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Opinión

Ante una oposición miope, el I.P.V. y las empresas ya funcionan cartelizadas

Como ya hemos adelantado en otras notas anteriores, en el I.P.V. Catamarca hay indicios muy fuertes de cartelización entre el organismo y las empresas constructoras que allí trabajan.

Y esto sucede a plena luz del día, mientras la oposición corta de vista, sólo ve y denuncia parcialmente la corrupción, que a esta altura ya se ha generalizado, no sólo en el Instituto provincial de la Vivienda sino en todo el sistema de obra pública de la provincia.

Existen en ésta forma de contratar, irregularidades y prácticas corruptas que son susceptibles de ser utilizadas en el marco de contrataciones de obra pública como mecanismos para direccionar, cartelizar la oferta y beneficiar intereses privados conectados con el poder político, todo un combo perfecto en perjuicio del Estado.

Veamos a que nos estamos refiriendo

Desde el año 2020 se han contratado 67 obras de infraestructura de las cuales 16 se le han otorgado a Solar Group S.R.L, 15 a Construcciones Civiles de Julio Rubén Darío Ríos, 11 a Minera Petrea S.R.L., es decir que estas tres empresas concentran el 63% de las obras contratadas de infraestructura.

Lo que también llama la atención es que todas la obras contratadas por el I.P.V. durante la administración de Raúl Jalil son concursos de precios, no habiendo ninguna licitación publica.

Entre obras de arquitectura (199 contratos) que contemplan la construcción de 2.213 viviendas y las obras de infraestructura (67 contratos) todos licitados bajo la modalidad de concursos de precios, en donde hay empresas que resultan ganadoras de concursos consecutivos, clara evidencia de desdoblamiento para evitar la licitación publica.

También es llamativa la cantidad de contratos de obras de viviendas que da un promedio de 11 viviendas por obra. Aquí se observa una excesiva segmentación de los contratos al solo efecto de eludir métodos mas transparentes de contratación y también adjudicar obras a "la carta" de manera de sortear otro organismo de contralor que es el Registro de Constructores de Obras Publicas. Esa metodología conlleva a la existencia de contratos de una vivienda que es  muy difícil controlar. Además surge el interrogante de si a la falta de control, es casi imposible saber si están realizadas o se cobraron solamente.

De estas tres empresas que han sido favorecidas con la mayoría de las obras de infraestructura, concentran también casi el 25% de las obras de viviendas.

Otro dato sospechoso es que hay muchos contratos en donde se contratan 1, 2 o 3 viviendas y en muchos casos a una misma empresa. Esto es un indicio de la creación de nuevas empresas con vinculaciones con el poder en la mayoría de los casos.

Esta información a la que ha accedido El Pucara a través del Boletín Oficial habría que complementarla con una investigación de los precios, que por todo lo relevado hay fuertes indicios de que habría sobreprecios. Al haber tanta discrecionalidad en las contrataciones, esto conlleva un claro objetivo de cartelizar la obra publica para poder recaudar y esto evidentemente conduce a contratar con mayores precios a los habituales.

Otra manera de lograr ventajas es siendo laxo en los controles, y no con sobreprecios, es decir que debería auditarse las obras para ver si hay cumplimiento de lo indicado en la contratación.

De ello hay también muchos indicios por los innumerables reclamos que hay sobre las viviendas entregadas, por las fallas apenas entregadas que denotan una baja calidad de los materiales y mano de obra. Y quejas de la falta de servicios públicos correspondientes en las viviendas recién entregadas a los adjudicatarios.

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