[gallery columns="1" size="full" ids="10237"]En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el sábado en horas de la madrugada, un funcionario de alto rango del gobierno de Catamarca produjo un hecho de particular gravedad. El Pucará, único medio informativo que se hizo eco de la noticia, hoy confirma que el vehiculo utilizado en los graves sucesos de tránsito pertenece a la flota propiedad del Estado provincial, precisamente a la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

La evidencia surge del informe de la Dirección de Rentas de la provincia (ver foto). Cabe agregar que el funcionario incurrió en dos o tres graves faltas administrativas, dos que fueron comprobadas "in situ", transgredir la luz roja y negarse al test de alcoholemia y la tercera, que es una presunción que nace de su negativa, que es conducir en forma presunta con una excesiva cantidad de alcohol en sangre. Para el caso que no sea sancionado con la suspensión de la licencia de conducir, será una muestra más y una prueba contundente de la impunidad y ausencia de Estado de Derecho en la provincia de Catamarca.

No sólo ello, al parecer, el funcionario, Secretario de Estado de la Vivienda, además es abogado y al ser requerido por los funcionarios de tránsito, presuntamente amenazó a los agentes haciendo valer de condición de funcionario de la gobernación.

Cabe recordar que el vehiculo, camioneta Toyota Hilux modelo pick up fue retenida por la autoridad de tránsito toda vez que al negarse al test de alcoholemia, es el procedimiento de rigor de conformidad con lo que establece la ley.

La conducta en la que incurrió de Fidel Sáenz es particularmente grave ya que además de secretario de estado es abogado y como tal, auxiliar de la Justicia y su condición profesional hace que revista en el mismo rango de respeto y consideración que un juez de primera nominación. Esa situación genera doble estándar de conducta. Exige respeto hacia su persona y a su vez, él debe respetar el orden constituido y el marco normativo más que ningún otro ciudadano.

Tratándose de bienes del Estado y habiendo proferido supuestas amenazas, es dable que intervenga de oficio un fiscal de turno e investigue la posible comisión de delitos dolosos, como a simple vista se advierte, toda vez que la conducta del funcionario estaría encuadrada en los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y las amenazas a los funcionarios de tránsito que son supuestas y deberán ser probadas.