Pero Argentina no es un país normal, entonces la sociedad vive en un permanente estado de zozobra, donde cometer delitos pareciera ser una regla y hacer las cosas bien, una excepción. Así, la convivencia social se hace difícil, porque quienes son elegidos jueces, fiscales, legisladores o gobernantes, nos reúnen los requisitos de idoneidad mínimos que revisten esas funciones, que mal administradas alteran el orden social, cuyas conductas desviadas provocan mucho daño: El caso Bacchiani con la complicidad de Poder Judicial y el Ejecutivo han dañado ostensiblemente a la gente.

Es harto evidente que la causa en si misma es otra estafa al pueblo catamarqueño, que sufre las consecuencias del accionar de Bacchiani y de los poderes constituidos. Existen motivos suficientes para que el juez Miguel Ángel Contreras y el fiscal Santos Reynoso sean destituidos por mal desempeño. Ninguno cumple cabalmente sus funciones de investigar delitos cometidos por la banda y sus partícipes primarios y secundarios, cómplices, la mayoría provenientes o vinculados con el poder político, oficialista y de la oposición. El fiscal siempre actuó a destiempo, se enfocó -sin tener idea- en el físico (dinero real y virtual) y se demoró en trabar medidas urgentes en salvaguarda de los bienes mal habidos. Las medidas cautelares llegaron tarde, los autos salieron de la provincia sin problemas y los bienes inmuebles adquiridos fueron cedidos libremente.

En tanto que el juez federal no ha velado ni vela por el cumplimiento de las leyes, al permitir que en reiteradas oportunidades los acusados sigan actuando, aun estando procesados y encarcelados, perjudicando exponencialmente a las víctimas de las estafas reiteradas y al Estado. En el sistema acusatorio, el principio general, es que se les asegure a las víctimas y al Estado, una división de roles que en el caso de la estafa piramidal deberían cumplir ambos funcionarios y no lo hicieron, no lo hacen, ni lo harán y si hicieron algo, lo hicieron y lo hacen mal, razón más que suficiente para que sean destituidos, porque la realidad es que no merecen ocupar esas funciones tan trascendentales. No se trata de funcionarios probos, honrados, íntegros. Todo lo contrario, ambos funcionarios permitieron al reo y su banda, operar desde la cárcel y tratar al único arrepentido como un héroe. ¡Un disparate!

Las irregularidades que presenta la causa son grotescas. Desde aquí, advertimos sobre el peligro en la demora, especialmente en la protección de los bienes mal habidos por el estafador y su banda. Esa demora permitió los intentos de desapoderamientos, algunos consumados por su inacción manifiesta. Basta observar la actividad de la Justicia ordinaria de Córdoba de las notables diferencias procesales. De algún modo el caso de Wika y Cristian Guilou también desnudaron la inoperatividad manifiesta de Contreras y Reynoso. ¿Inoperantes? o ¿Funcionales al  Poder Político?

Una Justicia dependiente del poder de turno no es justicia sino burócratas al servicio de la política. Hacen de la lentitud una operatoria visible, porque los abogados de la querella así lo informan. Sofía Piña, José Blas, Mariano Manzi y Emilio Andrés Jalil deberían estar presos. De la simple lectura de los audios de Bacchiani y su pareja (ver foto secundaria), surge claramente que Piña esta involucrada directamente en las conductas del ex trader god. Al mismo tiempo que Contreras pidió licencia, Jalil viajó a Buenos Aires a contratar un abogado que asumiera su defensa técnica. La lentitud es hermana de la impunidad. La complicidad de los poderes es tan evidente como el exterminio de los elefantes.

Así como Edgar Bacchiani, Sofía Piña, Lucas Retamozo, José Blas y Mariano Manzi sacaron la flota de autos de alta gama de la provincia de Catamarca y la intentaron enajenar o la enajenaron, aun no se sabe con certeza, en la ciudad de Buenos Aires a cambio de blockchain de criptomonedas, para que se entienda, los autos de alta gama que salieron a plena luz del día y que todos vimos en la ruta nacional 9 Norte fueron vendidos bajo la modalidad de   "Blockchain" tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Tranformar esa participación en dolares en una de la denominadas "cuevas" es muy facil y al mismo tiempo, dificil de detectar. Manzi y Retamozo sabían, eran conscientes y participaron del desapoderamiento de los bienes de Bacchiani y por su condición de abogados, en cuanto auxiliares de la Justicia, están para defender reos o precesados, no para participar en delitos.

Esos bienes registrables, que surgen del testimonio de la Justicia cordobesa, deberían haber sido secuestrados durante el año 2021; tampoco se han investigado los seis vuelos privados que hicieron Bacchiani y Retamozo en uno de los cuales se observa una bolsa bancaria termosellada, que prueba que en esos vuelos transportaron dinero sin declarar, teniendo en cuenta las disposiciones legales que rigen sobre el traslado material de grandes sumas de dinero. El punto sería interesante que la Policía Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, ambas fuerzas destacadas en el Aeropuerto Felipe Varela y sus inmediaciones, dieran las explicaciones del caso, a la Justicia Federal y a la ciudadanía en general.

Hay algunos datos llamativos, a saber, la mayoría de los involucrados que permitieron que esto sea una estafa piramidal y sideral, se calcula en Catamarca un monto cercano a los 57 millones de dólares, son de la política. Los abogados que defienden a unos y otros son del mundo la política. Entre los involucrados directos y denunciados, están Alejandro Segli, Mariano Manzi, Andrés "Tronco" Jalil.

Los abogados que participan son Ángel Granizo (ex socio de Mariano Manzi), Dr. Daniel Ortega con pasado en el ministerio de gobierno, en épocas del Eduardo Brizuela del Moral. Diego Figueroa (PRO y ex diputado provincial), que tuvo la infeliz idea de atacar un personaje y un sistema que el defendió con uñas y dientes. Es increíble que no sepa que es imposible estar de los dos lados del mostrador. Esta denunciado y es abogado de querellantes. Figueroa es el clásico prevaricador (Faltar conscientemente [un funcionario, en ese caso diputado]a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia. Además, la Justicia y el ministerio Público, cuando era diputado, al presentar ese proyecto juntamente con Natalia Saseta, deberían ser investigados por el presunto delito de cohecho activo.

Del mismo modo que duermen “cajoneados”, los expedientes de la rendición de cuentas de las campañas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, en la misma Justicia Federal con competencia electoral, bajo el paraguas de Miguel Ángel Contreras. El pacto de Yerba Buena que se celebró con la cúpula de “Cambia Catamarca” primero y se extendió a todo Juntos por el Cambio en las elecciones generales, tuvo en danza una suma cinco veces millonaria de siete ceros. Ganaron (PASO) y perdieron (Generales), pero el origen de la financiación claramente fue ilícito ya que provino de la finanzas de Edgar Adhemar Bacchiani y su pantalla favorita ADEHMAR CAPITAL S.R.L. efectuada ex profeso en extraña jurisdicción, donde el Fiscal Federal General declinó la competencia hacia la Justicia Federal de Catamarca.

Es “vox populi” que estuvieron involucrados, por acción u omisión, la lista del actual senador nacional Flavio Fama, el diputado nacional Francisco Monti, el diputado provincial Enrique Cesarini y el enlace Mariano Manzi (PASO), luego extendida a todo el espacio de Juntos por el Cambio para financiar las elecciones generales; todos ellos fueron conscientes de haber recibido cuantiosos recursos financieros por parte del estafador serial antes denominado trader god y los muchachos, que nunca disimularon la bonanza, cerraron las dos campañas en Wika que en ese momento estaba en poder de Edgar A. Bacchiani. Cabe recordar que omitieron ambas rendiciones de cuentas y solo lo hicieron por una intimación de la Justicia Electoral, después que El Pucará denunciara la irregular situación.

Ahora que las papas queman, el poder político en su conjunto, cierran filas, aflora con fuerza “la corporación política” que cuando se ve atacada reacciona al mejor estilo de la mafia y tratan de embarrar la cancha para que todo quede en la nada. En la trama judicial, Mariano Manzi y Raúl Jalil parecen enemigos, pero en realidad son socios en el barro, están iguales y la defensa pasa a ser corportiva, sin olvidar nunca que Rubén Manzi es neurólogo del Sanatorio Pasteur, al fin y al cabo "entrebueyes no hay cornadas" dice un viejo refrán español. Todos sucios y cómplices de la mayor estafa de la historia en donde hay una enorme porción de ciudadanos catamarqueños arruinados para siempre.