A dias del balotaje la preocupación en el oficialismo es cada vez mas alta, por lo que usan todo tipo de campañas sin limites para intimidar a la provincia.

Aunque en Catamarca los números electorales lo favorecieron, a nivel nacional tiene sus dudas, y al igual que sus funcionarios no dejan de presionar y generar pánico en la sociedad con especulaciones como "los váuchers de para educación, la privatización de la salud y el quite de coparticipación a las provincias". Aunque esas expresiones son las típicas que se hacen en campaña.

Esta mañana, el mandatario expresó su "inquietud" sobre las consecuencias que podría significar una victoria de Javier Milei en el balotaje, alertando que si ello sucede no van a poder pagar los sueldos de la administración pública. La realidad es que la provincia hoy ya se encuentra al borde de la cesación de pagos y las advertencias del gobierno sobre el triunfo de una nueva fuerza son las excusa ideal para un gobierno que despilfarra recursos desde hace cuatro años. Un gobierno que siempre fue deficitario.

El mandatario, siguiendo las declaraciones sus pares jujeño y formoseño, Gerardo Morales y Gildo Insfrán, advirtió sobre el riesgo para la obra pública y el empleo generado, subrayando que la ley de Coparticipación implica el manejo conjunto de recursos provinciales y no una simple distribución de fondos desde la Nación.

De todos modos, al ganar la reelección en un marco de incertidumbre política a nivel noción, obliga al gobierno de Jalil a realizar un ajuste sin precedentes que surge de los comunicados a distintas dependencias, en la conformación del presupuesto 2024.

En efecto, en el marco de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia 2024, el Ministerio de Economía ha solicitado al Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal de Cuentas que ajusten y readecúen los gastos de los anteproyectos de Presupuesto 2024, ya que han superado las pautas establecidas por el Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, establecido por la Ley N° 29.917, la Ley N° 27.428 y la Ley N° 27.467.

En este sentido, el Gobierno requiere ajustar los gastos para el próximo año a la pauta de variación del índice de Precios al Consumidor del 69,5%, según lo establecido en el marco macrofiscal del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2024.

Esta solicitud se fundamenta en el Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece, dentro de las reglas cuantitativas, que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor (IPC) de cobertura nacional prevista en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2, inciso C) de la misma ley.

Además, establece que esta regla se aplicará para la etapa de presupuesto y de ejecución (base devengada), siendo de cumplimiento obligatorio para los tres Poderes del Estado Provincial.