Por Rubén Ramos

El rol de la abogacía en nuestra sociedad constituye una herramienta fundamental para la satisfacción de los derechos de las personas, en tanto puente de acceso a la justicia y acompañamiento para cada ciudadano.

En este sentido, es prioritario asumir el compromiso de hacer escuchar la voz de cada colega, porque la falta de condiciones dignas de trabajo tiene como consecuencia directa el deterioro de las condiciones de acceso a la justicia.

Por ello diseñamos el Observatorio de la Abogacía, una herramienta de investigación que periódicamente nos permite relevar y poner en agenda las problemáticas y opiniones de los abogados y las abogadas.

Los resultados de nuestra última encuesta, reflejan una situación preocupante de la profesión a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy las principales problemáticas y demandas de nuestros colegas que se desempeñan en el sector privado tienen que ver con los bajos honorarios, las arbitrariedades a las que de manera recurrente están expuestos por parte de los magistrados y la necesidad de modernización del funcionamiento de la justicia.

En este sentido los datos son contundentes: el 90% de los abogados sufrió alguna arbitrariedad por parte de un magistrado durante el último año.

Necesitamos hacer escuchar la voz de la abogacía porque nadie más que nosotros mismos sabemos cuáles deberían ser las decisiones para mejorar la situación de la profesión. De acuerdo con los resultados del estudio, es fundamental abordar 3 ejes:

A) Diseñar un mecanismo de auditoría permanente sobre los tiempos de las resoluciones judiciales y sobre la fijación de honorarios por debajo de la Ley

B) Mejorar el funcionamiento del expediente digital y continuar su proceso de agilización

C) Generar más espacios de capacitación permanente

En definitiva, se trata de cumplir los reglamentos, modernizar el funcionamiento de la justicia ajustándola a los tiempos que corren y brindar herramientas para el desarrollo y la actualización de cada profesional.

Actualmente, las estructuras burocráticas y la lentitud de la justicia para resolver, implican esfuerzos cotidianos que afectan el ejercicio profesional, encarecen costos y dificultan la solución de los conflictos.

La Justicia se tiene que modernizar continuamente, debe estar a la altura de lo que esta época requiere, para hacerle la vida más fácil no solamente a los jueces, sino a los abogados y, por supuesto, al ciudadano.

Por otra parte, respecto a la abogacía del estado, hoy la situación salarial es lo más preocupante, por eso a pesar de las dificultades una gran parte (exactamente el 60%) se desempeña también el ámbito privado. El camino a seguir es claro: mejores salarios, más formación, concursos y un escalafón propio.

Ya no podemos hablar de la abogacía del sector privado y la abogacía del sector público, ya que cada vez son más parecidas las situaciones y confluyentes las dificultades.

Por último, una de las claves para jerarquizar nuestra profesión es la capacitación continua: durante el último año solamente el 46% pudo capacitarse, mientras que quienes no lo hicieron nos dicen que se debe a la falta de tiempo (37%) o a la falta de recursos económicos (31%).

Ante estas situaciones, los distintos estamentos debemos trabajar en conjunto por una justicia más cercana a las necesidades de los abogados y las abogadas, lo que tendrá un impacto positivo directo en la mejora del servicio de cara a la sociedad.