Sin animo de justificar la violencia como método para lograr fines, cualquiera que sean los mismos y por más loables que se presenten, desde éste medio no tenemos más que palabras de comprensión al hartazgo que exhibieron los ambientalistas y cierta parte de la población sobre la constante contaminación del agua del rio homónimo en los episodios ocurridos éste sábado pasado.

Situación que no es nueva por cierto, sino que se viene planteando desde hace dos décadas y que el poder político no ha sabido o no ha querido solucionar, por intereses mezquinos siempre contrarios a los intereses legítimos de la población, que rara vez recibe beneficios directos de la explotación minera y que en la mayoría de los casos, es depredadora del medio ambiente.

Los gobiernos de turno, los consecutivos de Lucía Corpacci fueron pro mineros en el peor sentido de la expresión y mucho más en un distrito que siempre le ha sido adverso a nivel municipal. No podemos dejar de mencionar al ex Ministro de Minería, Rodolfo Micone, como el máximo responsable de que el río Andalgalá tuviera 20 mil veces más de arsénico que lo permitido y que ese y no otro, fuera el principal argumento para que la Corte Suprema de la Nación fallará oportunamente a favor de la Asamblea de Vecinos. Hubo fallo, pero nunca ejecución de sentencia porque los actores encargados de hacerlo cumplir, eran los mismos que una y otra vez no lo habían acatado o habían hecho caso omiso a los reiterados y constantes reclamos de los vecinos.

Por el contrario, pareciera más bien que se han dedicado a exacerbar los ánimos con todo tipo de concesiones a las empresas, especialmente las referidas a la utilización del agua  para la extracción minera, principalmente del oro, que como es público y notorio sigue siendo a cielo abierto. Algo similar a la concesión del Rio Los Patos en Antofagasta de la Sierra. Tanto en Andalgalá como Antofagasta de la Sierra, las decisiones del gobierno se hicieron sin la licencia social, elemento básico del contrato social. Porque la historia de la minería en Catamarca y en la Argentina se repite siempre.

Todas las mineras, al comienzo, prometen mucho, cumplen poco, contaminan todo y se marchan con los dividendos en los bolsillos, dejando una estela de dirigentes enriquecidos de la noche a la mañana, porque convengamos que las concesiones gubernamentales no son gratuitas en ninguna parte y menos en Catamarca donde los funcionarios que administran la cosa pública hacen grotescas ostentaciones y al mismo tiempo que se observa la depredación de la naturaleza a niveles escandalosos.

Así, Andalgalá ha sido desde hace unos 20 años una olla a presión que algún día iba a estallar. Ese día tan temido llegó. El poder político, especialmente el relacionado con Lucía Corpacci, que gobernó durante ocho años los destinos de Catamarca, continuado por su sucesor, Raúl Jalil, que lejos de torcer el rumbo, lo ratificó, dedicaron sus impulsos mayoritariamente a hacer todo tipo de concesiones a la empresas mineras. Lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora, porque en la crisis actual, que armó el gobierno nacional, las regalías mineras pasaron a ser quizás, la fuente más valiosa de recursos financieros genuinos, ¿A costa de qué? La realidad del fuego y la violencia utilizada, pueden ser la respuesta al interrogante planteado.

En ese orden primero fue la Minera La Alumbrera y la actual Agua Rica, en tanto que en Antofagasta de la Sierra, la agraciada, favorecida por Micone y Jalil, fue la minera Livent que se dedica a cocinar el litio que extrae utilizando el agua de la cuenca del Río los Patos, todo sin licencia social.

Vale la pena detenernos que la bronca y el estallido social seguido de incendio, no solamente se dirigió a la empresa minera en particular, Agua Rica, sino también al corazón de la política oficialista, a la unidad básica del Frente de Todos que fue blanco de los ataques e ira de los manifestantes. Al fin y al cabo, la usina de la desgracia de quienes defienden el agua a capa y espada, es el poder político y hacia allí apuntaron sus dardos.

Pero la tercer pata que ha provocado la violenta reacción de los defensores del medio ambiente tiene un actor oculto que no se vislumbra específicamente en Andalgalá, sino en San Fernando del Valle de Catamarca o en Tucumán, según sea la competencia territorial. No nos referimos puntualmente a personas, sino a un sistema funcional al poder político, que en los violentos episodios no fue blanco de los ataques, que no es otro que la Justicia Federal, que la mayoría de la veces actúa en forma poco transparente, consistiendo al poder político, el mismo que lo colocara en su sitial. La mayoría de los jueces federales tienen una orientación ideológica bien marcada, y están ahí por decisión y determinación de los políticos de turno. Esa es la justicia que duerme, la justicia federal condicionada.

La única salvedad referida a la defensa jurisdiccional de los ambientalistas la constituye la Fiscalía General Federal de aquella ciudad, que con sus dictámenes favorables ha advertido una y otra vez, que la prioridad siempre debe ser la preservación del medio ambiente como bien jurídico superior, que debe ser tutelado en aras de la Salud Pública de la población el fin primario de la sociedad civilmente organizada.