Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder». Algo de esto sucedió en Catamarca con el advenimiento del nuevo gobierno del Frente de Todos a cargo del Licenciado Raúl Alejandro Jalil y antes con un abrumador triunfo que dejó la fuerza de poderes en un desequilibrio peligroso. Estamos a la espera que el poder detenga al poder.

Es cierto que el sistema de representación está en crisis del mismo modo que los sistemas de elección de autoridades, tanto para los poderes ejecutivo y legislativo. Pretenden reformar la constitución pero se niegan a modernizar el sistema electoral ¿En que quedamos? Reiteramos, nos resulta contradictorio que muchos políticos insistan sobre la necesidad imperiosa de modernizar y actualizar la constitución provincial y no admitan antes un procedimiento a todas luces más transparente que la boleta de papel, como es la boleta única electrónica, que dicho sea de paso, es un método que ya ha sido implementado con éxito en varias provincias argentinas. ¿A que le temen?

Así, en forma sorpresiva e inconsulta, dejando de lado el necesario debate de ideas en democracia, fue lo que sucedió cuando el Poder Ejecutivo Provincial decidió en forma unilateral y arbitraria, seguir colonizando el Poder Judicial aparentando cambios sustanciales en la organización jurídica del sistema republicano y democrático de la Provincia de Catamarca, derogando la ley 5012 del año 2000 que creó el Consejo de la Magistratura en nuestra  provincia. Todo sigue igual porque la verdadera crisis es de valores.

En efecto, entre los poderes delegados y no delegados, las constituciones del sistema republicano y sus leyes complementarias, las provincias plasmaron el sistema representativo y federal, al sancionar las normas rectoras en cada una de las 24 provincias argentinas. Derogar el Consejo de la Magistratura fue un paso en falso, un maquillaje que en nada mejoró la calidad institucional. Por el contrario, no solo gran parte de la opinión pública rechazó la decisión del proyecto del Poder Ejecutivo, también hubo rechazo institucional, tal el caso del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), demostrando de ese modo la improcedencia de la derogación. Y en otro mamarracho sin precedentes el mismo Senado que aprobó la derogación poco tiempo después pidió que la Comisión Evaluadora fuera disuelta.

Yendo a un caso concreto, es publico y notorio que existía en Catamarca una Caja de jubilaciones creada por ley especial como fue la Caja Forense que recaudó aportes de los letrados matriculados en el Colegio de Abogados. La Legislatura provincial derogó la Caja Forense y los fondos de capitalización del sistema deberían haber sido devueltos conforme a las reglas que regulan el mandato, la rendición de cuentas, la disolución y liquidación. Existe un fallo, que aunque no esté firme, debería constituir un impedimento manifiesto para que el abogado Gabriel Jaime tenga el acuerdo del Senado con la aprobación previa de la Comisión Evaluadora. La inhabilidad administrativa con el dinero ajeno lo desacredita como abogado y ni que hablar como magistrado.

Se vislumbra en Catamarca que el problema no era el Consejo de la Magistratura, que casi con seguridad hubiera aprobado el pliego de Gabriel Jaime tal como procedió la Comisión Evaluadora, porque por más que cambien las denominación, la crisis moral sigue intacta. El problema es que todo el sistema republicado está contaminado o mejor dicho, politizado o más grave aun, colonizado, como lo expresamos más arriba. ¿Por quienes? En primer lugar por el Poder Ejecutivo y en segundo término por el Poder Legislativo y lo más grave de todo es que por primera vez en la historia, han involucrado a la Facultad de Derecho perteneciente a la Universidad Nacional de Catamarca, haciéndole perder prestigio, algo que cuesta mucho conseguir,  para colonizar al Poder Judicial. De éste modo, el decano ahora también legitima los abusos y la tozudez del Poder Ejecutivo, transformado el Poder Judicial en un poder sojuzgado por la política y lo más insólito, por la Universidad. ¿Qué difícil debe ser ejercer  la docencia en la Facultad de Derecho, cuándo el máximo representante del claustro se involucra en cuestiones opinables y subjetivas? Qué manera tan burda de desprestigiarse él y la institución que representa.

De un momento a otro, el Senado dará el acuerdo a un abogado que no solo no rindió cuenta de sus actos de administración de dinero ajeno, de conformidad a las reglas universales del mandato, de los fondos que administró en la Caja Forense, sino que en esa negativa menospreció en forma grosera y ningún tipo de decoro profesional, la actuación de la Señora Juez de primer grado, haciendo calificaciones inapropiadas sobre los fundamentos jurídicos del fallo. ¿Puede ser magistrado quien no respeta per se la condición de un juez de otra persona? Ese despreció indecoroso también lo inhabilita, en nuestra opinión.

Y no sólo eso, al otorgar el acuerdo, el Senado le estará concediendo una prerrogativa que en pleno siglo XXI resulta inadmisible, al concederle fueros, que en el caso de Gabriel Jaime impedirá perseguirlo judicialmente aunque se trate de un hecho, que por sus características puede adquirir connotaciones graves, anterior a su condición de magistrado. En otras palabras y tal como se hacía en los siglos XVII y XVIII con ciertos piratas o corsos, los gobiernos otorgaban un "certificado" que les permitía atacar barcos en alta mar en nombre de un determinado gobierno. Homologar el pliego de Jaime es otorgar "fueros o patente" a un pirata del derecho que se niega a rendir cuentas del dinero ajeno, convalidando su proceder tanto el poder Ejecutivo y como el Legislativo. ¿A quién se le puede ocurrir invertir en Catamarca con éste nivel de calidad institucional?  

La negativa a rendir cuentas puede encerrar o no, la posible comisión de algunos de los delitos previstos en el Código Penal Argentino, del Capitulo de los Delitos contra la Propiedad vinculados a los artículos 172 y 173 del Código Penal Argentino. Imponiendo a un Camarista no probo, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo le siguen haciendo un flaco favor al sistema de gobierno y a la división de poderes, debilitando aun más el sistema de contrapesos tan necesario para promover la convivencia social en armonía, pues de confirmar la designación de Gabriel Jaime estarían convalidando un funcionario judicial no apto para la función alterando aun más el funcionamiento del Poder Judicial y por ende del sistema republicano.

En esas condiciones tanto el gobernador como los miembros de la Comisión Evaluadora y el los senadores que voten favorablemente el acuerdo, podrán ser considerados cómplices, al sostener las inconductas del aspirante a un cargo que no merece, ni jurídica ni moralmente y quizás otras circunstancias que se produzcan en el futuro. Si el nombramiento es un premio a la sin razón, entonces nuestro futuro es oscuro o lo que es peor, incierto.