En lo que va del año, el Senado aprobó 16 pliegos de jueces y funcionarios judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para su análisis. Las designaciones se hicieron para cubrir cargos que estaban vacantes por diferentes motivos, como jubilación de sus anteriores titulares, o porque concursaron para un cargo de mayor jerarquía. También la necesidad de nombrar magistrados fue debido a la creación de nuevos juzgados, defensorías y fiscalías.

Los 16 pliegos que envió el ejecutivo al Senado durante el presente año fueron aprobados sin problemas, teniendo en cuenta la abrumadora mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara Alta, 13 senadores sobre 16 que se incrementara en diciembre cuando asuman los legisladores electos.

Este es uno de los problemas que existen cuando el poder ejecutivo no tiene el debido control mediante el poder legislativo. En las democracias más avanzadas del mundo existe paridad en las asambleas legislativas de manera de evitar los excesos que pretenda realizar el gobernante de turno.

La realidad es que de los 16 nombrados aparecen muchos parientes o personas vinculadas a la gobernadora y a algunos ministros, constituyendo ésta realidad en un verdadero tráfico de influencias, que debe cesar en función del bien común de toda la sociedad.

Pablo Rosales Andreotti: hijo de un primo hermano de la gobernadora.

Guillermo Narváez: hermano de la actual pareja del ministro de Obras Públicas y vicegobernador electo Rubén Dusso.

María Cecilia Más Saadi: pariente de la gobernadora, por línea materna.

María Soledad Vega Romero: ex asesora del ministro de Obras Públicas y vicegobernador electo Rubén Dusso.

Estos son los casos más notables pero la mayoría tiene alguna vinculación con gente que está en el poder político actual.

También hay otro hecho, aún más grave, y es que uno de los nombrados registra antecedentes penales, condición que lo invalida automáticamente para desempeñarse como fiscal penal. La Justicia y los tres poderes en general debería ajustar los procedimientos de selección y designación de funcionarios, en aras de cumplir con el principio de igualdad ante la ley. Del modo actual, solo existe una especie de casta política que puede acceder a los cargos y cientos de jóvenes que se han preparado y estudiado carecen de igualdad de oportunidades. Una verdader injusticia.

Con esta nota intentamos, aparte de informar a la comunidad catamarqueña, poner en aviso de hechos graves que tienen incidencia directa para la ciudadanía en el quehacer cotidiano, como es la elección de las personas que impartirán justicia sobre nuestra sociedad.

También intentamos despertar del letargo a la oposición que a pesar de  estar en desventaja en las dos cámaras podría hacer planteos en otros ámbitos, si se dan casos en donde se avasallan los principios más importantes del sistema republicano y de la democracia.

Para reformar la Constitución provincial, como muchos sectores políticos pretenden, es necesario primero demostrar acabadamente la idea de pertenencia al sistema y el respecto irrestricto al Estado de Derecho en el que todos pretendemos vivir, donde las garantías, derechos y obligaciones sean iguales para todos.