El embajador bolivariano en la sede de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, expresó "el firme rechazo del Gobierno venezolano al contenido, las conclusiones y recomendaciones del informe" presentado horas antes por la oficina que conduce la expresidenta chilena, que señaló que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco está controlada por grupos delictivos organizados.

El texto de la institución internacional indica que estas organizaciones criminales “imponen sus propias reglas” debido a que “sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios” y “aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa”, reseñó el diario venezolano El Nacional.

También aseguró que el Arco Minero “representa un área de alta contaminación y destrucción ambiental” que, además, "ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”.

La postura sobre Venezuela se expuso en la 44° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente a la presentación del informe sobre Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, derivado de la Resolución 42/25 del mencionado Consejo, que el país caribeño no reconoce y considera una imposición a un Estado soberano.

Valero reiteró el desconocimiento y firme rechazo del Gobierno venezolano al “contenido, conclusiones y recomendaciones” del informe elaborado sobre la base de una Resolución que rechaza desde sus orígenes y porque “en ningún momento se ha brindado consentimiento o insumos para su elaboración”, acotó el diario Últimas Noticias.

Esa resolución, que establece la creación de una misión internacional para evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela, “fue adoptada por un reducido grupo de países miembros de este Consejo, que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos”, cuestionó el embajador Valero.

Venezuela, además, consideró que la Resolución 42/25 no tiene ninguna justificación, e implica una clara duplicidad de esfuerzos y recursos en relación con los mandatos contenidos en la Resolución 42/4 del Consejo, referida al Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los DDHH en Venezuela, que cuenta con el pleno apoyo de la nación bolivariana.

El embajador reseñó que Venezuela enfrenta actualmente una "agresión multiforme" liderada por el Gobierno de los Estados Unidos, a la vez que reiteró el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación con las instancias de la ONU en la materia.

En su presentación, la ACNUDH expresó que los grupos armados trabajan en complicidad con funcionarios de seguridad del Estado.

"El tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”, precisó.

De igual manera, puntualizó que estos grupos delictivos exigen a mineros que paguen entre el 10 y 20% del mineral extraído, y alrededor del 15 al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.

Finalmente, el equipo de Bachelet registró cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Manifestado así que el ente Ejecutivo en lo más mínimo ha demostrado inquietud por buscar a estas personas que desaparecieron en condiciones de “grave criminalidad”.