Según informaron fuentes judiciales, dos hermanos, una mujer y un varón, que fueron apropiados por distintos matrimonios durante la última dictadura cívico militar en Argentina, se reencontraron luego de 46 años gracias a una investigación llevada a cabo por el juzgado federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Este reencuentro se produjo en el mismo lugar donde se dictaron tres procesamientos a los involucrados por retención y ocultamiento de un menor de diez años, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público.

La investigación se inició el 4 de agosto de 2016, a partir de una presentación de la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Luego de citar a las dos personas a la sede del Tribunal para el mismo día, en distintos horarios, se les comunicó por separado el resultado del informe y se les ofreció la posibilidad de reunirse. La víctima, que aceptó, tuvo que dar su consentimiento para realizar un estudio de ADN que permitiera entrecruzar sus datos con los del Archivo Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, el examen inicial dio negativo con las familias que habían dejado sus datos genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), lo que llevó a la causa a cerrarse provisoriamente.

No obstante, el 30 de enero de este año, un nuevo informe del BNDG señaló que otra persona había acudido voluntariamente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) porque dudaba de su identidad, y resultó ser el hermano de la víctima, con el mismo padre y la misma madre. Nuevamente se citó a ambos a la sede del Tribunal, y tras comunicarles el resultado del informe por separado y ofrecerles la posibilidad de reunirse, acordaron hacerlo. Fue así como se reencontraron y conversaron en una sala del juzgado. Los matrimonios que los habían inscripto como hijos biológicos nunca les habían revelado su verdadera identidad.

En la resolución, el juez explicó que "falsear la verdad del origen y la identidad de los niños nacidos en otra familia, sólo puede derivar de una primitiva concepción del niño-propiedad, en la que priman los prejuicios sociales y familiares", y agregó que "son los comportamientos y los deseos de los mayores los que motivan a inscribir y sostener en el tiempo una realidad biológica falsa, que afecta a los niños -ahora adultos- a los que debe garantizárseles la posibilidad de conocer su origen y su identidad". Al firmar el fallo, el magistrado concluyó que es responsabilidad del Estado determinar las responsabilidades en este caso, y "propiciar las condiciones para que aquellos que fueron víctimas de estos hechos puedan conocer su historia y superar el proceso de ocultamiento al que fueron sometidos".