La palabra mayoritariamente negativa del pueblo chileno es por eso importante para los argentinos.

Aun compartiendo la autonomía de cada pueblo para definir sus bases de convivencia, nos atrevemos a hacer algunas reflexiones sobre el proceso del país hermano, porque tiene un color no solamente local, sino además regional, que es necesario analizar a la luz del llamado socialismo del siglo XXI, iniciado por Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, con la voluntad explícita de extenderlo a todo el continente.

Si bien en 2020, el 80% de los votantes chilenos estuvo de acuerdo en reformar su Carta Magna, las constituciones más exitosas en el mundo evolucionan junto con sus pueblos, que cada tanto les introducen reformas que las aggiornan a sus tiempos. En cambio, en este proceso constitucional el texto rechazado deriva de un archiconocido accionar populista de permanente polarización de la vida política, que se inició con manifestaciones violentas contra un sistema de gobierno largamente democrático que, luego de varias décadas de progreso económico y social, sin embargo, no había alcanzado a reducir suficientemente desigualdades importantes, proceso que nos es común –con sus diversos grados- a todas las sociedades de América Latina.

Simultáneamente con esos tumultos, que además de en las calles de Santiago, se dieron en otros países gobernados por el mismo signo político, como Colombia, se verificaban actos terroristas de grupos insurreccionales, algunos entrenados en el exterior, so capa de defender derechos de pueblos originarios, a los que esta fallida propuesta constitucional premiaba con la conversión de Chile a un Estado Plurinacional, en una sociedad, que ha venido manteniendo una vida institucional intachable desde la recuperación de la democracia.

Lo grave, desde nuestro punto de vista, es que por un lado el proyecto constitucional generaba amplias autonomías territoriales de ciertas comunidades, que al mismo tiempo reivindican a buena parte de la Patagonia como una nación independiente de Chile y Argentina, y suelen ser hostiles a ambas naciones. Por eso no es neutral que se hablara de cooperación transfronteriza de comunidades. En nuestra mirada, el resultado fue un proyecto de constitución que pretendía terminar con el concepto de Estado Nación, que implica un pueblo, un territorio y un poder, lo que podría intentar replicarse en nuestro país. El proyecto rechazado hablaba de varios pueblos y diferentes territorios autónomos con su propio poder, sometidos a un estado tan débil en la unidad nacional como enorme en sus capacidades de limitar desde el gobierno los derechos de las personas. Populismo explícito.

Como en otros casos en América Latina, el proyecto utiliza profusión de palabras sin una definición clara o con definiciones diferentes de las usuales, lo que es fuente de conflictos permanentes y expansión sin control de los poderes públicos, sean tribales, judiciales, legislativos o de las administraciones. La historia muestra que las constituciones liberales y democráticas se basan en negociaciones y consensos, mientras que las antisistema operan con el clásico totalitarismo de quienes consideran que una constitución consiste en un parte de batalla escrito por el vencedor. Es muy diferente que una constitución reconozca derechos previos de cada habitante, de contenido claro y concreto -como lo hacen las constituciones liberales- que el intento de un grupo de imponer su ideología a los demás por medio de una constitución completamente nueva. El proyecto ponía en jaque al estado de derecho al relativizar los conceptos y al agregar muchos otros términos indefinidos y eventualmente contradictorios.

La incertidumbre es lo contrario al derecho: una cosa es precisar certezas y la otra consagrar retóricas fácilmente entendibles en uno u otro sentido, sólo para que la interpretación final recaiga en quien detenta el gobierno. Además de limitar radicalmente el derecho de propiedad, el proyecto alteraba de modo sustancial el sistema judicial independiente y el Senado, imponiendo al Estado obligaciones de resultado (que todos tengan todo), lo que forzosamente debía llevarlo a una expansión autoritaria sin que las personas tuvieran derechos duros para defenderse.

A pesar de su apoyo al texto rechazado, vemos con beneplácito la actitud del presidente Gabriel Boric de condenar las violaciones de derechos humanos por regímenes autoritarios de nuestro continente como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Del mismo modo, consideramos que las próximas elecciones en el Brasil no implican riesgo alguno en la defensa de la democracia y los derechos humanos, por lo que esperamos en el futuro una cooperación fructífera de ambos países con el nuestro.

El Palacio de la Moneda, con esta administración que recién empieza, conserva, sin embargo, a pesar del no al proyecto constitucional, la legitimidad suficiente como para introducir -en leyes puntuales o en otra eventual reforma constitucional- cambios en temas como educación, salud, jubilaciones, no reelecciones consecutivas y distribución de riquezas y oportunidades que, esas si, cuentan con el mayoritario respaldo de los ciudadanos chilenos y devendrían en un faro de ejemplaridad para el resto de los países del continente. Ojalá así sea y podamos trabajar juntos en ese sentido, porque otra desilusión abriría nuevos espacios al autoritarismo en la región ¡Que viva Chile!

Patricia Bullrich

Miguel Ángel Pichetto