En Catamarca, el Estado ha perfeccionado una forma de estafa institucional que se disfraza de política pública. Se entregan viviendas a profesionales —médicos, arquitectos, abogados, kinesiólogos— con actos partidarios, discursos emotivos y promesas de arraigo. Pero detrás de la foto, lo que hay es precariedad, desigualdad y manipulación.

Las casas llegan con fallas estructurales, veredas rotas, techos sin impermeabilizar, cisternas ausentes y conexiones de obra. La infraestructura prometida no existe. La calidad no alcanza ni el mínimo estándar técnico. Y los profesionales, que apostaron por quedarse en la provincia, deben pagar millones por viviendas incompletas, mientras otros acceden gratuitamente por cercanía política.

¿Qué revela este modelo?

• Que el mérito no importa: el profesional que estudió, invirtió y eligió Catamarca es castigado con cuotas impagables y obras mal hechas.

• Que la política usa la necesidad como herramienta electoral: la vivienda no se garantiza como derecho, se administra como favor.

• Que el Estado prioriza la foto antes que el ladrillo: lo que importa es el acto, no la habitabilidad.

Esta estafa no es solo técnica, es ética. Porque se juega con el esfuerzo de quienes sostienen el sistema. Porque se usa la vivienda —un derecho básico— como instrumento de legitimación política.

Catamarca necesita una política habitacional seria, transparente y profesional. Una que respete al que trabaja, al que invierte, al que elige quedarse. Porque si el Estado no garantiza calidad, equidad y dignidad, entonces no construye hogares: construye obediencias.