En la entrevista radial, el letrado afirmó "que la derogación de la ley de creación de la Caja Forense, tratada en una asamblea extraordinaria, está absolutamente definida porque jamás había cumplido con la finalidad previsional para la que había sido creada y agregó que no hubo ningún acto de este carácter que justificara el verdadero saqueo que se estaba haciendo desde hace cuarenta años."

Comentó que la misma asamblea decidió que debía convocarse con carácter de urgente a la Corte de Justicia y a todos los tribunales ordinarios de la jurisdicción provincial exigiendo que los jueces deben abstenerse de exigir el débito y el descuento o los aportes establecidos en el artículo 4 de la ley 2789, que son el diez por ciento sobre los montos de los honorarios regulados en todo tipo de juicios y el veinte por ciento de los sucesorios.

Agrego que resultaba "expoliatorio, remarcando que eso ya está resuelto por mayoría, se firmó un acta, no hubo oposición ni argumento alguno que permitiera sostener la viabilidad de la CF y que se tendrá que rendir cuentas sobre qué pasó con los aportes, no de los cuarenta años porque es imposible, pero sí de los últimos periodos y qué va a pasar con los bienes de la institución".

Indicó que nunca supieron nada de lo que se recaudaba y que hubo una rendición de cuentas que presentó el doctor Rosales Vera en el Juzgado Civil N° 4 donde se acredita que durante el año 2018 se recaudaron 10 millones de pesos, que se utilizaron para cubrir gastos administrativos de la CF, con lo que se puede advertir que hubo irregularidades muy grandes, ahora se puso fin a eso y sostuvo que los dueños fueron quienes decidieron qué hacer con ella y que determinaron disolverla y pedirle a la Legislatura que derogue la ley.