Poderoso, rubio y de ojos celestes, factótum de la “mayoría automática” en la Corte Suprema y beneficiario explícito de los infames “jueces de la servilleta”, Menem hizo y deshizo a su antojo durante sus años en la Casa Rosada, sin que el Poder Judicial lo incomodara, salvo contadas y honrosísimas excepciones. Pero cuando se diluyó su poder, trasegó otro capítulo judicial, mucho más aciago. La líder del Frente de Todos lo sabe bien: ayudó para que así fuera.

Ya en junio de 2013, un tribunal oral del fuero en lo Penal Económico condenó a Menem a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Pero la sentencia jamás se ejecutó, ni el riojano pisó una celda. Las apelaciones y el lobby de ciertos políticos en los tribunales lograron cajonear el expediente. Hasta que la Cámara de Casación Penal lo absolvió en 2018 tras concluir que se había violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Menem murió impune y, además, con fueros. Porque antes y después del veredicto condenatorio, el expresidente se postuló y ganó una banca en el Senado en 2005, 2011 y 2017. Allí transitó sus últimos años, con más sombras que luces y algunas humillaciones, incluso públicas, y que Cristina Fernández de Kirchner recuerda bien.

Una de esas humillaciones –acaso la más patética- ocurrió en noviembre de 2005 durante la sesión preparatoria del Senado. Menem se paró frente al proscenio de la presidencia del recinto para prestar el juramento de rigor y el entonces presidente Néstor Kirchner miró a su esposa, que también iba a jurar como senadora por Buenos Aires, se llevó una mano a los testículos y se estiró para tocar madera.

Menem tenía 75 años; Cristina Fernández, 52. Ahora, 17 años después, otro tribunal oral la convirtió en la segunda persona en ocupar la Presidencia desde el retorno de la democracia que afronta una condena penal. En su caso, por actos de corrupción. Y ahora, ella –como antes lo hizo el riojano-, puede invocar que es víctima de una persecución, de lawfare, y sostener que quieren proscribirla. Pero la realidad es otra.

Ambos se beneficiaron durante años de los inestimables servicios de inteligencia, que se abocaron durante años a comprar y amedrentar jueces y fiscales, y embarrar investigaciones penales. Basta con recordar qué pasó con el caso AMIA, en el caso de Menem, con el pago de la entonces SIDE a Carlos Telleldín. Y allí está el relato del otrora juez federal, Norberto Oyarbide, sobre los santacruceños: “Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner”, declaró en 2018.

Hay, si cabe, una diferencia sustancial entre ella y él. Y no, no es una cuestión de género, como Cristina Kirchner suele afirmar, incluso hace unos días en su entrevista con el diario Folha de Sao Paulo. Los distingue que Menem nunca más volvió al poder; ella sí. Ocupó dos veces la Presidencia y retomó las riendas en 2019, cuando designó por Twitter a Alberto Fernández y se reservó para ella misma la vicepresidencia.

Otro dato, no menor, la distingue de Menem, y también de Lula. Ambos sí padecieron la dictadura y ambos fueron detenidos como expresidentes. Menem, en aquel recordado arresto domiciliario en la quinta de Armando Gostanián; Lula, como acusado en la investigación “Lava Jato”, esa que terminó enchastrada por la actuación del juez Sergio Moro y algunos fiscales.

Ahora, como Menem durante sus últimos años, Cristina Kirchner podrá apelar la condena, recorrer el espinel tribunalicio hasta la Corte Suprema y más allá, hasta el sistema interamericano de derechos humanos. Con un último dato que los hermana: ella cumplirá 70 años en febrero. Aún de quedar firme la condena, tampoco pisaría una celda: podría solicitar su prisión domiciliaria.

Pero para que la condena quede firme falta mucho. Tanto como quieran los jueces y los políticos que fatigan los pasillos de tribunales con mensajes que traen y llevan. Mientras tanto, ella podrá postularse a los cargos que quiera. Incluso, la Presidencia en 2023. Pero deberá mirarse en un espejo por demás incómodo.

[{adj:61557 alignleft}]Hugo Alconada Mon