La condena de Chauvin provocó el pronunciamiento del mismo presidente Joe Biden, quien se comunicó con la familia de Floyd para decirles que celebraba el fallo porque confirma que “nadie está fuera de la ley”.

El caso de Floyd tuvo fuerte repercusión en Argentina, donde poco se habla -sin embargo- de las violaciones a los derechos civiles y humanos por parte de fuerzas de seguridad provinciales durante las etapas de control de la cuarentena.

Un buen ejemplo se dio el 3 de junio del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández habló sobre el caso Floyd en una entrevista radial. Dijo que las protestas eran “la reacción ante la desigualdad y el trato que recibe una comunidad, que es la comunidad negra de Estados Unidos, que padece cada tanto actitudes como la que vimos filmada”. Sin embargo, 15 días antes, el 20 de mayo, en una visita a Tucumán, se llamó a un preocupante silencio sobre el asesinato de Luis Espinoza, ya en medio de una investigación que apuntaba a la policía provincial que responde al gobernador kirchnerista Juan Manzur y, tal como el Presidente destacó que sucedía en EEUU, un sector de la sociedad tucumana hacía lo imposible por manifestarse pidiendo justicia en medio de las restricciones de la cuarentena.

Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo en el sur de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca.

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La semana próxima, el diputado nacional Rubén Manzi, de la Coalición Cívica, presentará un segundo informe (ya había presentado uno el año pasado) donde se denuncian hechos de abusos y violencia institucional en provincias del NOA. Este informe se suma a uno presentado meses atrás por el diputado Fernando Iglesias, donde se detallan casi 200 casos de violencia institucional sobre ciudadanos, todo bajo pretexto de controlar el tránsito comunitario durante la pandemia.

En el informe de Manzi encontraremos 5 muertes, 50 casos de tortura, 97 de lesiones graves, 69 de persecución, 52 de hostigamiento y 49 de represión, ocurridas en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y Jujuy.

Dos de las muertes denunciadas ocurrieron en Tucumán: una fue la de Walter Nadal, detenido por seis policías y asfixiado contra el suelo, en un hecho similar al de Geroge Floyd, y otra la de Luis Espinoza, el trabajador rural asesinado por la policía en la localidad de Simoca y cuyo cadáver fue abandonado en Catamarca. En Jujuy se denuncia el caso de Ariel Valerian, un mecánico que fue detenido ilegalmente cuando se dirigía por la ruta 66 a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Sufrió torturas mientras estuvo detenido e incomunicado y, producto de los golpes recibidos, murió 29 días después de estar agonizando. En Santiago del Estero, encontramos el caso de Mauro Ezequiel Coronel, que fue detenido en la Comisaría 10ª de la capital provincial, donde supuestamente fue torturado, para luego llevarlo al liceo policial, antes de trasladarlo al Hospital Regional de la ciudad, donde murió dos días después. Y también el caso de Franco Nicolás Isorni, quien fue hallado muerto el 26 de agosto del 2020 tras una persecución policial disfrazada de accidente de tránsito, con algunos detalles escabrosos sobre violencia y complicidad institucional para cubrir el delito.

Una situación inverosímil fue la vivida por Erika Peñaloza Luque, una niña de 10 años detenida en la localidad de Brea Pozo, provincia de Santiago del Estero, el 7 de enero pasado. La mamá, Evangelina Luque, relata en el informe del diputado Manzi que fue “detenida por orden del jefe de la seccional, Adrián Argañaraz, por no usar tapaboca. Yo la miré a mi nena cuando llegué a la comisaría y la vi destrozada, llorando desesperada... se hizo pis encima”. La madre lo relata sin poder creer que haya visto a su nena de 10 años detenida en la comisaría del pueblo.

Vale detenerse en el caso de Franco Isorni, en Santiago del Estero, porque reúne todos los condimentos denunciados en el informe: abuso policial, violencia institucional con encubrimiento de la fuerza y la justicia. La muerte de Isorni fue notificada como un accidente de tránsito producido cuando viajaba en su moto. “Enterré a mi hijo creyendo que había muerto en un accidente, pero me enteré de que lo había matado la Policía”, relata su madre, Patricia Carolina Isorni en el informe de Manzi. Las sospechas de la mamá de Franco se vinculan con hechos sucedidos tres meses antes, cuando fue detenido y golpeado por la policía. El joven denunció el hecho y la policía comenzó a perseguirlo, hasta que, según la denuncia, hicieron pasar un asesinato por un accidente de tránsito.

La causa Isorni tiene ribetes increíbles, como que en la investigación se borraron 10 minutos de grabación de una cámara de seguridad que filmó su detención, una moto que aparece entera después del accidente, pero destrozada en el peritaje, ropa cambiada en la víctima; hasta una autopsia, solicitada por la familia ordenada por la fiscal Erika Leguizamón, que se hizo al costado del cajón, incumpliendo los principios básicos de la literatura nacional e internacional en la materia. Sin embargo, Emma Virginia Créimer, forense especialista jerarquizada en Medicina Legal y en Clínica Quirúrgica, que actuó como perito de parte de la querella, presentó en la causa “las conclusiones obtenidas sobre las fotografías criminalísticas aportadas por la parte que develan que fue un crimen, no un accidente de tránsito”.

Estos informes, tanto el del diputado Manzi como el de Iglesias, que permiten recopilar caso por caso los hechos de violencia institucional más aberrantes que se cometieron durante estos meses de pandemia, ponen en evidencia que el control social de las medidas restrictivas dieron carta libre a algunas fuerzas de seguridad provinciales que actuaron bajo su conocida falta de preparación profesional en un escenario donde los derechos civiles fueron vulnerados reiteradas veces, con la complicidad que otorga el silencio de los gobiernos responsables.

Hay que agregar las denuncias e informes de la Comisión Interamericana de DDHH, de Human Rights Watch, de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y de Amnistía Internacional, sobre las violaciones a los derechos humanos y civiles en la provincia de Formosa. Amnistía, además, recopiló más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en el país en este período.

Todo esto sucedió durante estos últimos 15 meses. Sin embargo, el gobierno nacional nunca realizó un relevamiento o un pronunciamiento condenatorio sobre esta situación, como tampoco jamás se vio apremiado por los Organismos de Derechos Humanos más caracterizados que acompañaron con silencio cómplice estos hechos de violencia institucional. Algo que no se vio durante los meses que Santiago Maldonado se encontraba desaparecido, donde no cejaron en sus denuncias que apuntaban al gobierno de Mauricio Macri, ni aun cuando el cuerpo del joven apareció y la investigación judicial apuntó hacia otro móvil, no el de la desaparición forzada.

Parece ser que, para el kirchnerismo y los organismos enrolados en sus filas, solo los derechos humanos que fueron violados durante la dictadura y en gobiernos no peronistas merecen ser denunciados, priorizando la búsqueda de un efecto político por sobre la demanda integral de la verdad acompañada con justicia.

Esa apropiación corporativa sobre el control moral de los derechos humanos, sesgada por un sector de la política, de algún modo es responsable de que en nuestro país las máximas autoridades puedan elegir no pronunciarse sobre los hechos de violencia institucional que en un corto plazo dejaron cientos de víctimas, algunas fatales, como Franco Isorni, Luis Espinoza, Walter Nadal, Ezequiel Coronel o Ariel Valerian.

El silencio institucional resulta peligroso, porque como ya lo demostró a lo largo de nuestra historia, puede ser el mejor aliado de la impunidad.

Daniel Santa Cruz