En sus fundamentos, la legisladora señaló: “La nueva estructura social formada por un importante contingente de personas mayores, avoca a un estudio actualizado del tema. El espectacular aumento de la esperanza de vida, junto con los avances en la investigación médica y el descenso de la natalidad, han contribuido a que la conformación de la sociedad cambie, y debemos estar a la altura de las circunstancias, no solo desde el punto legislativo”.

Explicó que: “No podemos desconocer que las personas adultas mayores constituyen hoy uno de los grupos humanos más vulnerables del mundo jurídico, y son sujeto de derecho, he ahí la necesidad de un sistema normativo especifico que le ofrezca un marco de protección adecuado a su naturaleza, logrando así una esfera de libertad necesaria para poder desarrollarse como persona dentro del régimen humanista que considere al adulto mayor como un fin en sí mismo”.

A nivel Nacional los derechos del adulto mayor están amparados por la Constitución Nacional mediante el art 75 inc. 23, añadió. “El instrumento propuesto en la provincia, tiene como objeto preservar los derechos del adulto mayor, promoviendo su integración activa en la familia y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar físico, psicológico y socioeconómico y erradicando todas las formas de discriminación y violencia”, concluyó.