El Senado aprobó el DNU que declara servicios públicos a las telecomunicaciones, con 41 votos a favor y 26 en contra; rechazado por Juntos por el Cambio, pasará a Diputados para su sanción final. A su vez, el decreto dispuso el congelamiento de los precios hasta el próximo 31 de diciembre.

Una vez más los DNU, más que de Necesidad y Urgencia, se vuelven una matiz del arte de gobernar bajo la sombra en tiempos de pandemia. Con éste tipo de regulaciones y con los sucesos del martes fatídico en la Cámara de Diputados donde el oficialismo insiste en sesionar con un acuerdo perimido, queda demostrada la intencionalidad política no sólo de eludir a la oposición sino de esquivar el funcionamiento de la República. 

Días pasados, en una suerte de justificación penosa el presidente Alberto Fernández dijo: “En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos”. La embajada Finlandia, salió a desmentir luego de las declaraciones de Fernández acerca que intervienen en la regulación de las tarifas, aclarando que no intervienen y que se trata de empresas privadas. O está mal asesorado o es un provocador mal intencionado. 

Diversas organizaciones internacionales, que representan a empresas del sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), se unieron en un comunicado dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para advertir sobre el riesgo de una “desinversión masiva” si se implementa el DNU 690/2020. No les preocupa porque están dispuestos a cambiar de aliados.

Seguramente invitaran a China Popular como nuestro próximo aliado tecnológico, lo cual es un disparate si tiene en cuenta la sistemática violación de los derechos humanos que practica el régimen comunista desde hace décadas. Argentina debería mantener el actual estado de situación de respeto a las normas del comercio internacional que en el anterior gobierno no estaba acercando a la OCDE y que ahora nos aleja hacia alianzas que nos llenan de interrogantes e incertidumbre por nuestro futuro. 

Según aquellas empresas, la decisión del Presidente “creará limitaciones que impedirán la competencia y la innovación necesarias para un sector de las TIC dinámico y en crecimiento” y  que “el Gobierno está impulsando una ley que estaría fuera de sintonía con los estándares internacionales, sujeta a desafíos bajo las reglas del comercio global y que pondría en peligro nuevas inversiones en el sector de las TIC en el momento en que más se necesitan”.

La regulaciones en el mundo, en algunos casos, se ha declarado como tal el servicio público, pero no toda la actividad en sí, sino algunos tramos. En la Unión Europea se le llaman Servicios Esenciales Públicos, que se caracterizan por ser servicios donde la competencia se hace más difícil.

La estatización de la telefonía celular y fija, televisión, cable e Internet justo en un momento tan particular de la economía nacional que esta pendiente de inversiones en varios sectores, éste tipo de regulaciones muchos sin entrar tanto en detalle ni ahondar sobre las consecuencias de esto, pensaron que es más positivo que nocivo, pero la realidad es otra. 

Dicha medida arbitraria no disminuye la brecha digital, sino que nos condena a ser uno de los países más atrasados de América latina, perdiendo el control de los precios los productos y servicios y la competencia del mercado. Servicios esenciales deberían ser otros, como el agua potable, la energía eléctrica y el gas domiciliarios.

El esquema de las telecomunicaciones siempre tienen que ser reguladas por el espacio radioeléctrico y esto generó el desarrollo de competencias. En ese sentido, la técnica del servicio público conlleva una mayor regulación del Estado. Mayor regulación más se puede desalentar la competencia en un sector que por naturaleza tiene que generar competencia para que pueda ser más eficiente.

Estamos en la Era de las Comunicaciones, nuestro derecho a estar informados y en constante comunicación, atentos a las maniobras del Gobierno, se encuentra en la cuerda floja. Si hay un mensaje claro que dejó la pandemia es que la conectividad es fundamental y por ende todos los habitantes deberían tener acceso.

El ENACOM es el organismo encargado de administrar el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se integra con el aporte del 1% de los ingresos totales de los licenciatarios. Lo llamativo es que el reglamento del Fondo fue actualizado el 24 de junio de 2020 y apenas dos meses después, se argumenta la necesidad y urgencia de una nueva disposición legal. Si se quiere hacer llegar la telecomunicación a los que menos tienen, la solución no es únicamente el servicio público sino el acceso que se daba por dicho Fondo.

El Estado recupera las herramientas regulatorias lo que significa que cualquier aumento por parte de las empresas tiene que ser autorizado por el ENACOM.

¿Regular, es sinónimo a ser controlados fruto del acceso a nuestros datos?

¿Qué sigue?

La Cámara Baja tiene la respuesta, que del mismo modo que la Reforma Judicial, que por estas horas está definiendo la forma de sesionar teniendo en cuenta el fallo judicial que cuestionó la última sesión por carecer de los requisitos reglamentarios, al pretender hacer valer una sesión con un protocolo vencido. La respuesta debe ser siempre a favor de la República.