En todo el mundo, desde 1994 cada 9 de agosto se celebra el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, conforme a la Resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1993, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el propósito de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

Esta fecha se instituye en el marco del Primer Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo. Al momento actual, estamos transitando el Tercer Decenio, en atención a que no se lograron los objetivos planteados en la Resolución de 1993. Este nuevo Decenio busca alcanzar el objetivo de aplicar plena y eficazmente la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas aprobada en el año 2007.

Otros fines que se propone alcanzar en este decenio en curso son los relacionados con: 1)Reconocerlos como pueblos distintos y no como grupos marginados y vulnerables, tanto en los objetivos de desarrollo sostenible como en la agenda para el desarrollo después de 2015; 2) Garantizar su  participación efectiva , en la formulación  de objetivos y metas adecuados que reconozcan específicamente sus derechos y sus prioridades respetando sus rasgos distintivos por conducto de sus órganos de gobernanza, incluidos los parlamentos, las asambleas y los consejos indígenas u otros órganos de representación.

El lema este año es “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”.

Este lema surge en el contexto de la pandemia de COVID-19 que, ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. Está claro que, en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión y un rediseño.

En nuestro país, sí se hiciera un objetivo balance sobre los logros obtenidos en plena vigencia de todas las conquistas en materia de derechos, nacionales e internacionales se puede afirmar que:” persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación. Es necesario que el Estado, tanto a nivel federal como provincial, priorice y dedique mayores esfuerzos a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En particular, el Estado debe adoptar políticas públicas claras, así como elaborar directrices para los funcionarios de gobierno tanto a nivel federal como provincial, y medidas legislativas y administrativas adicionales para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en materia indígena entre todos los interesados, incluyendo ministerios, parlamentarios, autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, (James Anaya Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 2012).

Siguen las dificultades para acceder a influir en las políticas públicas. Persisten las disparidades en el acceso a las oportunidades de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes; los pueblos indígenas son invisibles en las acciones tendientes al logro de los ambiciosos Objetivos del Milenio, coincidentes con los ODS de la Agenda 2030. Cabe recordar que los dos primeros objetivos del Milenio fueron: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal, en el contexto de las cuestiones de los pueblos indígenas. ¡Cuánta distancia hay entre esta letra y la realidad!

Insertos en esta realidad, es difícil pensar en un nuevo contrato social, en la desigual relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Esta afirmación se da en el entendimiento que, un contrato social debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.

En esta realidad, desenvuelven su vida la Comunidades Indígenas de Catamarca que día a día sobreviven a la pobreza y el olvido.

En este año en curso, debería celebrarse que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas se emitió la Resolución Nº 008/21, por la cual reglamenta Decreto GJ. N° 1218 del 27 de junio de 2008, por el cual el “Registro de Comunidades Aborígenes”. Cabe preguntarse, sí se debería aplaudir la espera de trece años para hacer efectiva esta medida que ante la falta de reglamentación no era operativa. Aún no se sabe sí este nuevo instrumento legal es accesible a las Comunidades Indígenas o, será tan lejana como la Inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Otra noticia para celebrar este año, fue el anuncio efectuado en el mes de mayo próximo pasado por el Señor Gobernador de la provincia, sobre la creación del Instituto Provincial de Asuntos Aborígenes. Ojalá se concrete y no sea una promesa vana como la realizada el 07 de mayo de 2016, por la entonces Gobernadora y hoy Diputada de la Nación, Lucía Corpacci, expresó que enviaría al Poder Legislativo u Proyecto de Ley de Creación del Instituto Provincial Indígena.

En este 9 de agosto, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reivindicar su inclusión, participación y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios sociales y económicos para todos.

Este año 2021, cabe reiterar lo manifestado en el año 2020: “ es un imperativo que en nuestro país y en nuestra provincia, este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sirva para asumir un compromiso real de hacer efectivos sus derechos para que dejen de ser letra muerta y se acate cabalmente la exhortación de Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas que expresa: “En esta conmemoración anual, comprometámonos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales.