El debate se desarrollará en la cámara penal 3 por lo que están notificándose a las partes integrantes del proceso.

Compromete al ex ministro de Salud Pablo Doro, al ex subsecretario de Acción Social Víctor Brandán y a otros tres ex funcionarios del FCS.

En la secretaria de la Cámara Penal 3 se comenzó a notificar a los imputados, la fuente Catamarcaencana confirmó que la causa estaría en condiciones de ventilarse  en juicio oral por las compras directas que se realizaron en 2003 en lo que era la Subsecretaría de Acción Social, entonces a cargo del sindicalista Víctor Hugo Brandán.

Con esta medida, además de Brandán, quedaron comprometidos el ex ministro de Salud Pablo Santiago Doro; el ex encargado de depósitos Omar Guillermo Martínez; la ex directora de Servicios Administrativos Teresa del Carmen Miñaura de Siarez quien falleció; y la ex encargada del Servicio de Contaduría Carlina Argentina Zurita. La fecha no trascendió pero estaría en la primera quincena del mes de junio.

Con fecha del 15 de junio, Carma resolvió rechazar la nulidad que había interpuesto la defensa de Doro; rechazar también la nulidad y planteo de prescripción de la acción penal que interpuso la defensa de Brandán; y no hacer lugar a la oposición a la elevación a juicio que se había solicitado en 2014.

Confirmada la elevación a juicio, los cinco imputados deberán responder por fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

En particular, el ex ministro Doro deberá dar explicaciones por siete hechos: dos en carácter de coautor y cinco en carácter de partícipe necesario. Por su parte, el ex subsecretario Brandán lo hará por doce hechos, todos en carácter de coautor; Carmen Miñaura de Siarez, por doce hechos en carácter de partícipe necesaria; Carlina Zurita, por siete hechos en carácter de partícipe necesaria; y Guillermo Martínez, por un solo hecho, en carácter de partícipe necesario.

El juicio fue solicitado en dos oportunidades por el fiscal de Instrucción Nº4 (ex fiscal de Delitos Criminales), Ezequiel Walther, en el marco de la causa por las compras directas que fueron denunciadas en 2004 por el ex diputado Fidel Sáenz, a partir de una investigación de El Ancasti.

El supuesto fraude al Estado provincial sería por un monto superior a los 27 millones de pesos que se utilizaron para la compra de artículos de primera necesidad, alimentos, elementos de asistencia social y hasta juegos didácticos en 2003, al final de la gestión de Brandán que luego asumiría como diputado provincial.

En junio de 2012 el fiscal Walther elevó la causa a juicio por primera vez y el juez de Control de Garantías Nº3, Porfirio Acuña, la confirmó en abril de 2013. Por errores administrativos, se debieron tomar nuevas indagatorias y la causa se elevó a juicio por segunda vez en octubre de 2014. En septiembre de 2014 y ante el fiscal, Brandán volvió a negar las acusaciones en su contra y justificó las compras por la situación de crisis social que se vivía en ese momento. Además, dijo que la denuncia de Sáenz no tenía sustento porque “solo se presentó en la justicia con recortes del diario El Ancasti, ni siquiera con pruebas”.

En declaraciones periodísticas, sostuvo que la causa investiga “hechos que hace 10 años que ocurrieron y algunas cosas no recordaba”. “Hemos trabajado por el bien de la gente, en una situación geopolítica muy difícil. Habíamos salido de la hiperinflación de 2001, fue un período en el que Argentina tuvo cinco presidentes antes que asumiera Néstor Kirchner. La situación económica del país era muy grave, el desempleo era de dos dígitos, había mucha necesidad de la gente”, expresó.

LA CAUSA

– La causa se inició en 2004 por una denuncia del entonces diputado Fidel Sáenz, tras una investigación de El Ancasti. Es que en la gestión de Brandán se ejecutaron compras directas por $27 millones para asistencia social y más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado y el resto se habían resuelto en los últimos 35 días de Brandán como funcionario. La investigación recayó en las ex fiscales Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas.

– En 2005, la mayoría del FCS en la Cámara de Diputados rechazó el desafuero en contra de Brandán planteado por el ex juez Jorge Palacios. Brandán dejó la Cámara baja en 2009.

– En diciembre de 2010 la causa pasó al fiscal Ezequiel Walther, que la elevó a juicio por primera vez en junio de 2012. La decisión la ratificó el juez Porfirio Acuña en abril de 2013.

– En octubre de 2014 la causa se volvió a elevar a juicio. La medida fue rechazada por la defensa de los imputados, pero se confirmó el 15 de junio.