El Gobierno nacional decidió extender el ajuste a los jubilados hacia el sector educativo. Las Universidades Nacionales están funcionando con el presupuesto del año pasado, lo cual generó críticas de la oposición.

Luego del avance en el acuerdo con los bonistas extranjeros se vino la discusión por la ampliación del presupuesto nacional, y los organismos y dependencias del Estado plantean la porción de torta que recibirán en ese contexto. En ese marco las Universidades discuten su porción.

La discusión por el reparto de los fondos mostraron al oficialismo y a la oposición en un duro cruce solicitando informes a la Comisión de Presupuesto, presidida por Carlos Heller del Frente de todos. La oposición quiere conocer los detalles en el uso y distribución según las casas de estudios, que no encontraron respuestas.

Al Gobierno de Alberto Fernández no le gusta explicar cuestiones que son de forma y brindarían mayor transparencia a cualquier proyecto.

En el reparto de los recursos públicos se plantearon dos cuestiones de fondo: el monto de actualización para el año 2020 respecto del 2019, y la manera de distribuir los mismos, que generó revuelo.

Según el senador Martín Lousteau (Juntos por el Cambio): “En la ampliación presupuestaria se aprobó un monto que no contempló el ajuste por inflación de los gastos de funcionamiento para las Universidades Públicas, lo que implica un ajuste del 70 % y 80% de sus gastos sin modificación desde enero de 2019”.

El desfase es significativo y las universidades corren a contrarreloj para cubrir sus requerimientos de servicio, infraestructura, investigación y en mayor medida sueldos.

En tal sentido: “El grupo de legisladores de la UCR solicitó que el proyecto vaya acompañado de la planilla anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto, que distribuye el crédito total del presupuesto universitario entre las 57 universidades nacionales en tres columnas, vinculadas a sus funciones de enseñanza, ciencia y técnica y salud (en el caso con que cuenten con hospitales universitarios u otros espacios sanitarios)”, aseguró Emilio Cornaglia, responsable del área de la Fundación Alem, una de las usinas del radicalismo.

Tras obtener despacho de mayoría en comisión, con el voto del oficialismo y de algunos legisladores de otros espacios, se incorporó un crédito adicional para las universidades nacionales del 32% con respecto al presupuesto 2019.

Sin embargo, la iniciativa que iba a ser discutida en sesión de Diputados eliminó la planilla con el detalle por Universidad donde se especifica cómo se reparten los fondos.

El diputado Maximiliano Abad de Juntos por el Cambio, insistió que prima el “criterio del Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, la decisión de cómo se va a distribuir el presupuesto, lo cual coloca a las universidades en una situación crítica, porque dependerá de la voluntad política del gobierno la asignación de fondos, lo cual daña gravemente la autonomía universitaria”.

Entre otras voces se encuentran la de los propios rectores que dejan en evidencia que la distribución es desigual entre Universidades más grandes y aquellas más pequeñas o nuevas.

El rector de la UNAJ señaló que las casas creadas más recientemente “apenas representamos el 5% del total del presupuesto”. Y explicó que “en nuestro caso recibimos por mes unos 100 millones para sueldos, más otros 6 millones para gastos, que representa el 0,58% del presupuesto general.

Más allá de la discusión entre espacios políticos diferentes y un “visto bueno” hacia el oficialismo por un aumento del 32% que termina siendo en carácter de préstamo, la polémica está dada por las atribuciones discrecionales sobre los fondos.

El presupuesto con el que las universidades deberán “contentarse” para el corriente año en muchos casos es acorde a la sintonía política que muchas de ellas poseen con el oficialismo desde la militancia, en detrimento de una verdadera educación universitaria pública.

La educación debería ser una política de estado, cualquiera sea el partido político que gobierne. Sólo con una educación de calidad permitirá salir de la pobreza a la mitad de los argentinos que están sumidos en ella y que la mayoría depende de las dádivas y del clientelismo del gobierno nacional y de los gobernadores e intendentes.