A principio de año, luego de un diciembre caliente en la que la estafa piramidal pergeñada por Edgar Adhemar Bacchiani eclosionara, uno de los tantos terceros contratantes con el “trader god”, explicaba en una entrevista con El Ancasti TV sus penurias comerciales y contractuales por haber vendido su propiedad al hoy caído en desgracia, que sigue preso en la cárcel de Miraflores, ofreciendo todo tipo de soluciones si a cambio le mejoran las condiciones de detención. Una extorsión solapada, diría un jurista de guantes blancos.

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Nos referimos al señor Cristian Guillou quien, en esa entrevista, apesadumbrado explicaba algunos detalles, no todos como es obvio, al fin al cabo, se trataba de sus negocios privados. En la entrevista expresó algunos aspectos del negocio relacionado con la tranferencia de Wika, acerca de la modalidad de venta, sobre la moneda de contratación y las condiciones de pago oportunamente acordadas con ADHEMAR CAPITAL S.R.L. cuya cabeza visible y gerente era y es Bacchiani, porque aunque parezca mentira, la justicia nunca decretó la intervención judicial con desplazamiento de los administradores, que era lo adecuado en una circunstancia como esta.

Muchos de nuestros lectores recordaran que Guillou, por aquellos días retomó la posesión del inmueble aduciendo la falta de pago, es decir incumplimientos reiterados en esa venta a plazos. En tanto que Bacchiani y su representada contragolpearon denunciando penalmente por usurpación a quien todavía se sentía dueño, en razón de las cuotas caídas. Seguramente, las partes hayan entablado otros pleitos, derivados del incumplimiento de contrato o de la supuesta usurpación. No obstante y desde afuera, sin dudas que el empresario Guillou quedo envuelto en los coletazos de la estafa piramidal, estando la razón y el derecho de su lado y logrando importantes avances procesales con estas acciones del MPF.

El tiempo pasó y las pruebas progresaron, quizás a mayor velocidad que otras causas, producto de la presión social y mediática que el caso Bacchiani genera en todos los estratos de la sociedad. Pero antes de proseguir con éste análisis, es necesario recordar que la mayor cantidad de causas por el caso Bacchiani tramitan ante la Justicia Federal, pero también existen innumerables causas y pleitos en la Justicia Ordinaria de la provincia de Catamarca, como es el caso de los juicios cruzados entre Cristian Guilou, Adhemar Capital S.R.L. y Edgar A. Bacchiani cuyos intereses controvertidos corresponden al derecho privado y a la justicia local.

Lo que era una compraventa a plazos se terminó por detectar que en realidad se trataba de una cesión onerosa de derechos litigiosos, lo que Guillou le vendió a Adhemar Capital, no fue una propiedad sino un juicio de prescripción adquisitiva, por cuanto al tiempo de la transacción, él no era titular de dominio, aunque no es obstáculo para vender y fijar un precio y forma de pago extendida en el tiempo y enajenarlo a través de una cesión onerosa otorgada por escritura pública. Por esa razón es discutible la cuestión de la posesión.

Al reivindicar la propiedad por incumplimiento de contrato, seguramente Guillou se topó con un tercer comprador, los que normalmente en estas situaciones procesales, interponen una tercería de mejor derecho, aduciendo una compra posterior a la controvertida. Se desconoce si el ese comprador que supuestamente tienen mejores derechos es de buena fe o no. ¿Qué pasó? ¿Quién es el tercer adquirente? Veamos:

En un allanamiento ocurrido el jueves de la semana pasada, en una acción incoada por Cristian Guillou contra la escribana Joaquina Córdoba se descubrieron una enorme cantidad de fojas notariales en blanco, así como también muchos boletos realizados por Bacchiani en fechas extrañas, justo en la Nochebuena, Noche de Paz, del año pasado, el día que nos visita Papa Noel, es decir el 24 de diciembre y los días 29, 30 y 31 de diciembre, todas del año 2021, Bacchiani pidió fojas en blanco para realizar transacciones jurídicas sobre inmuebles, aunque a posteriori solo haya concretado algunas operaciones.

Por la magnitud de los pedidos seguramente estuvieron en la escribania celebrando con Sidra y Pan Dulce. Entre los innumerables boletos de compraventa encontrados, hay más de 100 propiedades involucradas. Pero eso no fue todo, también los investigadores del Ministerio Público Fiscal, encabezados por el Dr. Alejandro Agustín Gober, Fiscal de la 7ª. Nominación, fue ubicado un contrato de alquiler de un local comercial no especificado entre el abogado Mariano Manzi y Edgar Adhemar Bacchiani que tiene fecha 29 de diciembre del año 2021.

Uno de los allanamientos se produjo en la escribanía de la Dra. Joaquina Córdoba Gandini y el otro, en un local comercial perteneciente a Alejandro Segli, ex presidente de la Unión Comercial de Catamarca y actual presidente de la Federación Económica, precisamente un negocio de comercialización de aberturas. Pero ¿Por qué allanaron el negocio de Alejandro Segli? Al parecer Edgar Bacchiani habría adquirido una gran cantidad de mercadería (aberturas) por cifras importantes y las que no habrían sido abonadas en legal tiempo y forma, generando un reclamo comercial por mora en el pago de las obligaciones. Por aquellas fechas ya se había cortado el sistema piramidal y solo se registraban “egresos”.

De modo que ante la presión de Segli para cobrar las aberturas, Bacchiani y su representada, hicieron una dación en pago al ceder los derechos litigiosos de la prescripción adquisitiva sobre Wika, compensando el precio equivalente del juicio de prescripción adquisitiva de la propiedad y el valor de las aberturas impagas. En estos casos se produce una subrogación en forma y entonces Alejandro Segli pasó a ocupar el lugar de Adhemar Capital S.R.L., cesionaria y adquirente de los derechos litigiosos cedidos por Cristian Guillou. Quien se opuso a la acción de Guillou fue precisamente Segli por considerarse con mejor derecho.

El allanamiento al señor Alejandro Segli tuvo por objeto investigar acerca de la existencia de la facturación de las aberturas que le vendió a Bacchiani, causa de la dación en pago que justifica que los derechos litigiosos sobre Wika pasaran a nombre de Segli, quien sería parte actora en el juicio de prescripción adquisitiva para compensar la deuda de aberturas, que asciende a la suma de 300.000 dólares. El colofón de la búsqueda fue magro, ya que el Fiscal no pudo hallar las facturas de la venta de aberturas a Adhemar Capital S.R.L., por lo cual, y en principio o hasta que se demuestre lo contrario, perdería sustento la compensación de deudas por créditos, acercándose a la figura de la simulación, con todo lo que ello implica, ya que la misma puede ser licita o ilícita.

Wika resultó ser la Caja de Pandora del caso Bacchiani, ya sabemos que allí estuvieron los políticos de “Cambia Catamarca”, Francisco Monti, Enrique Cesarini, Mariano Manzi y otros, y todos los que estuvieron en la reunión con Bacchiani en la Oficina de Yerba Buena en la provincia de Tucumán antes de la campaña de las PASO y ahora justo  aparece un contrato innominado entre Bacchiani y Mariano Manzi, que por entonces (diciembre de 2021) seguía sin justificar los fondos de la campaña en la Justicia Federal con competencia electoral.

Además, pronto se sabrá con precisión quienes son o fueron los propietarios involucrados en las más de cien propiedades que serían enajenadas o cedidas a terceros y que en apariencia no se concretaron o se concretaron menos, ya que las fojas notariales pedidas, no fueron utilizadas y se encuentran en blanco. Se sabe que Bacchiani tenía interés en todas esas propiedades, lo que no se sabe y es motivo de investigación es como se vinculó Bacchiani con semejante cantidad de propiedades.

Creemos que con dos allanamientos practicados e impulsados por el Fiscal Alejandro Gober se ha avanzado en forma más concreta que la Justicia Federal, que hasta la fecha luce inoperante, toda vez que las transacciones sobre la propiedad de Wika han conducido a la investigación hacia un terreno con mayor grado de certeza que las que ofrecen las famosas criptomonedas, a las que tanto cuesta acceder. Cien propiedades, fojas en blanco, allanamientos a escribanía y local comercial, contratos ocultos, boletos, ausencia de facturas convierten a Wika en la punta de un iceberg hasta el día que el Fiscal Gober dispuso las medidas, a partir del cual los damnificados habrán dado un paso importante para ver todo lo que no se ve, es decir donde fueron a parar sus dinerillos.