Tres nombres comenzaron a circular entre jueces y fiscales federales como los interlocutores de Javier Milei con la Justicia. Aseguran que el trío tuvo sus primeros contactos con figuras de los tribunales de Comodoro Py. Los nombres dejaron pasmados a algunos y confirmaron las sospechas de otros.

Los emisarios que se ufanan de sus contactos con Javier Milei son el abogado Santiago Viola, a quien el candidato libertario había nombrado apoderado de su partido, el exfuncionario sciolista Guillermo Scarcella y Alfredo Freddy Lijo, reconocido por su inigualable salto patrimonial cuando actuaba como operador del kirchnerismo. Los tres tienen una historia singular.

En el amanecer del sábado 3 de noviembre de 2018, Santiago Viola sujetaba el volante de su BMW, que se deslizaba a velocidad por la autopista Panamericana. El cielo apenas comenzaba a clarear en el horizonte cuando, de pronto, el auto embistió contra la parte de atrás del pequeño Peugeot 207 que manejaba el policía Ángel Zaragoza. Hubo un estruendo de chapas y vidrios rotos. El policía estaba de franco. A su lado iba su mamá. Atrás estaba la pareja de su madre, Leopoldo Maidana, de 65 años, que murió por las heridas del impacto. A la mamá se le quebró la pelvis.

A bordo de su BMW, Santiago Viola resultó ileso.

El fiscal Jorge García, de San Isidro, peleó para que Viola no fuera excarcelado. Temía peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Las fuentes judiciales revelaron en aquel entonces a LA NACION que el abogado se había negado a que le hicieran el examen necesario para medir la alcoholemia. El fiscal se jubiló tiempo después. Viola terminó sobreseído luego de alcanzar “un acuerdo de reparación total del daño”, según reconstruyeron ahora fuentes judiciales.

Pero Santiago Viola, el elegido por Javier Milei, había saltado antes a la fama como el abogado de Leandro Báez, uno de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, el testaferro que se quedó con la mayor parte de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Viola fue denunciado por el juez Sebastián Casanello por una maniobra con testigos falsos que declararon que el magistrado se había reunido con Cristina Kirchner en 2015 en la quinta de Olivos. Todo resultó falso. Era un armado pergeñado por los servicios de inteligencia paralelos para apartar al juez. Una operación nacida de los sumideros marginales de la justicia y el espionaje.

Los apuntados fueron Viola y su mamá, la abogada Claudia Balbín. Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados por falso testimonio. Sin embargo, más allá de los perejiles, la meta de Casanello era determinar en qué usina se había cocinado la maniobra. Se presentaron entrecruzamiento de llamadas y testimonios contra Viola por “instigar a cometer falso testimonio”. Para los denunciantes no había dudas. Pero el abogado tenía sus contactos. Entre otros, a Viola se le atribuyen también vínculos con Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, que fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos.

En 2021, a pesar de que existía un fallo confirmado por la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal sobreseyó a Santiago Viola y al fiscal Eduardo Miragaya, exmiembro de los servicios de inteligencia, por la denuncia de la operación contra Casanello. Los jueces, encabezados por el inefable Mariano Borinsky, junto a Javier Carbajo y Ángela Ledesma, anularon las decisiones anteriores. Gracias a la Cámara de Casación, Viola recuperó su “buen nombre y honor”. En la Justicia consideran determinante la relación con Mahiques para su buena fortuna.

Su mamá, Claudia Balbín, había sido vinculada antes con los servicios de inteligencia desde los tiempos del menemista Hugo Anzorreguy, y con el grupo que se reunía asiduamente en el Hotel Presidente. Lo integraban el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y Miragaya. La hermandad se mantendría. El juez Canicoba Corral nombró a Viola como interventor del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) cuando se investigaba a Omar “El Caballo” Suárez, en una maniobra que terminó atravesada por denuncias de corrupción.

El vínculo con Canicoba Corral, que finalmente renunció en 2020 tras ser denunciado por presuntos sobreprecios, sobornos y enriquecimiento ilícito, llevan también al segundo integrante del trío: Alfredo Freddy Lijo. Se trata del hermano del juez Ariel Lijo, aunque en Comodoro Py aseguran que hace años que se mantienen distanciados. En 2018, LA NACION reveló audios comprometedores donde Freddy Lijo aludía a “plata” guardada y maniobras financieras. Durante años, Freddy fue un conocido deambulador de los pasillos de la justicia federal y ganador de la Rody Cup, el premio de truco anual que se disputaba entre jueces federales y que recibió su nombre porque el primer trofeo fue donado por Canicoba Corral.

Como reconstruyó el periodista Iván Ruiz, el milagroso Alfredo Lijo había comenzado vendiendo empanadas en la calle y los clubes de barrio en Villa Dominico. Después probó con usar una furgoneta para hacer changas. Pero terminó por forjar su éxito “resolviendo” problemas en la Justicia.

El tercer integrante del equipo de emisarios de Javier Milei es Guillermo Scarcella, de estrecha relación con Karina Milei, que fue denunciado por corrupción durante su paso por Aguas Bonaerenses (ABSA) en la gestión de Daniel Scioli. Y también enfrentó denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

A Scarcella se lo señaló como el recaudador de la campaña presidencial de Scioli y es, por lo tanto, un experimentado colaborador de aspirantes a presidente.

Scarcella llegó a Javier Milei de la mano de la hermana del candidato. Lijo y Viola, en cambio, arriban a través de Carlos Kikuchi, mano derecha del pretendiente de la Presidencia en su mesa partidaria. Se conocen hace décadas y, como muestra sus recorridos, tienen méritos comunes.

Damián Nabot