Entre los fundamentos del Pedido de Informe que le formula al poder Ejecutivo Provincial, esgrime Hugo Ávila lo siguiente: "El escándalo que se desató con la investigación periodística de diario El Ancasti que mostró 41 contrataciones directas por una cifra superior 2.100 millones de pesos a la empresa AIR TOTAL S.R.L., demostró claramente que la obra pública en Catamarca está cartelizada, no hay en las adjudicaciones procesos licitatorios transparentes, se hace uso y abuso de criterios discrecionales. El “andá, hacela y después hacemos los papeles” es la muletilla imperante, así se estaría manejando hoy la mayoría de las adjudicaciones y cuando se realiza verdaderamente una licitación, después son siderales las cifras que obtiene la empresa ganadora por mayores costos"

Más adelante agrega "En el marco de este escenario de falta de transparencia, de corrupción y cartelización, no es AIR TOTAL S.R.L la única beneficiaria de un número importante de adjudicaciones, también hay otras empresas que llaman poderosamente la atención por la cantidad de obras que reciben de parte no tan solo del gobierno provincial, sino también del gobierno municipal de San Fernando del Valle de Catamarca", agregando a sus argumentos y como responsable de la situación, además de Raúl Jalil, a Gustavo Saadi.

Respecto a la empresa denunciada como la adjudicataria exclusiva de la obra pública, el legislador indica "El caso concreto es de la empresa Guido Moguetta que ha recibido obras millonarias como la Ruta 43 valuada en 1.500 millones de pesos, la obra en La Gruta de la Virgen del Valle, los puentes realizados con el fideicomiso del Salar del Hombre Muerte, las obras en el dique El Jumeal, y otras más, que sería importante que el gobierno a través de un organismo competente nos informe para saber si fue por un proceso licitatorio transparente, por concurso de precios o por contratación directa".

Entre los considerandos del proyecto, "Grillo" Ávila recuerda una de las funciones primordiales plasmada en la Constitución provincial, que indica que "Una de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo es el de ejercer el control de los actos de gobierno del Poder Ejecutivo, bregando para que estos se ajusten a los mecanismos legales establecidos en la Constitución Provincial y en las Leyes. Los legisladores tenemos la obligación de trabajar en ese sentido, para erradicar definitivamente el ilegal sistema de la cartelización de la obra pública".

Por último remarca que "Es muy importante que el estado genere hechos que garanticen transparencia en la adjudicación de la obra pública y es por eso que planteo este pedido de informe, donde se debe incluir y detallar cuales han sido las obras que recibió en estos últimos dos años la empresa constructora Guido Moguetta y cuál ha sido la modalidad por la que se le adjudicó".