El 11 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con el voto de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley de preservación de los glaciares (26.639) planteada por la empresa minera Pachón S.A..

El fundamento se basa en que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las examinadas el 4 de junio del 2019, por el Tribunal, en la causa CSJ 140/2011 (47-B)/ CS1, “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, a cuyos fundamentos y conclusiones remite –en lo pertinente.

Por ello, "la Corte, conforme el precedente que se cita y en este caso, el voto de los jueces que suscriben el presente, consideró que la minera no había demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional le genera algún tipo de daño en su derecho de explotación minera."

Llamativamente, un Estado Federal, como la provincia de San Juan, contrariando a toda lógica del bien común por el que un estado debe bregar, había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio.

En suma, concluyeron que el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente.

San Juan debería tomar nota del criterio que existe en el siglo XXI y que el cuidado del medio ambiente es un bien jurídicamente superior al afán recaudatorio, ese que la impulsa a cuestionar normas sancionadas en el Congreso Nacional por los representantes del pueblo y del Estado de San Juan, quienes participaron de todas las deliberaciones tanto en las respectivas comisiones como en el recinto de ambas cámaras.