El día jueves, la Cámara Alta aprobó sobre tablas, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial que posibilita a la provincia adquirir vacunas contra el Covid, que fuera aprobado en el día anterior por la Cámara de Diputados, en donde se generó un fuerte cruce entre oficialistas y opositores del cual se puede rescatar lo manifestado por el Diputado Hugo Ávila, autor de varios proyectos en ese sentido, que puso énfasis en las recientes designaciones, obras inoportunas, todas graves distracciones de la gestión del Gobierno, que tiene otras prioridades antes que la salud.

El proyecto paso sin sobresaltos en ambas cámaras y desde aquí no pretendemos hacer un análisis jurídico sobre una ley tan esperada por todos los catamarqueños, sino remarcar otras cuestiones no menos importantes. Al respecto, corresponde que hagamos algunas aclaraciones, toda vez que no podemos eludir algunos criterios volcados en la norma, que podrían llegar a plasmarla de inconstitucional, como por ejemplo la vulneración del derecho constitucional de Acceso a la Información Pública previsto en la Ley Provincial 5336 con soporte constitucional en el articulo 11° "La libertad que antecede comprende el libre acceso a las fuentes de información".

Lo repudiable es que el mismo día que se trataba el proyecto, la empresa Yamana, propietaria del yacimiento Agua Rica anunciara junto al Gobernador Raúl Jalil y la Ministra de Minería, Fernanda Ávila, el compromiso de iniciar gestiones con laboratorios internacionales para que la provincia avance en la compra de vacunas contra el Covid, en una actitud miserable que tiene como único fin la consecución de la ansiada “licencia social” en Andalgalá para explotar los Nevados del Aconquija.

Actividad extractiva, que esta comprobado, atenta contra el ecosistema hídrico de la ciudad cabecera departamental, de todos los distritos que la circunscriben y otros cauces inferiores que atraviesan varias provincias y afectan a alrededor de un millón de habitantes. El bien jurídico superior que tutelan las leyes y que se ubican en primer lugar, por encima de todos los otros derechos, es el derecho humano al agua tal como la ofrece la naturaleza y reconocido expresamente por las Naciones Unidas.

Decimos esto porque no existe ninguna posibilidad de que una empresa privada adquiera vacunas o realice gestiones, intermediando en la compra, cuando la OMS afirmo que la adquisición se hace a través de los Estados, de allí que el primero artículo de la ahora ley establezca el “interés público” para la compra.

Por otra parte, estamos convencidos que en un contexto tan desfavorable para la salud publica y el sistema sanitario, no se puede hacer una declaración tan grave y mentirosa que genere más angustias en los miles de catamarqueños que atraviesan por esta situación crítica, inédita y sin precedentes en toda la historia de la provincia.

Tampoco entendemos que un Senador del “palo” opositor, por decirlo de alguna manera, como Omar Rodolfo Noriega, haya expresado en la sesión su beneplácito a la propuesta de la empresa Yamana, dándole un marco institucional a una mentira sobre las expectativas de los catamarqueños en general a los andalgalenses en especial, que deberán seguir de cerca los pasos del legislador y cuáles son los intereses que lo mueven, o mejor dicho, lo conmueven.

No obstante lo expresado, avalamos parcialmente la intención del Ejecutivo catamarqueño en la compra de vacunas contra el Covid, pero no justificamos en modo alguno, el marco institucional que se fijó como procedimiento de adquisición y menos que en un día histórico se haya mezclado el rol del Estado con el de la empresa menos querida por los comprovincianos, avalada por un Senador de la oposición que dejó traslucir sus intenciones partiendo de una mentira, para encontrar fundamentos en su voto. En consecuencia, vacunas sí, Yamana no.