Fuentes judiciales informaron que el pedido fue realizado esta semana y que las partes intervinientes tendrán hasta principio de abril para realizar las impugnaciones que consideren necesarias, y que dentro de aproximadamente 40 días podría realizarse una audiencia para definir la próxima instancia judicial.

El pedido de elevación fue largamente esperado por la familia de la víctima, en medio de una compleja trama de prórrogas de prisiones preventivas dispuestas por la Justicia interviniente para los cinco imputados en el último año, en el marco de la pandemia.

Desde el entorno familiar del pequeño productor agropecuario brutalmente asesinado en la zona limítrofe de aquella provincia con el este catamarqueño celebraron la novedad pero con reservas, ya que podrá haber demoras en los trámites legales como consecuencia de la pandemia.

Por el tiempo trascurrido desde que inició la investigación y el cúmulo de pruebas producidas, se espera que las partes intervinientes, sobre todo la defensa de los acusados, no realice presentaciones ante la Justicia y que se proceda a determinar la fecha de inicio del debate.

Por el hecho los cinco detenidos fueron imputados por “homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas”.

Se trata de Saúl Jerez (75) -compadre de la víctima y principal sospechoso -, quien  fue beneficiado con prisión domiciliaria por problemas de salud.

Jerez fue detenido a mediados de agosto de 2019 y le siguieron el policía retirado Lindor Rodríguez, (55)  y su esposa y docente Claudia Viviana Pereyra (51), con quien la víctima habría mantenido un romance.

La investigación que incluyó el peritaje de teléfonos celulares y mensajes de audio presuntamente enviados entre los sospechosos, no descartó ninguna hipótesis, pero apuntó a que se habría tratado de una ejecución brutal por disputas de tierras, ganado y un ajuste de cuentas.

En este contexto también fue arrestado Nicolás Miguel Vega (50), quien semanas si bien fue excarcelado por falta de pruebas en su contra, quedó supeditado a la prosecución de la causa.

A principios de noviembre de 2019 y tras la delación de Jerez, los hermanos Jesús Osmar Pinto (47) y Daniel Ramón Pinto (38) fueron detenidos e imputados por “homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas”. Se supo que Jerez los habría incluido en la escena del crimen, ocurrido al norte de la ciudad de Frías, camino a Brea Chimpana, a pocos metros de la actual ruta nacional 157.

El hecho causó profunda conmoción por la saña con que fue cometido y porque están involucradas familias tradicionales de la zona.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, Peñaflor fue torturado y ejecutado de un disparo en la cabeza para luego ser incinerado dentro de su camioneta, en un descampado.

De los restos carbonizados se obtuvo una muestra de tejido que meses después y en un estudio de ADN permitieron establecer su identidad.