Entraron a un bazar con un par de elefantes. Fue toda una irresponsabilidad porque se les avisó que había objetos de valor. No importó; a cada paso, un daño. Tiempo después, llegó el dueño de la mitad del local y pidió su parte. Lo tasaron en 10, le dieron 5 y se dieron la mano. El tema es que ahora aparecieron otros dueños y piden lo suyo. Y después de discutir en un juzgado, aquellos jinetes de elefante perdieron. Lo único que falta es saber de cuánto será el ticket, que, ya se estima, será de al menos, 5. Menudo negocio: se pagará, al menos 10, es decir el total de lo que valía, pero se compró la mitad.

Algo así sucedió en YPF cuando el kirchnerismo se embanderó en la soberanía energética e intervino la petrolera que luego terminó con la estatización del 51% de las acciones de Repsol; ahora toca el turno de terminar de pagar. En el camino, rompió el sistema jurídico, además de un contrato. En Nueva York se suma la cuenta final, el ticket de cancelación de los daños.

Al fallo que condenó a la Argentina en Nueva York por aquella estatización sólo le falta conocer la cantidad de cheques que tendrá que pagar el Tesoro. Y si se quiere ser gráfico, si la sentencia será por 50 toneladas de dólares (cada millón de dólares en billetes de 100 pesa 10 kilos) o si se deberá contratar un flete para que transporte 160 toneladas. Todo, en un país con reservas negativas.

La sentencia, que, como se dijo, aún no tiene fijado el monto, tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Por el otro, cobrar, si se confirma, tampoco será materia fácil, ya que la gran mayoría de los fondos soberanos son inembargables.

En abril de 2012, el trío que conformaba la presidenta Cristina Kirchner junto a sus dos ministros Axel Kicillof y Julio De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “Donde está la plata”, repetía.

Para entender el asunto es necesario revisar qué se ventila en el tribunal de Nueva York, algo así como un juzgado comercial porteño. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de las acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños minoritarios de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios.

La ley dice que quienes se hacen del control de una compañía deben ofrecer condiciones similares a los otros accionistas. Justamente, la naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse a alguien que no quiera. Por eso, la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio, que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol.

De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, le compraron los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo se hizo del 70% -y el manejo del juicio- de los derechos litigiosos a Petersen Energía, la firma que tenía Esquenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.

Acá un asterisco. Cuando se estatizó, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero de De Vido y Kicillof, y después de Miguel Galuccio, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos nunca fueron expropiados, por lo tanto, se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero si después de liquidar las pocas deudas que quedan hay un remanente, ese dinero regresará a la familia Eskenazi.

Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Loretta Preska de que los estados soberanos tienen facultades como para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. Ese principio, que viene desde la codificación Napoleónica, es la base de la declaración de la “utilidad pública” y la expropiación.

Pero ese derecho de origen europeo nada tiene que ver con los principios que rigen en la justicia de Estados Unidos. “Pacta sunt servanda” o “lo pactado obliga” repite la doctrina y la jurisprudencia americana. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Burford decían que, más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes del distrito.

Pero, además, los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad. El desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de la petrolera. Un vicio de origen, como dicen los letrados, que se le advirtió en todo momento a los funcionarios kirchneristas. Pero ya se sabe, las formas y la prolijidad jurídica no es el fuerte de aquel grupo de estatizadores.

Otra pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera, ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobrar a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos.

Esta semana, la jueza terminó de recolectar la prueba y se espera para septiembre la decisión final. Sólo se sabe que se condenó al Estado a pagar una suma que aún no está calculada y que, para que respiren los inversores privados, YPF quedó afuera.

Lo que viene es un largo proceso. Esa sentencia será recurrida a una instancia superior y después está la Suprema Corte, que, en Estados Unidos, es muy restrictiva a la hora de tratar causas.

Aquel 2012 fue un momento de éxtasis kirchnerista. Por más que fueron advertidos, jugueteaban arriba de aquellos elefantes y destrozaban el bazar.

Pero si algo tienen los capitales de riesgo es paciencia. Compran derechos litigiosos y tiempo. Les ofrecen a los titulares de los litigios cobrar una parte y no esperar más. Ellos sí esperan, dentro de mullidas trincheras jurídicas. Ahora son los dueños del ticket para cancelar aquel galope en inconsciente de Cristina Kirchner, De Vido y Kicillof en elefante, con la bandera estatizadora en la mano.

Diego Cabot