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Columnistas

Los gobiernos de los Kirchner cosecharon el mayor nivel de corrupción desde 1983

Los ex presidentes aumentaron su patrimonio en blanco en más de mil por ciento en 12 años. En el 2015, había casi 300 ex funcionarios o empresarios amigos procesados. Desde Boudou al caso Cuadernos. 

El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner entró en la Casa Rosada sin dejar sus convicciones en la puerta. La frase es de él mismo. Fue su primer día como Presidente de la Nación. Varios de quienes serían flamantes funcionarios, desde asistentes privados, secretarios de Estado y ministros, llegaron a sus primeros cargos nacionales sin ninguna fortuna personal, pero se pero se retiraron como verdaderos magnates, según testimoniaron e varios de ellos ante la Justicia, en calidad de “arrepentidos”.

El jueves se cumplirán veinte años de aquella fecha histórica.

El ciclo político del clan Kirchner, que gobierna Santa Cruz desde 1990, llega ahora a las próximas elecciones con una limitación única y lastre difícil de esconder.

La actual vicepresidenta Cristina Kirchner admitió que no será candidata, entre otras variables, porque ella misma fue condenada en un caso de corrupción por un tribunal oral y público: fue sentenciada a cumplir seis años de cárcel tras ser considerada culpable del delito de malversación de fondos públicos en la causa conocida como Vialidad Nacional. El fallo no está firme.

Por fuera del análisis político, social y económico de lo que implicó para la Argentina el ascenso de los K al Poder Ejecutivo Nacional, es insoslayable incluir la variable de la corrupción que marcó las tres Presidencias de los Kirchner, todo a la par del intento de cooptación de un Poder Judicial que les permitiera garantizarse impunidad.

Los antecedentes de los modos reñidos con las leyes, la falta independencia entre los poderes del Estado en el sur austral, y la carencia de la ética que deben cumplir los funcionarios que manejan fondos estatales, eran una cualidad negativa que los Kirchner habían ejecutado antes Santa Cruz.

Pocos dirigentes opositores, y también una minoría de periodistas, alertaron sobre esos rasgos perjudiciales con los que los Kirchner manejaron su distrito.

Pasaron veinte años y las Presidencias K ostentan el récord en la democracia que retornó en 1983 de funcionarios procesados y encarcelados por corrupción.

En el acto que la vice liderará el próximo 25 de mayo lo que se leerá en los próximos párrafos será silenciado.

Cristina Kirchner es la presidenta que más se enriqueció ocupando ese cargo de todos sus antecesores desde 1983 a la fecha.

Aunque ella intente instalar que eso no ocurrió. Que cuando dejó la Casa Rosada volvió al mismo departamento de La Recoleta del que había salido para vivir con su esposo en la Quinta de Olivos.

Olvida enumerar la infinidad de inmuebles que adquirió con su marido y su hijo, además de la creación de empresas que les dieron ganancias exhorbitantes para el mercado.

De acuerdo solo a sus bienes declarados ante el Estado, el patrimonio de la vice creció más de mil por ciento mientras ella ostentaba el poder central.

Tras algunos años en la Casa Rosada, su familia decidió dedicarse, súbito, al comercio hotelero.

Compraron y construyeron tres emprendimientos turísticos en El Calafate, y un cuarto en El Chaltén. Nunca manejaron esos negocios. Lograron alquilarlos para que el management quede a cargo de dos contratistas muy beneficiados por ellos mismos con contratos de obra pública otorgados por el Estado.

Uno, el más conocido, es el magnate repentino Lázaro Báez, condenado por lavado de dinero agravado en el caso de La Ruta del Dinero K. El otro fue otro constructor de infraestructura financiada por el Gobierno, Juan Carlos Relats. Ambos pagaron cifras de cientos de miles de dólares para rentar los hoteles K que nunca le generaron ganancia. Aunque sí la obtenían en sus otros emprendimientos garantizados por sus locadores.

Báez compró casas a los Kirchner a precios más altos de los que ellos mismos las habían pagado poco tiempo antes les vendió inmuebles más baratos de lo que él había pagado para adquirirlos.

Su testamento indica que sus hijos solo podrán usufructuar esa herencia después de que pasen 30 años de su muerte.

Para querellantes y denunciantes de ese lazo comercial, de amistad, humano, Báez fue testaferro de la familia K.

Además de hoteles, los Kirchner crearon una inmobiliaria sin sede conocida, con un solo empleado que declaró que cuidaba las plantas de la casa de la vice en El Calafate, pero que aun así fue un negocio espectacular: Los Sauces compró varias propiedades muy cotizadas en Buenos Aires y otra vez fueron beneficiados con licencias del Estado y contratos de obra públicas quienes se las alquilaron muy pero muy caras: el empresario del juego, la energía y los medios, Cristóbal López, y su socio, Fabián de Sousa.

Por esos dos negocios, los hoteles y la inmobiliaria, los Kirchner podrían ir a juicio oral y público si la Cámara de Casación determina que ese proceso debe reiniciarse. Tarde o temprano, esa resolución se hará pública.

Muchos de los asistentes privados de los ex presidentes que llegaron sin dinero al poder aquel 25 de mayo del 2003, son o fueron más adelante empresarios multimillonarios en dólares.

Quien llevaba el teléfono rojo de Kirchner, y sus principales papeles, Daniel Muñoz, fallecido por un cáncer, se transformó pronto en ejecutivo multirubro, adquirió desde propiedades hasta petroquímicas, departamentos en Estados Unidos por 75 millones de dólares, construyó mansiones y hasta fue dueño de un gran terreno frente al mar en el paraíso fiscal de Turk & Caicos.

Lo admitió su esposa, arrepentida en la causa Cuadernos de la Corrupción, instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, y por el fiscal Carlos Stornelli.

Otro de sus secretarios privados, Fabián Gutiérrez, también “arrepentido” en ese mismo expediente, fue asesinado de un modo cruel en El Calafate por una banda de jóvenes que lo torturaron para que les confesara donde guardaba su tesoro de dinero en efectivo. Millones de dólares.

El también arrepentido Leonardo Fariña, con declaración validada por la Cámara de Casación Penal, contó a la Justicia que Báez tenía una fortuna aproximada de 6 mil millones de dólares.

En Cuadernos aceptaron declarar como colaboradores de la Justicia el ex titular del organismo que controlaba las concesiones viales, Claudio Uberti, aquel que llegó a Aeroparque con una valija repleta de dólares cash junto al venezolano Antonini Wilson, igual que otros asistentes de total confianza de los Kirchner, como el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo.

Esa causa provocó también la confesión y colaboración judicial del propio contador K, Víctor Manzanares, que relató y acompañó con documentación y contratos que demostraban los negocios multimillonarios de los hoteles K y del asistente Muñoz.

Los investigadores de la instrucción del Caso Cuadernos, el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, trabajaron en conjunto con otros expertos judiciales, así como Los Tres Mosqueteros y D’artagnan. Lograron reconstruir un circuito de recaudación ilegal de coimas pagadas por empresarios que admitieron haber hechos esos pagos, funcionarios que a aceptaron haberlos cobrado, describiendo además como se enviaba esa plata en bolsos y bolsos que volaban en aviones oficiales a escondites en Santa Cruz.

Bonadio, en un allanamiento, demostró que los Kirchner habían montado una bóveda en su casa de El Calafate. La modificaron para intentar tapar la evidencia, pero peritos demostraron su verdadera finalidad.

En un repaso resumido e injusto de quienes primero denunciaron esta corrupción, se debe mencionar a la ex diputada Elisa Carrió y su equipo.

Al santacruceño Álvaro de Lamadrid, que denunció cómo los Kirchner repartieron tierra fiscal en El Calafate a una cincuentena de funcionarios a precio vil.

Ese caso quedó en nada por un motivo no razonable pero entendible: la fiscal de esa ciudad, al mismo tiempo compradora de terrenos baratos, es la sobrina de Cristina Kirchner, hija de la gobernadora Alicia, prima de Máximo, Natalia Mercado.

La ex legisladora Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez, también alentaron casos que terminaron con condenadas.

Los dirigentes y periodistas que intentaron que la opinión pública conozca esa información es más numerosa.

Un libro pionero en estos temas, que hoy circula fotocopiado, es “El Amo del Feudo”, escrito por el santacruceño Daniel Gatti hace también dos décadas. Leerlo hoy es como leer sobre el pasado reciente, aunque cuando se publicó esa lectura era un viaje al futuro.

El primer caso de desmanejos de fondos públicos que sacudió a la gestión Kirchner fue el conocido como “Skanska”: se investigó el supuesto pago de sobornos a funcionarios para la construcción de dos gasoductos.

Eso ocurrió en 2005.

Ellos mismos fueron denunciados por enriquecimiento ilícito. Pero lograron ser sobreseídos sin recolección de pruebas mínimas para tomar esa decisión por el juez Norberto Oyarbide: él mismo era cuestionado por enriquecerse ya que sueldo como magistrado nunca pudo haberle alcanzado para vivir entre lujos como vivió.

El contador Manzanares contó después cómo fue que él mismo ayudó a acomodar los desprolijos papeles financieros K en compañía del… magistrado.

Las causas por corrupción K son récord total y es de resolución imposible resumirlas en un solo artículo.

Basta con recordar, por ejemplo, las imágenes elocuentes, del ex secretario de Obras Públicas, José López, que durante una alocada madrugada terminó siendo filmado en un supuesto convento de monjas al que llevó 9 millones de dólares en efectivo, relojes de lujo y armas para esconderlos allí. Fue descubierto.

Ante la flagrancia, Cristina habló por primera vez de corrupción entre sus subalternos, pero adjudicó la responsabilidad de ese hecho a empresarios ligados a la oposición. López también declaró como arrepentido en “Cuadernos”.

Los relatos de esos imputados colaboradores K son un óleo de prácticas increíbles de saqueo de fondos públicos, un óleo pensado pero no imaginado tal como habría sucedido.

Otras grabaciones impresionantes de dinero en bolsos e impunidad fueron difundidas por El Trece: mostraron la intimidad de la financiera “La Rosadita”,de los Báez, mientras empleados y un hijo contaban plata cash que sacaban de bolsos muy pesados, muchos bolsos. Cuando culminaron esa faena, brindaron con whisky y fumaron puros.

Otro caso emblemático fue el del ex vicepresidente, Amado Boudou, también condenado a la pena efectiva de cinco años y seis meses de cárcel por haberse adueñado de modo ilegal de la única imprenta privada capaz de imprimir dinero, acciones, cheques, y documentos. La ex Ciccone Calcográfica.

Clarín había también adelantado, en los primeros años de poder de Kirchner, que la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, malgastó presupuesto de su organismo para malversarlo en provecho propio. Tras años de proceso, fue condenada a tres años de prisión en suspenso.

Jorge Lanata develó en su momento que en el baño del despacho de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, se habían descubierto en una bolsa 100 mil pesos y casi 37 mil dólares cash. Cotización 2007. Fue condenada a cuatro años de prisión.

La oficina anticorrupción durante la gestión de Mauricio Macri en el Gobierno, liderada por Laura Alonso, culminó su tarea con estos resultados: logró que 299 ex funcionarios K y empresarios fueran enviados a juicio oral y público, todos procesados por corrupción.

Todo este vértigo de revoleo de dinero publico, reparto irregular de plata y enriquecimiento total de una parte del funcionariado K, se dio en medio del intento de la Casa Rosada al mando de Cristina de reformular las fiscalías a través de un plan que llevó adelante la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que intentó coptar el Ministerio Público con empleados de la Justicia que militaban para el kirchnerismo.

Gils Carbó debió renunciar por verse ella misma imputada en una causa por la supuesta compra irregular de una nueva sede para su organismo.

Durante los cuatro años de Kirchner (Cristina) como titular del Senado, se intentaron sancionar leyes para modificar la composición de la Corte Suprema, reformular de modo completo al Poder Judicial y se apartó a jueces de sus cargos, además de que se impulsaron fallidos juicios a fiscales, y otras autoridades judiciales.

En total, más de ochenta empresarios y ex funcionarios K pasaron por prisiones federales.

El primero de ellos fue el enriquecido de modo brutal, ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Cristina nunca jamás pidió por ellos ni los defendió.

Ella estalló de furia ante el histórico alegato del fiscal de Vialidad, Diego Luciani. En agosto pasado, el mismo día que se conoció su sentencia en el caso Vialidad, la vice gritó desde el Senado, en vivo en transmisión por streaming, que no se postularía a ningun cargo público.

Años atrás, el primer fiscal del caso de La Ruta del Dinero K, José María Campagnolli, debió enfrentar un jury que intentó destituirlo.

No pasó.

En la actualidad, quienes son enjuiciados por el Congreso son los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El mundo del revés.

Ya en las presidencias anteriores de Cristina, se usó el aparato de propaganda para perseguir a testigos de casos de corrupción o periodistas.

En la obra pública quedaron salpicadas hasta las Madres de Plaza de Mayo y su constructora irregular. Lo mismo que la dirigente social Milagro Sala.

El mismo 25 de mayo de 2003, en su primer discurso como Presidente, ante un Congreso colmado, Néstor Kirchner prometió que su gestión sería una “garantía de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Afirmó que de ese modo se fortalecerían “las instituciones”.

Y aseguró que “gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad”, ni tampoco de “acuerdos oscuros, manipulación política o pactos espurios” ocultos a “la sociedad”.

Tenía razón.

Pero no cumplió.

Nicolás Wiñazki

CLARIN

Corrupción kirchnerismo opinión politica

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