Los Diputados, Genaro Armando Contreras, Juana Elizabeth Fernández, Luis María Lobo Vergara y  Humberto Federico Valdez (mandato cumplido), integrantes del actual Interbloque Juntos por el Cambio, durante el año 2019 hicieron una ardua tarea por conseguir información detallada acerca las licitaciones públicas N° 02/18 y 03/18, ambas referidas a la adquisición de útiles escolares y guardapolvos para el ciclo lectivo 2019, donde a una sola firma se le adjudicaron $ 53.000.000.-

Cifra millonaria por cierto y muy llamativo que fue a una empresa que no es del rubro, no tiene empleados, es solo un galpón. Situación que fue denunciada oportunamente. Los hechos descriptos sucedieron en forma simultanea con el cierre de una importante fábrica textil en la provincia que dejó decenas de trabajadores sin su fuente laboral.-

Habiéndose realizado las presentaciones pertinentes ante el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la provincia, mediante notas con fecha 27 de febrero de 2019 y 10 de abril de 2019 respectivamente, nos encontramos solo con el silencio del Ministerio, sin haber recibido ninguna respuesta concreta y formal.

Frente a esta situación, los legisladores se vieron frente a la obligación de formular una “acción judicial de amparo por mora de la administración en contra del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”, a los efectos de ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública reconocido por ley.

En este sentido, la Corte de Justicia de la Provincia contemplando la prerrogativa de disponer de la información pública mencionada, como Diputados pero también como ciudadanos, dicto mediante SENTENCIA DEFINITIVA N°43 de fecha 23 de diciembre de 2019, hacer lugar a la ACCION DE AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN, ordenando el pronto despacho judicial para que en un plazo de 10 días, el Ministerio ponga a nuestra disposición la documentación solicitada bajo apercibimiento.

Una correcta administración de los recursos del estado, debería evitar tener que recurrir a una instancia judicial para el cumplimiento del deber de publicidad y transparencia de los actos de gobierno.