El Concejo Deliberante de Fiambalá, con mayoría opositora, ratificó la ordenanza Nº 679 de aumento salarial a los empleados municipales, que había sido vetada por la intendenta Roxana Paulón (FT). "Hicimos un cambio a la propuesta del Ejecutivo, y lo hicimos con total responsabilidad", explicó la presidenta del CD, Rosana Carrizo (JPC), quien cuestionó los errores en el decreto del veto de la mandataria.
Días pasados, los concejales de la oposición modificaron un proyecto elevado por el Ejecutivo para otorgar un aumento salarial de $500 y decidieron duplicarlo a $1.000, y sancionaron que a partir del primero de julio se establezca un premio extraordinario para todo el personal de planta permanente de la Municipalidad de Fiambalá, que será no remunerativo del sueldo bruto.
La intendenta Roxana Paulón vetó esa ordenanza, al señalar que el Ejecutivo no cuenta con los recursos para cubrir ese gasto. El jueves, en una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante insistió con la norma y la ratificó.
"Ratificamos la ordenanza, porque la intendenta citó la ley de régimen municipal con el nº4040 y no existe, la ley es la nº4640. También citó un artículo equivocado.
Nosotros trabajamos responsablemente, asesorados por personal técnico y legal para hacer una cosa responsable. Y sabemos que el Ejecutivo tiene comprometido su presupuesto en un 50%, por lo que tiene margen para aplicar esta ordenanza. Además, nos acogimos al Estatuto Municipal", explicó Carrizo a medios locales.
Carrizo remarcó que la propuesta del Ejecutivo era la de incorporar $500 al básico y $500 por presentismo, y lo que hicimos fue que los $1.000 fueran al básico, con lo que beneficiamos al empleado municipal en todos sus ítems". "Solo modificamos un proyecto que vino del Ejecutivo. Lo ratificamos con los dos tercios por simple mayoría, en sesión extraordinaria y se aplica desde el 1º de julio, así que lo cobrarán ahora en agosto", insistió la edil.
Esta ordenanza, además, incorporó como premio dos sueldos adicionales a los empleados con 25 años de servicio, tres sueldos a los que tienen 30 años de servicio, y cuatro sueldos al alcanzar el beneficio de la pasividad.
La disputa entre la intendenta y la presidenta del CD arrastra distinto ribetes desde el episodio en el que Carrizo fue denunciada por la supuesta venta de bebidas alcohólicas en un comercio de su propiedad mientras regía una veda, y la intendenta Paulón había sugerido que la edil "diera un paso al costado". Luego se sucedieron entredichos a la hora de la sucesión ante licencias de la mandataria, y ahora se suma este capítulo que tiene a los empleados municipales como protagonistas.
En varias oportunidades, Paulón recordó que Carrizo era una de las personas que motorizó la protesta en la Municipalidad cuando a ella le tocó asumir en 2015, en medio de una transición traumática que incluyó la toma del edificio municipal, quemas de gomas y varios incidentes.
Además, no es la primera vez que Paulón tiene inconvenientes para lograr el aumento pactado con los municipales: en 2018 ocurrió una situación similar y el municipio vetó la ordenanza que finalmente sancionaron los concejales.
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