El medio británico detalla que "tras una exitosa reestructuración de u$s65.000 millonesde deuda soberana en agosto, el Gobierno de Argentina negocia ahora con el Fondo Monetario Internacional el pago de los u$s44.000 millones de dólares que tomó prestados durante la crisis del peso en 2018".

Los acreedores extranjeros que poseen deuda de los gobiernos provinciales son los siguientes de la lista. "Dicen que el Ejecutivo está respaldando a los gobernadores para que demanden reestructuraciones de deuda que obligarían a los acreedores a aceptar pérdidas o recortes", agrega el FT.

La deuda local de Argentina es la nueva "bomba" a desactivar

"La idea de que todas las provincias deberían seguir el camino del Ejecutivo nacional sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, es profundamente cínica; como acreedores, no vamos a prestarnos a ese juego y las provincias lo saben", aseguró Daniel Freifeld, fundador de Callaway Capital Management, que posee bonos provinciales de Argentina.

Freifeld agrega que "muchas provincias están atrapadas" entre los acreedores y el Gobierno nacional. Mientras los gobiernos provinciales alejan cualquier posible inversión y acumulan intereses impagados".

Callaway y otros acreedores crearon el primer comité para los acreedores de la deuda provincial de Argentina, fijándose en el trabajo que se llevó a cabo a nivel nacional.

El comité, que incluye tenedores de bonos que poseen en conjunto u$s3.000 millones en deuda, argumenta que las negociaciones deberían basarse en la cantidad que las provincias están dispuestas a pagar y no en lo que el Gobierno nacional cree que deberían pagar.

Los inversores creen que la intransigencia del Ejecutivo de Alberto Fernández deriva de su deseo de proteger las reservas del país, que actúa como escudo ante la debilidad del peso.

Walter Stoeppelwerth, director de Inversiones en Portfolio Personal Inversiones asegura que "no existe un argumento real para que las provincias busquen el mismo tipo de reestructuración que se ha llevado a cabo con la deuda soberana".

Stoeppelwerth agrega que los costos asociados a la deuda soberana suponían más del 20% del PIB del país, mientras que la ratio es de un sólo dígito en la mayoría de las provincias argentinas.

Algunas de ellas, gobernadas por políticos que no pertenecen al partido de Fernández, alcanzaron acuerdos con los acreedores, es el caso de Mendoza y Neuquén. Otros, sin embargo, prefieren jugar duro.

"La principal batalla se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, cuyos bonos provinciales -por valor de u$s7.000 millones- se encuentran en suspensión de pagos desde mayo", señala el Financial Times.

La provincia propuso una reestructuración que permitiría a los inversores recuperar 46 céntimos de cada dólar; los acreedores piden 85 céntimos. Esta disputa dejó la deuda provincial que expira en 2024 en una situación límite: cotiza a menos de 40 céntimos por dólar, diez céntimos por debajo del precio que tenía en agosto.

Marcelo Etchebarne, director para Argentina del despacho de abogados DLA Piper, que representa a varias provincias en la negociación de la deuda, argumenta que, dada la catastrófica situación de la economía argentina, muchos acreedores están recibiendo ofertas de acuerdos que pueden considerarse "dulces, teniendo en cuenta las circunstancias".

Avisa, sin embargo, de que, en el peor de los casos, las provincias podrían declararse en bancarrota. "Pregunten a los acreedores de Detroit cómo les fue", advierte.

Los acreedores que no contaban con ningún tipo de salvaguarda recibieron 20 centavos por cada dólar. "Al fin y al cabo se trata de contar con la capacidad de pagar no sólo la deuda", explica Etchebarne.

A pesar de la creciente tensión, algunos analistas creen que muchas provincias firmarán algún tipo de pacto con sus acreedores antes del final del año que viene. "Argentina no saldrá de la actual crisis económica si no consigue solucionar el problema de la deuda provincial", asegura Freifeld.