La presentación fue a través de la Oficina de Abogados Patrocinantes Justicia y Reparación, en el que hicieron referencia a los casos de Candela Sol Rodríguez y Natalia Melmann, violadas y asesinadas en 2011 y 2001, respectivamente.

El texto apuntó que el pedido a la CIDH es a causa de las "distintas decisiones que los tribunales argentinos han adoptado para resolver recursos de amparo presentados por personas privadas de libertad como consecuencia del Covid-19".

Debido a que "muchas personas privadas de libertad en recintos penales argentinos han interpuesto diversos recursos de amparo solicitando su liberación, o bien solicitando beneficios carcelarios, tales como la conmutación de pena, para efectos de prevenir el contagio de los recurrentes por Covid-19", señalaron.

Según el escrito, el principal argumento que defienden los presos, son las condiciones de hacinamiento de las cárceles, como "escenarios que favorecen" a la expansión del coronavirus, "situación que pondría en peligro sus vidas e integridad personal".

Desde la Agrupación indicaron que el objetivo principal es: "Evitar que se utilice este tipo de recursos para lograr beneficios desde el punto de vista del cumplimiento de la pena, sobre todo con crímenes tan graves como el femicidio, teniendo como fundamento principal el sentido común".

A su vez, ante "la falta de pronunciamiento del gobierno", reclaman "impedir actos arbitrarios en las decisiones judiciales, producto del vacío legal existente". Por eso solicitaron que la CIDH "se pronuncie con urgencia, ya que la medida cautelar tiene ese carácter, y ordene y recomiende a los organismos con competencia en este intento de habeas corpu, el rechazo inmediato".