La empresa multinacional FMC Lithium, explota litio en el Salar del Hombre Muerto -Antofagasta de la Sierra- desde 1997 a través de su subsidiaria Minera del Altiplano S.A. pero... ¿Cómo fue que ésta empresa de origen estadounidense llegó a Catamarca? Más allá de la Guerra Fría y los avatares del litio como mineral estratégico en el país del norte, al descubrir los yacimientos mediante observaciones satelitales, tanto en Chile (Atacama) como en Argentina (Antofagasta de la Sierra, Catamarca), es importante aclarar, por cuanto las actuales autoridades de Catamarca inflan el pecho al unísono cuando de propiedad minera se trata, invocando el artículo 124 de la Constitucional Nacional, que el yacimiento de litio no pertenece a uno de los 24 Estados argentinos, como sería el caso de Catamarca, sino a una multinacional en zona de frontera. En tanto que las recientes ventas y compras van en el mismo sentido. La provincia declama derechos cuya titularidad es indiscutible, pero no ejerce actos posesorios ni los hace valer aunque tenga la gran ventaja de ser un derecho de propiedad de rango constitucional.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue el organismo que comenzó a analizar los yacimientos de litio, interesada por los nuevos usos en la fusión nuclear. Con ese panorama, los geólogos de la Dirección General de Fabricaciones Militares fueron quienes exploraron las principales cuencas salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Entre 1969 y 1974, se llevó a cabo el denominado Plan Salares y en 1975 resultó elegido el Salar del Hombre Muerto de Catamarca como el más relevante, para comenzar allí tareas de prospección.

Tras las crisis del Petroleo, fue el propio gobierno de los EE.UU., quien se dedicó a profundizar la presencia en el país de una empresa minera, cuestionada en el Norte por varios desastres ambientales, el gobierno de ese país logro imponer como cabeza del proyecto a FMC, hoy Livent. En el camino hubieron muchos intentos fallidos de disponer la propiedad de la explotación, hecho que efectivamente ocurrió en febrero de 1991, en forma inesperada y absolutamente casual, vinculado el hecho al crimen de María Soledad Morales, y cuando tambaleaba el gobierno de Ramón Saadi.

El tan ansiado contrato de explotación fue concedido por la Dirección de Fabricaciones Militares, a quien le reconocieron una participación, lo mismo que a la provincia de Catamarca (2,5% para cada una de las partes) y la designación de un miembro en el directorio de la flamante Minera del Altiplano S.A. que se haría cargo del proyecto. "Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990".

Mientras aumentaba la presión política sobre el primer gobierno de Carlos Saúl Menem para encontrar una solución política a la convulsión social que se había generado por el crimen, que rozaba a las más altas esferas del poder, las autoridades provinciales decidieron actuar velozmente y conceder la la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina -Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera-, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del Gobierno de Ramón Saadi pidiendo Justicia”, prosigue Vicente Méndez.

Pero no, el manotazo de ahogado de Ramón Saadi no le sirvió de mucho y el 17 de abril de 1991 fue desplazado por el Interventor Federal Luis Prol, a raíz del Decreto de intervención dispuesto por el Presidente Carlos Menem. Antes de comenzar la construcción, no obstante, el proyecto de litio tuvo que atravesar nuevos conflictos limítrofes: el 14 de marzo de 1991, la provincia de Salta inició una demanda a la DGFM reivindicando derechos jurisdiccionales y exigiendo su participación en el contrato. Si bien el conflicto sería resuelto por la empresa instalando una planta industrial en General Güemes, provincia de Salta, las disputas por las regalías reaparecerían con posterioridad.