El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, junto con la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, el director provincial de Derechos Humanos, Hernán Velardez Vaca, y la referente de la Casa de la Memoria, Noemí Toledo, sostuvieron una reunión debido a las acciones del grupo "Águilas Negras".

Durante la reunión, se acordó presentar una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue si se están cometiendo delitos federales. El ministro Miranda aseguró que el Gobierno no avala las acciones que inciten a la población a portar armas de fuego y atenten contra las normas jurídicas de convivencia en un estado de derecho.

Según el Código Penal, el artículo 210 bis establece que se impondrá una pena de reclusión o prisión de cinco a veinte años a aquel que participe, coopere o ayude a formar o mantener una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos que pongan en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Además, la asociación debe cumplir al menos dos de las siguientes características: estar integrada por diez o más individuos, poseer una organización militar o similar, tener estructura celular, disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, operar en varias jurisdicciones políticas del país, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares dentro o fuera del país, o recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

Asimismo, el artículo 211 del Código Penal establece una pena de prisión de dos a seis años para aquel que infunda temor público o incite a tumultos o desórdenes, mientras que el artículo 212 establece una pena de prisión de tres a seis años para aquel que incite públicamente a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones.