Hoy se cumplen diez meses del crimen del exministro de desarrollo social de la provincia, Juan Carlos Rojas, y no hay avances significativos en el expediente iniciado a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de “Rojitas” el domingo 4 de diciembre del año 2022 en la galería de su casa, donde vivía solo.

Desde entonces, son múltiples las hipótesis sobre las que trabaja la Fiscalía a cargo de Hugo Costilla, quien en la teoría trabaja con el fiscal coadyuvante Alejandro Gober, actualmente fiscal general.

A lo largo del expediente las medidas probatorias fueron múltiples, desde la recepción de declaraciones testimoniales al cotejo de imágenes y de pruebas de ADN que, según aseguró una alta fuente judicial, los investigadores ya contarían con dichos resultados, pero volvieron a solicitarlos con mayor precisión por “no ser” lo que esperaban.

Un mes atrás aproximadamente, la nueva medida que sumó el expediente fue la autopsia psicológica. El objetivo era conocer la vida de Juan Carlos en sus diferentes círculos. Y si bien uno de los testimonios que resaltaron los investigadores fue el de su expareja, el que dio cuenta de diferentes dolencias que padecía Rojas como secuelas de su condición de salud, parece que “no termina de cerrar” para la hipótesis que se conoció en el desarrollo del juicio político a Laureano Palacios, en el mes de mayo pasado y del que fue absuelto: que la muerte del ex funcionario del poder ejecutivo fue “accidental”.

El expediente continúa creciendo en volumen, pero sin resultados fehacientes que permita a la familia de Rojas conocer qué le paso a su padre.

Solo se sabe -por el informe de la autopsia- que “Rojitas” murió por un traumatismo de cráneo provocado por un elemento contundente sin filo. Cómo, cuándo, quién o quiénes, son interrogantes que a diez meses del homicidio la Justicia catamarqueña no puede responder. Así, surge un quinto cuestionamiento: ¿por qué?

Encubrimiento

Por otra parte, ayer se conoció por voceros de la causa que Fernando Rojas fue aceptado como querellante en la denuncia que realizó Natalia, su hermana, la semana siguiente a la que el tribunal político -por la mayoría- absolviera a Laureano Palacios y lo restituyera en su cargo de fiscal de Instrucción N° 2.

Así lo resolvió el fiscal Hugo Costilla al no hacer lugar al planteo de oposición realizado por el abogado defensor Pedro Vélez, en su carácter de representante legal del comisario Tomás Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de la División Homicidios en diciembre del año pasado, y de la defensora oficial, quien representó los derechos de futuros imputados.

A partir de ahora, Fernando y Natalia, la otra hija del ministro asesinado, podrán tener contacto con el expediente y proponer medidas que lleven a esclarecer si, tal como lo sostienen desde la familia, hubo un “encubrimiento” por parte del funcionario policial Rodríguez y del fiscal Palacios en el inicio de la investigación del crimen del exministro, cuando por ejemplo -según la acusación- no se resguardó la escena del crimen.

Cabe recordar que en dicho expediente, el policía Rodríguez hizo entrega de su teléfono celular para ser cotejado por la instrucción.