El plazo final establecido por la Corte se cumplirá el viernes 15 de abril, pero por los feriados de Semana Santa se completará el lunes 18.

El Congreso aprobó este jueves en el Senado una nueva ley de integración del Consejo de la Magistratura, con 17 miembros, pero el proyecto aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados. El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, admitió que eso no sucederá antes de que se cumpla el plazo fatal. Los legisladores analizan pedir a la Corte una prórroga.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura cambió reglamentos y organizó elecciones para cumplir con el fallo de la Corte y poder ampliar a tiempo su integración a 20 miembros. Lo mismo hicieron los abogados, que el martes pasado eligieron a dos nuevas consejeras: Jimena de la Torre, cabeza de la lista apoyada por la oposición, y María Fernanda Vázquez, primera candidata de la lista apoyada por el oficialismo.

El jueves fue el turno de los jueces, que también organizaron elecciones para cumplir el fallo de la Corte y eligieron a una nueva consejera: la jueza Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, la que tiene las miradas más críticas sobre la política judicial del Gobierno.

Los académicos, por su parte, elegirán a su nuevo representante el 18 de abril a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras modificar su reglamento y establecer un mecanismo de elección indirecta, en lugar de que voten los profesores titulares. Pero ellos también habrán cumplido con el fallo de la Corte.

Así las cosas, para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura solo restará que el Congreso envíe a sus dos representantes: uno por el Senado y otro por la Cámara de Diputados. Según el fallo de la Corte, los nuevos miembros parlamentarios deberán surgir de bloques que representen a las “segundas minorías”.

Ese punto dispara una discusión, pues técnicamente en el Congreso no hay acuerdo sobre quiénes serían los representantes de esas “segundas minorías”. Por ejemplo, el kirchnerismo estima que por el Senado debería ingresar el ultrakirchnerista Oscar Parrilli en representación de Unidad Ciudadana, que no integraba el bloque oficialista al momento de la elección.

Más allá del debate político y técnico, y para ejecutar la sentencia, la Corte asumiría la presidencia del cuerpo y lo haría funcionar con los consejeros que estén elegidos. Es decir, con 18 de los 20 previstos. Con esta cantidad de consejeros habría quorum y el Consejo podría sesionar.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento promovió la causa que terminó con el fallo de inconstitucionalidad de la Corte, a través de un escrito firmado por su presidente, Alberto Garay, le hizo saber la Corte que solicita que disponga las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia y evitar la eventual la parálisis del Consejo.

Sin embargo, hay una dificultad: la propia Corte estableció en su sentencia que los nuevos consejeros “iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”, lo que parecería imposible, porque faltan los dos del Congreso. Aunque todo es motivo de interpretación, pues la Corte pudo referirse a que deben asumir todos los que fueron elegidos.

Mas allá de estas cuestiones, el clima al cierre de la semana pasada en el Consejo de la Magistratura era de “zozobra general”, según describió una fuente del cuerpo. De hecho, se estaba cambiando la señalética con los nombres de los despachos de los consejeros, ante la eventualidad de que lleguen los nuevos miembros y se queden con esos espacios.

El oficialismo entiende que el presidente de la Corte no tendría motivos para asumir, ni tampoco su llegada solucionaría el problema de la falta de funcionamiento del Consejo. Continuaría trabajo, dijo a LA NACION un consejero cercano al Gobierno.

La fuente apuntaba al hecho de que son necesarios los votos de los dos tercios de los consejeros para que se elijan jueces y se aprueben juicios políticos. Aun con la incorporación de las dos abogadas, la jueza y el representante académico, los bloques quedarían conformados con una distribución política muy similar a la actual. En otras palabras, así como hoy no es posible llegar a los dos tercios de los 13 consejeros sin un acuerdo entre consejeros identificados con el oficialismo y la oposición, tampoco será posible hacerlo con 18 miembros (sin los enviados del Congreso), con lo que no se soluciona el problema del congelamiento de los concursos.

En ese marco, resonó la advertencia del camarista Alberto Lugones, presidente del Consejo y referente de la lista Celeste, alineado con el oficialismo. “Hay declaraciones de operadores disfrazados de periodistas que dicen que el presidente de la Corte asumirá la presidencia del Consejo en los próximos días. Descartamos que Horacio Rosatti pueda asumir como presidente del Consejo de la Magistratura sin incurrir en un abuso o falta. No creo que Rosatti haga algo que lo pondría en una situación muy compleja”, afirmó. Y agregó: “Creo que Rosatti es inteligente y no se va a prestar tomar por asalto el Consejo de la Magistratura”.

En cambio, los consejeros opositores entienden que Rosatti podría asumir como presidente e interpretan que, con el quorum de 12 consejeros, en la nueva conformación, podrían sesionar. La manera de evitarlo sería que el oficialismo se ausente en masa.

Por lo pronto el Consejo de la Magistratura convocó a dos plenarios esta semana: en uno se buscará aprobar los pliegos de los jueces federales que impulsa el Gobierno (la oposición jura que no dará los votos que le faltan) y en el otro se aprobará un reglamento para las elecciones de jueces y de abogados (de cara a la renovación de autoridades de noviembre) y una norma administrativa que permita seguir pagando sueldos y funcionar en caso de que el Consejo tenga que cerrar sus puertas.

Este es el escenario al filo del plazo fatal que impuso la Corte en diciembre, con la posibilidad cierta de que Rosatti asuma la presidencia del Consejo, pese a la oposición de los consejeros del oficialismo y sin que el Congreso se ponga de acuerdo para dictar una nueva ley.

Hernán Cappiello