Cuando la ciudadanía siente que un Estado ya no puede responder a sus demandas básicas, disminuye la credibilidad y la confianza en las instituciones gubernamentales, y se entra en un círculo vicioso que llamamos crisis de gobernabilidad. Se pierde la autoridad y el consenso fundamental de respeto a las leyes, una espiral que resulta muy difícil de contener y revertir.
Con una alta inflación como la que estamos padeciendo, con la pérdida diaria de la capacidad adquisitiva del peso y su consecuencia más dolorosa, como es el aumento de la pobreza; así como la falta de respuestas rápidas y eficaces a situaciones de violencia, ponen a un gobierno que está de salida (si se replica más o menos en forma similar el resultado de las PASO en las elecciones generales de octubre) en un margen cada vez más estrecho de acción. A la inestabilidad monetaria y la incertidumbre electoral, se le agrega un estado de anomia que ya lleva muchos años, esto es, la percepción de la ausencia de normas que nos rijan día a día. Un porcentaje importantísimo de la población cumple con las leyes porque considera que eso es lo correcto; otro, en cambio, lo hace por temor a la sanción. Desvanecido ese temor, actúa a sus anchas el sector de la criminalidad alentado por la impunidad.
La gobernabilidad es una política de Estado, no depende de tal o cual partido que circunstancialmente esté en el gobierno. En un Estado de Derecho nos gobiernan la Constitución y las leyes, por lo que hay una continuidad en las normas que suelen estar vigentes durante varios años, llegando a décadas. Pero si estas leyes no se aplican o no pueden aplicarse, es ineficaz al momento de prevenir situaciones que pueden llevar a crímenes o de detener a los sospechosos tras el hecho delictivo, no controla las calles ante los cortes de rutas y piquetes, si el Estado no puede garantizar la estabilidad de su moneda, entonces se desploma la credibilidad en todo el sistema, arrastrando a todos los actores involucrados, ya sea el oficialismo como la oposición. Como la especie humana tiene horror al vacío, lo llena rápidamente con seres mesiánicos que prometen pretendidas soluciones fáciles, rápidas, violentas a cualquier costo, para que nos saquen de la ingobernabilidad. La historia de la humanidad abunda en ejemplos sobre esto, desde tiempos antiguos hasta este siglo XXI en el que estamos transitando.
Sea cual fuere el resultado de las urnas, es nuestro deber cívico permanecer en alerta ante cualquier desviación del orden constitucional, un mecanismo preciso de instituciones que se ha establecido para su control mutuo y equilibrado, a fin de que ninguno pueda desbordar en su poder. Y están también los controles externos, como son los medios de comunicación y la sociedad civil. En medio de la tempestad, cuando el oleaje nos azota por los cuatro costados y apenas nos permite ver el horizonte, es cuando más precisamos de templanza y aplomo, de profunda confianza en el valor de la Constitución que nos legaron nuestros próceres fundacionales de la República.
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