Este reclamo se produce en medio de un contexto de conflictividad social que ha estado ocurriendo en la provincia gobernada por Gerardo Morales, quien es precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC).

Los reclamos, que inicialmente comenzaron por parte de los docentes y luego se sumaron diversos sectores de la sociedad, han persistido durante 22 días de forma continua en el distrito.

En la mañana del martes, un grupo de mujeres residentes de La Quiaca decidió llevar a cabo una representación de crucifixión colectiva cerca del corte de ruta que mantienen los manifestantes en el acceso a la localidad, que se encuentra en el extremo norte de Argentina.

Los habitantes de la región de Puna fueron los primeros en realizar el corte de la ruta 9 durante la noche del jueves 15 de junio, después de una marcha multitudinaria con antorchas en la que decidieron permanecer indefinidamente bloqueando la carretera, incluso soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

Desde entonces, han instalado una carpa docente con materiales rústicos y cartones para protegerse del frío y los fuertes vientos en una zona completamente despejada junto a la carretera.

Según relató Silvia Martínez, periodista jujeña y activista de derechos humanos, los manifestantes se mantienen allí encendiendo fogatas para preparar alimentos y aumentar un poco la temperatura.

En estas protestas también participan miembros de organizaciones sociales que brindan servicios y ayudan a los manifestantes con controles de salud y otros aspectos que facilitan su permanencia en el bloqueo.

"Estamos bloqueando la carretera, no por migajas, ni por bolsas de alimentos, ni por pequeñas parcelas de tierra. Mis convicciones se oponen firmemente a la explotación del litio y a cómo el gobernador Morales se alía con las multinacionales", dijo una residente de la localidad vecina de Sansana.

Además de estas acciones directas, al menos 40 comunidades indígenas de los departamentos de Yavi y Santa Catalina se han unido para elaborar un documento en conjunto sobre el proceso de aprobación de la reforma de la Constitución provincial, la cual rechazan de manera rotunda.

En la carta, que será enviada al presidente Alberto Fernández, advierten sobre la aprobación de la reforma de la Constitución sin cumplir con la participación, consulta y consentimiento de las comunidades indígenas.

Denuncian que la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, según lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se ven vulneradas cuando la titularidad del dominio recae exclusivamente en el estado provincial, según lo estipulado en el artículo 68 inciso 1 de la constitución reformada. También señalan la violencia institucional ejercida por el gobierno de Jujuy.

Asimismo, afirman que la violencia no se limita únicamente a la física, sino que también incluye la violencia simbólica, encubierta en persecuciones, amenazas, despidos injustificados y hostigamientos constantes hacia líderes comunitarios y portavoces, y a veces se utilizan "falsas acusaciones penales contra aquellos que protestan".

Finalmente, exigen la intervención federal en la provincia de Jujuy y la declaración de inconstitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución provincial. Además, enfatizan la necesidad de acciones inmediatas como comunidades indígenas preexistentes, que contribuyeron con su sangre a la construcción de la nación y aún no han sido adecuadamente reconocidas en su derecho a ser ellos mismos en su propio territorio, según se señala en el documento.