho propio, siendo el caso más visible la larga lista de vehículos de alta gama que poseían “los cerebros” y sus cómplices.

Todo el proceso piramidal de estas características necesita apoyo de profesionales de las ciencias económicas, de la ciencias jurídicas (un abogado preso y otro en la cuerda floja) y del mundo de la política. Actividades manifiestamente ilegales con el agregado de un tema que pocos dominan, como es el mundo de las criptomonedas, las billeteras virtuales, la minería cripto, las cadenas de blockchain (una enorme base de datos que recoge y almacena la información de manera compartida y descentralizada) que pocos entienden, con lo cual resulta más sencillo engatuzar a los incautos.

En palabras sencillas, un “cuento del tío” moderno, donde había un grupo pensante, compuesto por los miembros superiores de la escala piramidal, a saber “los cerebros”, “los banqueros”, “los poceros”, que sabían lo que estaban haciendo y otro grupo, de ignorantes e ingenuos, ambiciosos desmedidos, que confiaban en el “sistema” que le vendían los de arriba, en aquello de ganar dinero fácil y en poco tiempo, algo imposible si conoce el mundo de las finanzas acabadamente. Ponzi, al lado de estos criminales, sería como un "bebé de pecho". Observese la oferta financiera: “… Plan 6 meses $500.000 a $3.000.000 (renta mensual 13%) $3.000.000 a $7.000.000 (renta mensual 14%) $7.000.000 a $99.999.999 (renta mensual 15 %)”.

Reacción tardía o ¿gato encerrado?

Estamos en la cola de un crimen social. Una alteración manifiesta del orden público, sobre el que se asientan todas las sociedades civilmente organizadas. Una prueba contundente de ello fue la reacción tardía del poder político. Recién entre los meses de agosto de 2021 y enero de 2022, el gobernador Raúl Jalil tomó verdadera consciencia del problema que se le avecinaba, de dimensiones desconocidas, para lo cual buscó "socios" politicos de peso, como es el caso de los gobernadores de provincias vecinas, para formular las denuncias correspondientes, ante el Banco Central de la República Argentina, la Comisión nacional de Valores (CNV) y ante la PROCELAC. Actuó así, porque parte de su familia, algunos por acción (gato encerrado con mirada soñadora) y otros, por omisión, habian participado en el inicio de las operaciones en condición de "banqueros", tal como ya quedó demostrado en los expedientes de la Justicia Federal. Estaba desnudo ante tanta evidencia y necesitaba un traje de legalidad, que con el correr del tiempo se fue transformando en una mortaja, que la Justicia y el Ministerio Público Federal tratan de disimular. Y lo hacen mal.

El traje de legalidad de Raúl Jalil data del 28/9/21 donde le BCRArecibió la denuncia que fue tramitada por expediente electrónico reservado EX-2021-00182660-GDEBCRA-SGCYC#BCRA mediante la cual Jalil solicitó iniciar actuaciones administrativas que se consideraran pertinentes a fines de informar sobre la actividad de una serie de empresas no financieras "recientemente instaladas". Sin embargo las actividades financieras no autorizadas comenzaron durante el mes de agosto de 2020 y la sucursal Catamarca de la AFIP otorgó la clave única de identificación tributaria a una sociedad comercial de objeto ilicito. 

Estabamos ante un delito de grandes proporciones, definido por la doctrina penal como "Delitos que atentan contra el sentimiento de los integrantes de la comunidad, donde se ven expuestas la tranquilidad pública y la incolumnidad de sus patrimonios, bienes muebles, fungibles y consumibles e inmuebles, como consecuencia inmediata de conductas ilícitas, como la instigación a cometer delitos y la apología del crimen, etc." Allí es donde se ubican los principales actores, El jefe de la banda, sus complices, los participes primarios, los encubridores, los profesionales, los politicos que cuando se sucitan los graves problemas, actuan de nexo con la justicia, siendo el resultado pesimo,  porque se trata de una Justicia colonizada por el propio poder político. Para ello basta observar la carta de soluciones procesales errónea, tardía y equivocadas, alguna veces "ex profeso", como medidas cautelares que no respetaron el peligro en la demora, por ejemplo.

Problemas de competencia con disputas interprovinciales. Multiciplicidad de procesos penales en la justicia federal y la ordinaria. Decreto de Quiebra, ejecuciones, etc. Entonces sucede que no hay respuestas jurisdiccionales. Están los responsables materiales presos y los responsables politicos traccionando para que el desorden publico quede en la nada. Para ello nada mejor que "embarrar la cancha" con una multiplicidad de remedios procesales, algunos tardíos y otros equívocos, para que no queden dudas de la trama del crimen contra el orden público, que se fue pergeñando lentamente hasta el despojo final de los ahorristas que nunca recuperaran ni un centavo, no a traves de la justicia, claro. Es el crimen perfecto, aunque cada tanto lleguen bocanadas de aire fresco, como fue el caso de Wika, en la causa Guillou, gracias al intervención del Fiscal doctor Alejandro Agustín Gober.