Nación adquirió las vacunas y las distribuyó mediante un plan nacional, que fue alterado por la falta de equidad, en "el direccionamiento del gasto y las prioridades del gobierno nacional" enfatizó el Superior del Ministerio Público, Fiscal General de Tucumán.

Entre los fundamentos que esgrime el Fiscal Federal Dr. Gustavo Gómez pueden citarse los siguientes. "Para que la igualdad ante el derecho a la salud pública sea garantizada a toda la población y no a unos pocos privilegiados, debe continuarse con esta investigación en la Justicia Federal de Catamarca..."

Y Agregó "según lo dispuso el Juez Federal de aquella ciudad, contra los funcionarios públicos y demás personas que se detecten, que hayan burlado el orden de prioridades contemplado en el anexo I de la resolución 2883/20, vacunándose antes que el común de la gente, incurriendo automáticamente en los delitos de: violación de los deberes de funcionario público (248 C.Penal); tráfico de influencias (art. 256 C.Penal); malversación de caudales públicos (260 C.Penal) y no impedir la propagación de epidemias (art. 205 C.Penal).

Alega argumentos sustanciales  que ameritan que el juez Federal Miguel Ángel Contreras continúe con la investigación expresando que "Si la distribución equitativa se rompe, se rompe también un plan nacional y el direccionamiento del gasto, con las prioridades decididas por el gobierno federal en claro desmedro del erario nacional, pues el art. 9 de la resolución 2883/20 impone que “el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será financiado con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80-Ministerio de Salud, las partidas especiales que se asignen por Ley y, eventualmente, el aporte que se reciba por parte de Organismos Internacionales y de otras instituciones”.

El Fiscal Federal General de Tucumán, como representante del Interés Público Federal, "...para que la igualdad ante el derecho a la salud pública sea garantizada a toda la población y no a unos pocos privilegiados, debe continuarse con esta investigación contra los funcionarios públicos y demás personas que se detecten, que hayan burlado el orden de prioridades contemplado en el anexo I de la resolución 2883/20, vacunándose antes que el común de la gente". Indicando de ese modo cuales son los fundamentos de la tipificación penal contra los denunciados, Ministra de Salud Dra. Claudia Palladino, la intendente de Fiambalá Roxana Paulón y el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra.

El representante del ministerio público concluye su escrito afirmando:

"La competencia federal resulta inequívoca. A criterio del suscripto, corresponde desistir del recurso de apelación impetrado, puesto que no surgen elementos que deban ser considerados como un perjuicio al interés público que representa el Ministerio Público Fiscal."