Desde hace varios días, la opinión pública de Catamarca se pregunta sobre la potestad del tribunal de Cuentas en relación al patrimonio y contabilidad de la Ec Sapem. Sin embaro, la fiscalización le corresponde a la DGPJ de la provincia.

Luego de una minuciosa y breve investigación en la redacción de El Pucará se llegó a la conclusión que se trata de una sociedad anónima que se rige hoy por la Ley de Sociedades Generales, antigua ley de sociedades comerciales.

La sociedad anónima fue constituida por la sanción y promulgación de la ley provincial número 5355, con fecha 18 de Enero de 2012, publicada en el Boletín Oficial, 27 de Enero de 2012. Es una ley vigente, de alcance general.

En momentos que la ciudadanía catamarqueña se debate con el dilema del terrible aumento de las tarifas eléctricas, muchas de las cuales tienen carácter confiscatorio por cuanto sus montos se han tornado impagables, El Pucará ha efectuado una rápida investigación  sobre la naturaleza jurídica de la sociedad anónima estatal, llegando a la conclusión que más adelante se indica.

Recordando que la empresa fue creada por ley sancionada por ambas Cámaras, de diputados y senadores  promulgada por el PE provincial con una participación estatal del 90 % del paquete accionario a cargo de la Administración del Estado provincial y un 10 % con titularidad de acciones del personal.

Si algo falla en la Argentina, eso es la memoria. Quizás no todos recuerden la crisis energética de la provincia producto del vaciamiento de los famoso hermanos Taselli que en complicidad con otros personajes de la época hicieron todo tipo de andanzas con tal de seguir viviendo de lo ajeno.

La matriz de corrupción permanece inalterable. Pasan los gobiernos. El ciudadano cambia su preferencia política y lo que siguió fue más de lo mismo. Millones de pesos cobrados por consumos inciertos fueron a parar a los bolsillos de unos pocos, postergando los sueños de muchos.

Sería de esperar que los ciudadanos catamarqueños busquen los balances de la Ec Sapem en la Dirección de Inspección General de Justicia y verifiquen como fue que la empresa eléctrica provincial administró los recursos.

Nada puede ser secreto. Los balances tienen que aparecer y sus administradores hacerse cargo.

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