Con la particularidad -de crucial importancia- de que su decisión tuvo, además, efecto suspensivo. Por eso el Consejo de la Magistratura fue instruido a no avanzar con la cobertura de las vacantes de los camaristas en cuestión hasta tanto no se zanje el tema de fondo. Así, y hasta nuevo aviso, la estrategia kirchnerista enderezada a sacarse de encima a Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y consagrar la impunidad de Cristina Fernández, sufrió un revés de consideración. Si bien es cierto que hasta que el máximo tribunal de la República Argentina no se expida sobre el meollo de la cuestión -algo que deberá hacer en un lapso corto- ninguno de los contendientes -ni el gobierno ni sus opugnadores- podría cantar victoria con la certeza de no tener que tragarse más adelante su euforia, también es verdad que la pelea, en principio desfavorable a los tres jueces cuestionados, ha sufrido un vuelco considerable. Ahora son los que comenzaron la semana maltrechos quienes llevan las de ganar. Es que, admitido el per saltum, cómo imaginar que la Corte podría girar en redondo y dar marcha atrás respecto de cuanto -en dos distintas acordadas, la 4 y la 7 del año 2018- había sentado parecer.

En otras circunstancias el oficialismo, en consonancia con las lecciones que le dejó Néstor Kirchner, hubiera escalado la pelea y desconocido el fallo. Aunque todo es posible, dada la falta de límites que caracteriza al gobierno, parece poco probable que en el actual contexto intente algo por el estilo. Desconocer lo acordado por la Corte significaría bordear la ilegalidad en un momento en que tiene abiertos frentes a diestra y siniestra y nada le juega a favor. Al desmanejo de la pandemia -con índices de mortalidad crecientes y cifras escandalosas de defunciones que se ocultaron o no supieron procesar en la provincia de Buenos Aires- es menester sumarle una economía que cruje por los cuatro costados.

No hay pizca de exageración si se dice que la administración populista se encuentra en su peor momento. En nuestra historia nunca un gobierno había sufrido en los primeros ocho meses de gestión tamaña pérdida de consenso y de prestigio. Al extremo de que no hay mentidero en el cual hoy no se especule con y se discuta la eventual renuncia de Alberto Fernández. Más allá de que ello no ocurra, es un síntoma que revela el grado de seriedad de la crisis. Con la confianza por el piso y una incertidumbre sobre lo que puede pasar en los próximos meses que paraliza a los mercados, los Fernández pisan un tembladeral.

Cuando en cualquier orden -público o privado, político o económico, jurídico o arquitectónico- la solución propuesta para disolver una determinada dificultad, en lugar de lograr ese propósito, genera nuevos inconvenientes, no hay mucho que pensarlo: el verdadero problema radica en la solución. El plan no escrito que ha puesto en marcha el gobierno, con base en un super–cepo, control de las importaciones, alto déficit fiscal, emisión monetaria para financiarlo, atraso del tipo de cambio, desorbitada presión impositiva y congelamiento tarifario, no sólo no ha logrado domar la inflación ni revertir el ciclo recesivo, sino que ha agravado los males que padecemos hasta topes inéditos. Basta mirar los números para darse cuenta de una realidad lacerante: 46 % de pobres, según las encuestas de la UCA y la UNLAP; desocupación del segundo trimestre arriba del 13 %, la más alta desde el año 2004; reservas internacionales netas efectivas -de libre disponibilidad- finiquitadas; el PBI hundiéndose 19,1 % entre mayo y junio, lo que fue seguido por una contracción de nada menos que 13,2 % en julio, pese al aligeramiento de la eterna cuarentena. Esto entre otros muchos indicadores que podrían mencionarse.

Es evidente que las recetas aplicadas por el kirchnerismo han sido catastróficas, con la particularidad de que tanto en la Casa Rosada como en el Instituto Patria suponen que el camino escogido es el mejor para salir de la presente crisis. De lo contrario, es literalmente imposible explicar la contumacia del oficialismo. Repite un mismo recetario que le ha dado resultados lastimosos en el pasado como si fuese una suma y compendio de virtudes. Con lo cual, la lógica económica de Alberto Fernández, de su vicepresidente y de Martín Guzmán se torna indescifrable. Véase que frente a la inexistencia de un mercado de deuda en el cual financiarse, un gasto público por las nubes y un agujero previsional al que nadie le puede poner coto, María Fernanda Raverta anuncia una nueva moratoria para que cientos de miles de personas se jubilen sin haber completado sus aportes. Ya lo había hecho Diego Bossio en su paso por la ANSES, con consecuencias demoledoras para el fisco. Por lo visto, las pasadas experiencias de nada sirven. En eso de tropezar con la misma piedra, el kirchnerismo es mandado a hacer.

Hay en la actual administración una mezcla de incompetencia y de tozudez ideológica. Esta última explica el rumbo que se han fijado sus responsables, reacios por principio a aceptar las soluciones de la economía de mercado y esquivos a la hora de ponderar las ventajas de la competencia y las desregulaciones. Son intervencionistas de alma

y no se cansan de ensalzar las bondades del Estado y de la sustitución de importaciones como motores del crecimiento. Si bien ninguno de ellos -por razones de concesión política- se animaría a cantar un himno de alabanza al socialismo, ninguno tampoco estaría dispuesto a declararse capitalista. De tanto jugar a las escondidas con las instituciones -en las que no creen demasiado- y de modificar una y otra vez, según su capricho, las reglas de juego establecidas, lo que han obrado es un grado de incertidumbre generalizado, opuesto a lo que necesitan en estos momentos.

A las concepciones ideológicas que han abrazado desde antiguo le suman una inutilidad manifiesta en el gerenciamiento de los asuntos públicos. Tres ejemplos tomados al azar sirven para explicar el fenómeno. Un par de domingos atrás el titular de la cartera de Hacienda, en reportaje al diario La Nación, expresó que no tenía en carpeta aumentar la rigurosidad del cepo. Menos de veinticuatro horas más tarde, ello era precisamente lo que anunciaba el presidente del Banco Central. No se necesita ser muy lúcido para darse cuenta de que la capitis diminutio hecha a la credibilidad del ministro fue autoinfligida. Si no sabía cuánto Miguel Pesce iba a decir al día siguiente, significa que está pintado en el gabinete. Si lo sabía -como todo parece indicarlo- por qué realizar una declaración que bien podría haber evitado.

Acto seguido el gobierno presentó la así llamada ley de leyes. En punto al dibujo artístico, tanto valen Alberto Durero y el Canaletto como el Bosco y Salvador Dalí. En cambio, cuando se trata de la política fiscal conviene siempre atenerse al realismo. Pero en los despachos que ocupan Guzmán, Kulfas, Todesca y Pesce están enamorados de la creatividad surrealista. Han sido tan groseras las estimaciones respecto de la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio que el presupuesto del año que viene nació viciado de nulidad. Nadie considera que vaya a servir de parámetro para tomar decisiones de carácter económico en los próximos doce meses. Por último, destaca la insistencia, digna de mejor causa, de ahorrar en pesos. Comenzó con la demonización del blue adelantada por Pesce cuando nos puso al tanto del super–cepo y siguió con la repetida cantinela del presidente de la Nación y de su ministro de Hacienda sobre la necesidad y las bondades de transformar el peso, en el que nadie confía, en reserva de valor. ¿Es pura sarasa, para utilizar la palabra que el ministro Guzmán, en un acto de incontinencia verbal, pronunció flanqueado por Sergio Massa, en el Congreso? -Como quiera que sea, transparenta una falta de seriedad y de competencia que alarman.

Mientras exista tamaño déficit fiscal, imposible de financiar con otro recurso que no sea emisión pura y dura, y no haya atisbo ninguno de un plan serio de estabilización, la confianza que este gobierno perdió a poco de iniciar su gestión y no ha podido recuperar, llevará la brecha cambiaria a niveles sin precedentes en breve plazo. Unido al hecho -que ya se percibió en el pasado agosto- de la caída de 31 % en la liquidación de divisas del agro y de la radicalización que fogonean a un mismo tiempo Alberto y Cristina Fernández, el oficialismo sumará en el último trimestre más controles cambiarios que -como es costumbre- no van a funcionar. La sombra de una mega devaluación -a cargo del mercado, en ausencia del Estado- comienza a recortarse con nitidez en el horizonte. Nada que no hayamos visto antes y nos pueda sorprender. Pero en un escenario infinitamente más precario y peligroso que cualquiera de los conocidos.

Vicente Massot