Con la media sanción del proyecto de ley propuesto por la diputada provincial del bloque del Frente de Todos, Natalia Ponferrada, ahora denominado Unión por la Patria se está plasmando un nuevo desacierto en políticas Públicas en materia de turismo.

Antes de analizar la conveniencia de regular una actividad privada que es fuente de trabajo genuina de cientos de hogares, es necesario puntualizar que ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores (una formalidad) ni el Poder ejecutivo provincial tienen facultades para sancionar y promulgar una ley que regula alquileres, en este caso temporarios. En realidad, que sean temporarios o no, no hace a la cuestión. La facultad de legislar sobre la materia le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación.

De tal modo que el Senado provincial no debería otorgarle fuerza de ley y en caso de hacerlo, el poder Ejecutivo debería proceder al veto de una norma manifiestamente inconstitucional. Ello es así porque la regulación del turismo o de las actividades que lo organizan es posible solo si la norma reglamentaria no afecta a una regulación que es de orden nacional.

Obviamente que habría que preguntarse cuanto tiene de injerencia el lobby hotelero con éste proyecto, porque la actividad del alquiler temporario podría estar afectando la competitividad, según argumentan quienes están a favor del proyecto. Sin embargo, cuando alojan planteles completos de trabajadores de la industria de la minería no dicen nada. Y ante éste panorama, el alquiler temporario con fines turísticos se transforma en una necesidad para todos aquellos visitante que se detienen en las bellezas catamarqueñas, dispuestos a visitarlas.

Nos preguntamos sobre el significado de a qué se refieren cuando expresan vagamente que “la creciente demanda del sector turístico y al impacto de los alquileres temporarios en los servicios de prestaciones turísticas buscando garantizar un ambiente competitivo y equitativo para todos los actores involucrados en el sector a través del alojamiento..” muchas palabras y pocos argumentos.

La realidad es que la demanda de alojamiento turístico en Catamarca esta distorsionada por otra actividad muy en boga por estos tiempos. ¿Puede decirse que alta ocupación de los principales hoteles y hosterías del oeste provincial se debe a la creciente demanda del sector turístico? La respuesta es negativa. Los hoteles y hosterías están llenos… de ciudadanos chinos, trabajadores de la industria extractiva del litio, que lejos de generar ingresos genuinos para el pueblo, trabajan activamente para que sus empresas se lleven el litio a cambio de muy poco.

Las realidades del Valle Central son muy distintas a las del Oeste provincial que necesita del turismo real, para poder vivir y desarrollarse. Pareciera más un tema de la ciudad Capital que del interior. El ejemplo más concreto se produce en la localidad de Fiambalá donde los turistas que quieren conocer los Balcones del Pissis o las Dunas de Tatón o concurrir a los famosos baños termales, no encuentran alojamiento en casi ninguna de las hosterías existentes. La ocupación hotelera está tomada para todo el mes de septiembre y octubre y es la actividad minería quien ocupa el lugar del turismo genuino, el que genera ingresos reales a la población.

De ese modo, regular una iniciativa privada de alquileres temporarios con la explicación de la competitividad parece un argumento infantil. Parece que la norma está orientada a terminar con una actividad que en Catamarca resulta extraña, que es la iniciativa propia. Todo es estatal y lo que se sale del libreto debe ser regulado, aunque el objetivo evidente es clausurar la competencia y exacerbar el monopolio de la oferta hotelera, que claramente no encuentra su rumbo ante las nuevas tendencias mundiales en materia de alojamiento turístico.

La diputada oficialista Adriana Díaz sostiene un argumento vetusto al afirmar “"El papel del Estado en la promoción y fomento del turismo es crucial para proporcionar recursos y apoyo necesarios a comerciantes, emprendedores y empresarios”. Quizás no se haya enterado de la crisis terminal que afecta la economía argentina, justamente producto de las excesivas regulaciones y la inoperancia que tienen los gobiernos para crear ambientes propicios para que lleguen las inversiones genuinas. Regulando todo, lo único que logran es hacer ir los capitales a otros lares, del mismo modo que fomentando los monopolios ya establecidos.