El informe, de 122 páginas al que accedió LA NACION, titulado “Un país en estado de sospecha”, fue ordenado por Mesicic, el organismo especializado en corrupción de la OEA, para analizar el estado de avance de la implementación de la Convención Anticorrupción en Argentina, y afirma: “La República Argentina vive un sistema disfuncional donde la realidad no corresponde con el mundo del derecho”.

Una de las conclusiones más contundentes del trabajo es que las causas de corrupción en el país no llegan a resultados porque el sistema es funcional a ese fin. Se intentó analizar -según el trabajo- las estadísticas disponibles sobre causas y condenas por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pero la falta de estadísticas e información disponible son señaladas como parte del problema por el propio informe.

La falta de condenas, la interferencia de la política en la Justicia, las amenazas institucionales, las demoras en las causas de corrupción, la obstrucción de acceso a la información pública y la falta de estadísticas actualizadas y la falta de elementos e infraestructura son algunas de las problemáticas planteadas. Sostiene, además que hay dos realidades, la formal y la de la implementación.

El proyecto del oficialismo de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y la falta de consenso político para designar a un procurador general de la Nación también son señalados como un déficit por el informe.

“Existen amenazas institucionales para la lucha contra la corrupción: hace más de un año que el Poder Ejecutivo ha designado al Procurador General de la Nación, pero el Senado no ha tratado tal pliego, existe un proyecto de ley para modificar al Ministerio Público Fiscal para nombrar al Procurador General sin mayor consenso, generando un jury con mayor facilidad para remover a los fiscales ya que se ha proyectado un cuerpo más politizado para conformar el jurado”.

El informe también objetó el trabajo de la comisión de juristas que asesoró a Alberto Fernández sobre el funcionamiento del Poder Judicial: “No es menor la amenaza para modificar a la Corte Suprema sugerida por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo cuyos integrantes son abogados defensores de funcionarios públicos con procesos de corrupción pendientes ante la misma Corte u órganos inferiores”.

“La falta de estadística y la duración de las causas, como están en la Argentina, son funcionales a mantener y agravar la corrupción en el país. Como consecuencia, el país vive en un gigantesco estado de sospecha, donde los funcionarios o exfuncionarios no son condenados, pero tampoco declarados inocentes”, concluye el informe. El Foro está presidido por Alfredo Vítolo. El proyecto estuvo dirigido por Marcelo Octavio de Jesús.

“La Argentina tiene un sistema normativo muy aceptable para combatir y reprimir la corrupción -agrega-. Pero no se cumple. En realidad, parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias.”

Los casos por enriquecimiento ilícito

Fueron analizados los buscadores generales del Centro de Información Judicial (CIJ) -dependiente de la Corte-, el Observatorio de Corrupción del CIJ y los datos disponibles por la base de datos del Ministerio Público Fiscal (MPF), entre otros. Según las cifras de la propia Corte Suprema, el máximo tribunal dictó en 12 años solo tres sentencias por enriquecimiento ilícito.

Más allá de que hay visibles diferencias en las cifras arrojadas por ambos respecto de la cantidad de causas en trámite, la información ofrecida por el MPF es, según el informe, la más “completa y detallada”.

Respecto de las demoras en los procesos judiciales, Fores plantea que, entre otras sugerencias, “debería reorganizarse el Código Procesal de manera de que no se planteen una innumerable cantidad de recursos en cada instancia frente a decisiones judiciales sucesivas”.

“Sin perjudicarse el derecho de defensa, tal vez podría pensarse en que todas las decisiones susceptibles de apelación se adopten de manera de concentrar en uno solo o en muy pocos recursos. Con esto se puede limitar las excesivas demoras. Un expediente puede llegar a transitar ocho instancias”, advierte el informe.