Se trata del empresario Walter Eduardo Rago, quien habría efectuado diversas maniobras financieras a través de la firma Anfala SRL., de la que es socio, la cual realiza “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”, y “venta al por menor de aves, huevos y productos de granja y de la caza”.

Rago explicó que todas sus operaciones estaban facturadas y empleaba habitualmente, como cualquier comerciante, herramientas financieras, como cheques, transferencias y depósitos a la vista; además indicó cuales fueron sus actividades comerciales, como obtuvo sus bienes, cuál fue el origen de los fondos utilizados a tales fines, y demás. A su vez, que su principal movimiento financiero fue de su negocio avícola o de productos de granja, nada de lo cual fue tomado en cuenta por el juzgador.

El Sr. Juez instructor sostuvo que las investigaciones por hechos de lavado de activos enfrentan en la realidad una seria dificultad probatoria, pues quienes realizan las conductas típicas logran disimular en el mercado formal activos con origen espurio, dotándolos de apariencia de licitud.

Dicha situación motivó el surgimiento de la doctrina de la prueba indiciaria, que indica tres elementos a considerar: exteriorización patrimonial significativa, ausencia de actividad lícita capaz de generar esos fondos, y vinculación con la actividad criminal; los cuales surgen claramente de la presente investigación, según indico el fallo.

Los elementos de prueba advierten que la actividad declarada por Rago “venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja ,etc” habría servido como pantalla de su real fuente de ingresos, y que, habiéndose beneficiado económicamente con una defraudación en perjuicio del PAMI, habría introducido esos fondos en el circuito financiero, depositándolos en una cuenta bancaria suya y en la de la firma Anfala SRL., de la cual formaba parte, con la única finalidad de darles la apariencia de tener un origen licito.

Además, registra acreditaciones bancarias en el año 2013 por la suma de $ 1.797.757, siendo que la supuesta actividad de donde habría provenido el dinero, venta de aves y demás productos de granja, registra alta en el mes de noviembre del año 2013, no resultando factible considerar que desde el mes de noviembre hasta diciembre de 2013 el imputado haya obtenido de tal actividad la suma consignada, teniendo presente que no existen facturas comerciales que respalden tal operación.