Senadores, diputados y juristas con llegada a la centralidad del poder permanente bonaerense hablaban casi semanalmente con los intendentes que, desde el mismo momento de la sanción de la ley 14836, se empezaron a preocupar para ver cómo hacían para voltearla, someterla a una cadena de fallos judiciales adversos o, directamente, hacer lo que hicieron el martes pasado.

El ex legislador frepasista Carlos Raimundi, ahora confinado en la OEA como vocero del chavismo latinoamericano, en 1994 había ejemplificado el acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín como la "legalización de los diferentes pactos que hay desde hace muchísimo tiempo entre el radicalismo y el peronismo de la provincia de Buenos Aires".

Raimundi apenas tenía un par de años como ex dirigente radical y había iniciado su camino hacia lo que luego sería el FREPASO y, más tarde, el ARI de Elisa Carrió.

Diecisiete años después se repite la misma situación, pero con diferentes actores. Los múltiples grupos de WhatsApp armados para la ocasión aglutinaban a peronistas, macristas, radicales y vecinalistas. Como diría Jorge Macri, a todo el PRO: Peronistas, Radicales y Otros.

Parece ser que uno de ellos, Gustavo Posse, la bautizó como "la ley Zamora", en alusión al intendente de Tigre, Julio Zamora, quien quedó al frente de la comuna cuando Sergio Massa trascendió a la órbita provincial y nacional.

Los mal pensados creen que por la rivalidad que se había empezado a generar en 2016 entre Massa, su esposa Malena, contra Zamora, es que se promovió, a través de sus legisladores Sebastián Galmarini y Rubén Eslaiman, el proyecto que luego, después de mucha presión, tomara María Eugenia Vidal y lo hiciera propio.

Será por eso que el que más enérgico se mostró en contra de la readecuación de la ley haya sido el propio Galmarini, quien responsabilizó a todo el arco político, pero principalmente a su ex aliado y socio fundador del Frente Renovador, Joaquín De la Torre, porque "en 2019 colaboró en la confección del decreto reglamentario (era ministro de Gobierno de Vidal) pero ahora presentó el proyecto de ley para su derogación".

De la Torre no tuvo nunca una buena relación con su superior directo, el jefe de Gabinete, Federico Salvai, quien firmó la norma junto con la gobernadora Vidal también. Según reveló uno de los que participó de esta última resolución, "la mirada de la Secretaría Legal fue impecable y no hubo mala fe para abrir ninguna puerta, como dicen".

"El tema es que la ley fue malísima, hablaba de mandatos y no de elecciones y todo era pasible de ser reconsiderado. Con lo aprobado el martes esto se terminó" dijo uno de los especialistas jurídico-electoral más importante de la política bonaerense.

Lo que ninguno de los actores dice es por qué tuvieron que hacer rápidamente una enmienda legislativa como la que terminó habilitando un nuevo mandato para todos los intendentes si son reelectos. Es que la Corte Suprema bonaerense, factor fundamental en la Junta Electoral de la Provincia, les había dicho por todas las formas posible que iba a avalar todo lo establecido por la 14836 y, en última instancia, fallaría en contra de aquellos que decían que la norma estaba mal.

En el debate en Diputados, quien volvió a apuntar contra la propia ley que terminó votando fue Walter Carusso, legislador radical possista, quien volvió a remarcar que lo aprobado esta semana tiene el mismo problema que la reglamentación que se cambió. Sigue legislando para atrás. ¿Habrá nuevas presentaciones dentro de cuatro años?

Sin embargo, lo que confirmó que todo fue un gran acuerdo fueron los sushis y otras exquisiteces servidas en la oficina de una senadora opositora de la sexta sección electoral de Juntos a la cual algunos, por decoro, no quisieron ir.

QUIEN SE FUE A SEVILLA...

Sonrientes, al día siguiente de haberse votado en la legislatura bonaerense el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el aumento del 35% promedio en los impuestos que cobra ARBA, la designación de la mayoría de los nombramientos en los organismos descentralizados y de control, para oficialistas y opositores, por supuesto, Gustavo Menéndez difundió la foto acompañado por funcionarios de su entorno y Luis Almagro, de la OEA, archirrival del kirchnerismo duro.

El jefe comunal en uso de licencia se hará cargo del Grupo Provincia, un holding que tiene seguros de trabajo, de Salud y otras múltiples "soluciones" como leasings que todos los municipios deben contratar casi con exclusividad.

El intendente en uso de licencia de Merlo ya tuvo otro paso por un organismo provincial. Fue uno de los directores políticos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de la que salió con un grave problema judicial que, en principio, lo había inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El "Tano" se había ido de la gestión porque no tenía certezas sobre su futuro y habilitado por ese portón abierto por el decreto reglamentario de María Eugenia Vidal, en abril de 2019, que puso patas para arriba el espíritu de la ley 14836.

"Aquello fue una cama... No se llevó la plata a ningún lado", dicen quienes lo secundan y saben bien lo que pasó, a pesar de que fue por un bolso, verde, que terminó padeciendo la causa judicial. "Todo era muy precario en aquel entonces (hace más de una década) y fue solamente un traslado porque el dinero nunca desapareció", afirman. Los muy malos, que nunca faltan, siempre sospecharon de su archirrival merlense, su antecesor, Raúl Othacehe, especialista en explotar este tipo de situaciones.

Sin embargo, de lo que más debe preocuparse Menéndez no es por su pasado ni por el ex intendente que siempre quiere volver a pelearlo dentro del peronismo. Su insomnio vendrá, seguramente, por la rivalidad que mantienen desde hace tiempo su hermana, "la tana", Karina, y el "hermano de la vida" de Menéndez, el actual senador reelecto, Gustavo Soos, quien también conduce a mano de hierro múltiples áreas de la administración municipal.

Karina Menéndez reemplazó al frente de la intendencia a Gustavo, pero el poder sigue siendo compartido con Sooz. En más de una oportunidad han tenido fuertes encontronazos, y el carácter directo de la ahora jefa comunal puede provocar nuevas situaciones conflictivas con quien maneja muchas más cosas que la relación personal con el ahora presidente del Grupo Bapro.

LA MESA ANTI PATA MEDINA 

Su frase, además de desafortunada, también evidenciaba cierta impotencia. Marcelo Villegas era ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en la época de María Eugenia Vidal, pero notaba que las segundas y terceras líneas de su ministerio no le respondían, los jueces se asustaban y nadie quería terminar con las mafias enquistadas en diversos organismos y sindicatos, como el de la UOCRA La Plata, conducido por Juan Manuel "el pata" Medina.

Este sindicalista, que imponía condiciones excesivas, con sobre costos que debían pagar los empresarios y constructores, pequeños o medianos, no importaba su tamaño, a quienes los obligaba a contratar todos sus servicios y a los obreros que él proponía, tenía un poder tal que no sólo incomodaba a las nuevas autoridades provinciales y municipales o a los emprendedores, sino también a las autoridades nacionales de la UOCRA, a cargo de Gerardo Martínez, o a intendentes ultra K como Mario Secco o peronistas clásicos como la familia Mussi, de Berazategui.

Hoy se están realizando allanamientos en numerosas oficinas del Banco Provincia, la Municipalidad de la Plata, la casa de la mayoría de los involucrados en la reunión que apareció filmada y nadie sabe adónde terminará el asunto, siempre maniatado por la corriente que llevan atados la política y los servicios de inteligencia.

Recordaba los otros días uno de sus allegados más cercanos que en más de una oportunidad tuvieron que discutir no solo con Medina, sino con Roberto Baradel en las tortuosas paritarias docentes, y que al pedir "ayuda" más arriba, léase en las cercanías de la propia María Eugenia Vidal, u otros colegas de gabinete con incidencia en el área en cuestión, muchos le ponían el freno.

"Inclusive hubo muchos operativos en los que pedíamos por favor a los constructores que hicieran la denuncia, porque también estaban involucrados personas del Ministerio. Nos costó años que la Justicia de Campana terminara condenando a gente que fue encontrada in fraganti recibiendo la coima... No teníamos ni una GESTAPO ni un escarbadientes", se quejaba el opulento asesor del ministro Villegas.

Alejandro Cancelare